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La lucha por salvar los bosques de Camboya

El español Alejandro González Davidson y tres miembros de su equipo han sido fuertemente multados por su activismo medioambiental

La lucha por salvar los bosques de Camboya

El valle de Areng se encuentra en el área de las montañas Cardamomo del suroeste de Camboya, en la provincia de Koh Kong. Está rodeado de 400.000 hectáreas de montañas cubiertas de bosques que albergan una impresionante variedad de flora con más de 30 especies clasificadas como raras, amenazadas o en peligro crítico, la categoría más alta asignada en la lista roja de ejemplares silvestres. El área ha sido el hogar de cocodrilos siameses, peces dragón, elefantes asiáticos y del pueblo Chong a lo largo de varios siglos.

Cuando Alejandro González Davidson, de 34 años, trabajaba como traductor en Phnom Penh, la capital de Camboya, nunca imaginó que lo que vió en el valle lo llevaría a ser deportado, y a arriesgarse a cumplir dos años de prisión, por sus actividades relacionadas con el activismo medioambiental.

La lucha por frenar una presa en este valle hizo que su visado no fuera renovado después de vivir durante 13 años en Camboya. Su caso irá a juicio —la fecha no está cerrada todavía— y no puede regresar al país, ni siquiera para defenderse ante el tribunal. "Me quedé muy sorprendido por la destrucción de los bosques y los efectos que esto tenía sobre los indígenas de la zona", explica el activista español desde el exilio en otro país asiático que prefiere no mencionar en los medios de comunicación.

En 2012, los rumores de la construcción de una gran presa en manos de Sinohydro, la compañía hidroeléctrica estatal más grande de China, empezaron a circular en la zona. La mayoría de los aldeanos dejaron de construir porque pensaron que sus casas iban a ser demolidas tarde o temprano. El activista comenzó a ir de casa en casa para informar a los aldeanos de sus derechos a oponerse a su construcción de la infraestructura, ya que las autoridades locales les habían dicho que no tenían más remedio que abandonar sus casas.

Si la construcción seguía adelante, entre 10.000 y 26.000 hectáreas de bosque hubieran sido destruidas y entre 1.500 y 2.000 personas hubieran sido desplazadas contra su voluntad, según estimaciones del español. Siempre según el documento que se consulte, puntualiza el activista, que también advierte: "los numeros no pueden ser 100% correctos cuando el nivel de transparencia del ministerio es cercano a cero". Las preocupaciones ambientales, sociales y económicas hicieron que otras dos empresas chinas frenaran la realización de un proyecto similar en el pasado.

González Davidson fundó la organización Mother Nature para realizar una campaña contra la presa. “Al principio lo hacía solo”, explica el activista. “Después comencé a tener relación con uno de los monjes del único templo de la zona. Comenzamos a hablar con la gente cuando estaba pescando, a veces en la jungla, a veces en un arrozal”.

El español también comenzó a subir vídeos en YouTube, hablando en el idioma camboyano, denunciando el proyecto y destacando sus impactos negativos en los bosques y las comunidades indígenas. Los vídeos llegaron a miles de personas y le convirtieron en un fenómeno de masas entre los jóvenes del país.

En Camboya, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la superficie de bosques primarios del país cayó dramáticamente de más del 70% en 1970 a tan solo el 3,1% ya en el año 2007.

El año pasado, la organización de derechos humanos Global Witness denunció en un informe que las operaciones de tala ilegal se están llevando a cabo con el consentimiento del Gobierno y oficiales militares, y prácticamente toda la madera cortada se ha transportado ilegalmente a China. Cientos de concesiones económicas han sido ofrecidas recientemente por el Gobierno camboyano debido a la voraz demanda de muebles de lujo y la necesidad de madera de este gigante asiático.

Naly Pilorge expone desde Licadho, una ONG de derechos humanos, que el Gobierno ha utilizado una variedad de tácticas para expropiar la tierra a través de Camboya, ya sea en la creación de concesiones económicas a la tierra o la construcción de presas hidroeléctricas, incluyendo información errónea, la intimidación y la violencia. En Camboya las comunidades indígenas son rara vez consultadas o se recompensadas y los desalojos violentos son comunes.

