Esto no se hace

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), integrada por siete personas, salió ayer en tromba contra una información de EL PAÍS. Este periódico daba cuenta de que jueces de diferentes instancias cobraban de Ausbanc, una organización dedicada presuntamente a la extorsión de empresas y particulares por el procedimiento de llevarles a los tribunales si estos no pagaban lo que aquella les pedía. Sin embargo, como las cantidades satisfechas por Ausbanc a los jueces lo eran a título de “conferencias”, la permanente del CGPJ se agarra a la letra de la ley para asegurar que esa actividad es totalmente compatible con el ejercicio de la función de juez.

Una vez más, se cumple el adagio “hecha la ley, hecha la trampa”. Si la ley dice que los jueces pueden dedicarse a “la docencia o investigación jurídica” y el gobierno de los jueces interpreta que eso es lo que hacen los magistrados cuando dan conferencias o cursos —les pague quien les pague—, habrá que convenir en que formalmente pueden tener razón.

Otra cosa es la duda razonable que deja el intento de utilización de jueces y fiscales como parte del entramado urdido por Ausbanc y Manos Limpias. Luis Pineda, presidente de Ausbanc, encarcelado por el juez Santiago Pedraz en el marco de la investigación llevada a cabo en la Audiencia Nacional, presumía de tener amigos en la Justicia cuando presionaba a los bancos para que pagaran los convenios publicitarios en sus revistas a cambio de seguridad jurídica. Podrá argumentarse que esas circunstancias no eran conocidas por los magistrados invitados a dar conferencias —aunque la imagen de Ausbanc acumula muchos años de deterioro—. Pero que el gobierno de los jueces trate de echar tierra sobre ese asunto solo con la afirmación de que nada hay de reprochable sí que llama la atención. No estará tan claro cuando varios de los invitados se negaron a participar o devolvieron sus emolumentos, mientras otros jueces están estupefactos ante las prácticas de ciertos compañeros.

El Consejo del Poder Judicial, presidido actualmente por Carlos Lesmes, lleva una vida complicada. Sus renovaciones periódicas se encuentran sometidas a fuertes tensiones, puesto que corresponde a los partidos políticos, en última instancia, designar a sus miembros. Cuando se conocieron los importantes gastos privados que su entonces presidente Carlos Dívar cargaba al erario, también hubo la tentación de mirar hacia otro lado o recurrir al argumento de prácticas vagamente generalizadas.

A partir de estas premisas no es difícil deducir la debilidad de fondo del órgano de gobierno de los jueces y la fragilidad de los magistrados, titulares de un poder cuya independencia está garantizada por la Constitución. Esa independencia puede quedar en entredicho cuando, en lugar de intranquilizarse ante la posibilidad de que haya sido inquietada desde una organización de presuntos extorsionadores, lo que preocupa al gobierno de los jueces es dejar claro que dar conferencias es legal. Como hacen los políticos, más o menos, cuando se les descubre en situaciones comprometidas.