Dancausa, a casa

El Juzgado 11 de lo Contencioso de Madrid ha vapuleado la prohibición de llevar banderas esteladas —en general usadas por los independentistas catalanes— a la final de la Copa del Rey. Es una buena noticia, que corrige un grave error jurídico y político de la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.

La resolución considera que esa prohibición no venía amparada en la ley contra la violencia en el deporte, por cuanto dicha bandera no incita a la violencia, ni al racismo ni a la xenofobia, ni perturba el orden jurídico. Y que, por el contrario, está amparada por la libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de la Constitución.

La decisión es un apretado cursillo de Estado de derecho que debería aprovechar primero a Dancausa, cuyo yerro resulta un abuso manifiesto tratándose de una jurista de larga experiencia. Pero también al fiscal que sin tino se alineó con ella. Y al Gobierno, que le dio su apoyo implícito, contra sectores más sensatos del propio PP.

Haría bien la delegada, que practica una extraña asimetría en sus decisiones presuntamente técnicas —ha autorizado una manifestación neonazi, esta sí peligrosa, para este fin de semana—, en reconsiderar su continuidad en el cargo. Dancausa carece de motivos para seguir tras este varapalo, que cuestiona su imprudente gestión. Y si no logra entenderlo por sí sola, convendría que sus superiores le ayuden en tan ardua tarea.

El mensaje de esta resolución judicial también alcanza a quienes suelen confundir Gobierno y Estado, atribuyendo a este las pifias de aquel, como excusa para deslegitimarlo y justificar la secesión: este episodio aclara cómo el Estado corrige al Ejecutivo. Conviene ahora que todos los aficionados usen su confirmada libertad de expresión de forma responsable y respetuosa. Deportivamente, que es al cabo lo que se juega.