Entre 2002 y 2014, 14 activistas ambientales fueron asesinados en Camboya, según la ONG Global Witness

Los aldeanos tenían miedo, explica González Davidson. A esta cultura del miedo hay que añadir la muerte del activista medioambiental Chut Wutty, quien fue asesinado a tiros por un oficial de policía en 2012, cuando mostraba a los periodistas una operación de tala ilegal en el sur del país. Unas pocas semanas después, una niña de 14 años murió en medio de una disputa de tierras entre la comunidad y una compañía de plantación de caucho. Meses más tarde, una periodista que investigaba los carteles de madera fue brutalmente asesinada y hallada en el maletero de su coche.

Global Witness denuncia que ninguno de estos casos han sido investigados por las autoridades. “Las últimas tierras y bosques están desapareciendo en el país, por lo que la batalla por el control se está intensificando. Entre 2002 y 2014, 14 activistas ambientales fueron asesinados en el país", explica Josie Cohen desde esta ONG.

A pesar de ello, González Davidson consiguió la confianza de los residentes locales. "Ellos pensaban que eran las hormigas y los chinos eran los elefantes, aunque ninguno quería irse. Llevamos a varios líderes de la zona a otras áreas donde habían sido construidas otras presas hidroeléctricas y otras personas habían sufrido las consecuencias. Se dieron cuenta de que la línea oficial del Gobierno era una mentira", explica el activista.

Alejandro González Davidson habla con las comunidades del valle de Areng en julio de 2014. ampliar foto
Alejandro González Davidson habla con las comunidades del valle de Areng en julio de 2014.

Cuando los primeros ingenieros chinos llegaron al valle para comenzar la construcción de la presa, se enfrentaron a una fuerte resistencia local. Los monjes habían envuelto sus túnicas de color azafrán alrededor de los árboles y alrededor de 200 personas locales bloquearon la carretera. González Davidson encabezó las protestas y bloqueos de la carretera para prevenir que la maquinaria pudiera entrar en el valle. "Logramos detener la presa, pero no sin sufrimiento", recuerda.

Como resultado, el proyecto de la presa fue finalmente relegado a un segundo plano por el primer ministro Hun Sen. Pero, a pesar de ello, la visa de González Davidson no fue renovada después de que expirara en febrero de 2015, cuando fue forzado a abandonar el país. “Si fuera camboyano no habría llegado ni a un 10% de lo que hice. Al ser español, dispararme o reprimirme conlleva una respuesta de otros países y eso fue lo que me salvó”, sostiene con firmeza.

Las solicitudes de organizaciones de derechos humanos, manifestaciones e iniciativas que exigían que el activista permaneciera allí fueron inútiles: el español ahora vive en otro país de la región, desde donde continúa recaudando fondos y añadiendo su voz a las campañas ambientales.

San Mala (izquierda) y Alejandro González Davidson (derecha) navegan en un barco por el valle de Areng. ampliar foto
San Mala (izquierda) y Alejandro González Davidson (derecha) navegan en un barco por el valle de Areng.

En agosto de 2015, las autoridades también detuvieron a tres activistas que pertenecen al equipo de la ONG de González Davidson —Try Sovikea, San Mala y Sin Samnang— por participar en una campaña en contra de una operación de dragado de arena. González Davidson fue acusado de cómplice y se enfrenta, al igual que ellos, a dos años de prisión. El juicio de los tres camboyanos se celebró el pasado 27 de junio y fueron condenados a 18 meses de cárcel. Su pena ha sido suspendida al tener en cuenta los diez meses que llevaban en prisión preventiva, pero tendrán que pagar una multa de cerca de 22.500 euros a la compañía vietnamita Direct Access, contra la que actuaban para detener la extracción de arena, y otros 1.350 euros al Estado.

La lucha, sin embargo, continúa en Koh Kong. González Davidson ahora denuncia desde el exilio la situación de desamparo de más de 1.000 familias locales que vivían junto a las costas del Parque Nacional de la provincia. El Gobierno provincial de Koh Kong aseguró que vendía recursos naturales con el fin de desarrollar la economía de la provincia y proporcionar puestos de trabajo para las comunidades locales. Prometió también compensaciones, según el activista. Pero las más de mil personas que han abandonado sus hogares han sido realojadas a una tierra infértil y sin instalaciones de agua o servicios sanitarios.

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