Decisiones templadas

Bruselas ha optado por la templanza con dos decisiones coherentes, que muchos atribuyen al presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker. Una de ellas es retrasar la sanción a España por incumplimiento del objetivo de déficit hasta después de las elecciones de junio. Con independencia de qué fuerzas políticas estén a favor o en contra de una sanción inmediata, lo más razonable es esperar a que en España esté formado un Gobierno para que exista un interlocutor que no sólo tome nota del correctivo, sino que esté en disposición de actuar presupuestariamente en consecuencia.

La moderación europea no carece de mérito. La Comisión ha retrasado la sanción a sabiendas de que, mientras el Gobierno español pedía clemencia en Bruselas, invocando todos los esfuerzos de ajuste aplicados durante cuatro años, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, declaraba públicamente que si llega a formar Gobierno volverá a bajar los impuestos.

El ejecutivo parece sordo a la evidencia de que en 2014 y 2015 no había margen para bajar el IRPF; lo hizo a pesar de todo, y provocó la irritación de las autoridades europeas que ya sabían entonces de las dificultades insalvables para cumplir el déficit. Ahora, Rajoy vuelve a repetir la jugada de hacer lo contrario de lo que se dice o decir lo contrario de lo que se hace. Le cuesta caer en la cuenta de que, por motivos como éstos, las autoridades europeas pierden la confianza en la gestión de los gobiernos.

Al mismo tiempo que aplazaba la sanción —una medida también aplicada a Portugal— Bruselas advertía que España tiene que hacer un ajuste de 8.000 millones en 2016 y 2017. Sin entrar en una discusión a fondo sobre la cuantía propuesta, sería oportuno que el ajuste presupuestario de los próximos dos años formara parte de una negociación más amplia de Bruselas y el próximo Gobierno español que surja de las urnas. De la misma manera que resulta irracional bajar los impuestos porque sí o porque se ganan votos, sin tener un proyecto a corto y medio plazo sobre inversión, gasto corriente y gasto social, resulta ilógico imponer una continuidad tal cual del calendario de déficit solamente porque ese calendario existe, sin considerar el papel del gasto y la inversión pública en la reactivación de la economía.

Hace bien Bruselas en repetir que España necesita un ajuste adicional, porque de esta forma se arma de razones ante una futura negociación; pero haría mal en imponer el ajuste caiga quien caiga. El problema principal del euro no es el incumplimiento de España —repetidamente jaleada como el alumno ejemplar de Europa por los mismos que ahora quieren imponer la multa a toda costa— sino la evidente disfunción en origen de una moneda en la cual todos los países que la componen siguen con irritante docilidad y falta de provecho el principio de austeridad a ultranza. Alemania lleva años haciendo oídos sordos a la recomendación de instituciones reputadas (como el Fondo Monetario Internacional) para que transforme su superávit en inversión. Sus ahorros no aprovechan a nadie, ni siquiera a la propia Alemania. Y así está la economía europea.