No da para más

José Manuel Soria es el segundo político europeo que presenta su renuncia por el último escándalo de las sociedades offshore, tras la del primer ministro islandés. Soria abandona en unas condiciones penosas para el discurso de regeneración pretendido por su partido, en el tramo final del periodo de formación de Gobierno y a 10 semanas de una probable cita con las urnas. Y, sobre todo, deja en una posición muy comprometida a su jefe político, Mariano Rajoy. Después de desmentir tajantemente cualquier vinculación a paraísos fiscales, el hasta ahora ministro de Industria, Energía y Turismo se encontró ante las pruebas de su participación hasta 2002 en una sociedad registrada en el paraíso fiscal de Jersey. A partir del conocimiento de ese hecho, el Gobierno no tuvo más remedio que retirarle el apoyo.

A costa de sacrificar a uno de los ministros reputados como de mayor confianza, Rajoy trata de alzar un cortafuegos para intentar su supervivencia. Es una estrategia que no debería de funcionarle. El caso Soria no solo liquida cualquier hipótesis de entenderse con el PSOE antes de la nueva ronda de consultas convocada por el Rey, sino que debería de significar el final del propio Rajoy. Si antes de conocerse este caso, el actual presidente en funciones estaba ya incapacitado para dirigir el nuevo periodo de reformas que España requiere, ahora, tras saberse que uno de sus más estrechos colaboradores, uno de sus ministros, se amparó en un paraíso fiscal, cualquier idea de que el futuro de este país pase por Rajoy resulta grotesca, si no alarmante.

Las sociedades constituidas en Jersey ofrecen siempre el aspecto de estar dedicadas a minimizar el pago de impuestos. Nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Ejecutivo, según doctrina explicitada ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ratificada por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Es lo menos que puede decirse desde un Gobierno que exige —como es su obligación— un comportamiento correcto a los contribuyentes, y les persiguen administrativa o judicialmente cuando no lo hacen. Deben ser por lo menos tan exigentes consigo mismos. Negar la responsabilidad de Rajoy en el comportamiento de uno de sus ministros es algo que ni el propio Rajoy parecía dispuesto a admitir hasta hace poco. En algunas entrevistas recientes, el presidente en funciones reconocía que se sentiría afectado por la corrupción cuando le afectase a sí mismo o a un miembro de su Gobierno.

Llegó ese momento. Ignoramos si la actividad de la sociedad de los Soria en Jersey tenía que ver con la corrupción. Tal vez no. Pero el hecho mismo de que, cuando ya ocupaba un cargo público en España, Soria utilizase una firma offshore es un atropello de similares proporciones a las normas que deben regir el comportamiento de un servidor público. No da para más. Se ha ido Soria y el PP tiene que regenerarse a fondo, reinventarse, sin Rajoy.