Salud mental y psiquiatría, una evolución necesaria

1986 fue un año clave. Con la aprobación de la Ley General de Sanidad se abría la puerta a situar a la persona en el centro de la atención bajo el paraguas del modelo comunitario. Años después y a la luz de la normativa generada, planes específicos y conocimientos adquiridos parecía superado, al fin, el debate sobre si los trastornos mentales son una cuestión estrictamente biomédica. Parecía haber también un amplio consenso sobre el impacto que producen en las personas los factores sociales, económicos, culturales, políticos y ambientales.

Llegar al punto en el que estamos no ha sido sencillo. Y por eso precisamente tal vez sea el momento de reflexionar sobre lo que se ha hecho bien y qué es lo que se podría mejorar. Así, nuestra humilde pero convencida opinión es que podríamos estar en el momento adecuado para dar un paso adelante y asumir que, sobre la base del aprendizaje, el intercambio de experiencias y la evaluación de resultados, avancemos para lograr una verdadera inclusión social y que las personas con trastorno mental puedan ejercer los derechos y obligaciones que cualquier ciudadano tiene por el hecho de serlo.

Puede que ya sea la hora de que dejemos de cuestionarnos quién busca más el bienestar de las personas, si es conveniente o no la farmacología, si hemos de reducirlo todo a un diagnóstico o cuáles han sido las bondades y la revolución que supusieron años atrás ciertos descubrimientos en psiquiatría. Lo que subyace al hablar de problemas de salud mental es dar respuesta a necesidades de personas. Lo que tenemos delante es la obligación de estar al servicio de esas necesidades, tanto de quienes tienen, han tenido o tendrán un trastorno mental como de aquellas que, desde el amor y no sin sentimientos de desesperanza y soledad, sobre todo en los momentos de primer contacto con esta cuestión, buscan la mejor manera de garantizar que sus seres queridos estén bien.

La persona con trastorno metal tiene derecho a participar, a opinar, a manifestar si siente mejoría con el tratamiento médico y psicoterapéutico o si, por el contrario, preferiría probar otras alternativas

Nuestro convencimiento es firme: superemos la barrera invisible que levanta el diagnóstico, olvidemos la caridad y recordemos que una persona con trastorno mental tiene derecho a intentar cumplir sus sueños, tener un trabajo, tener amistades y pareja, vivir de forma autónoma, sentirse útil y ser identificada por sus capacidades en vez de por las dificultades que pueda tener en un momento dado. Y tiene derecho a participar, a opinar, a manifestar si siente mejoría con el tratamiento médico y psicoterapéutico o si, por el contrario, preferiría probar otras alternativas. Y desde este prisma es imperativo realizar el acompañamiento.

El enfoque es holístico. No podemos ver a la persona como un “paciente”. Hay que ver a Fran, a María, y a tantas otras que, en un momento de su vida, se han podido romper por dentro. Vivir con dignidad no es fácil en el mundo actual. Esta sociedad que aplaude el individualismo, la mera supervivencia, el consumo desmedido, ir deprisa, intentar ser mejor que el otro... se ha convertido en nuestra propia trampa y en lo que muchas veces nos hace enfermar. Y cuando hablamos de salud mental esta realidad no la deberíamos obviar. Por eso no es una cuestión únicamente sanitaria. Por eso pedimos a la Administración Pública que incluya la salud mental en sus políticas de empleo, de vivienda, de educación… Con este contexto tenemos que trabajar.

¿Por qué no superar ideas que distraen de lo que es verdaderamente importante: dignidad, derechos, calidad de vida, bienestar?, ¿por qué no debatir abiertamente sobre reformas estructurales que ayudarán a que la atención sea más adecuada? La puesta en marcha de algunas de ellas será ineludible y urgente y otras pudieran esperar a mañana. De lo que no nos cabe duda es que, para llevarlas a cabo, son fundamentales la colaboración de los actores implicados y un pensamiento evolutivo. Y, el papel de la voluntad política y de la Administración Pública como impulsora y garante del Estado social y de Derecho, es un imperativo.

Es necesaria la intervención, coordinada y en igualdad de condiciones, de profesionales de distintas disciplinas que recurran al diálogo, la escucha activa y la empatía con las personas afectadas, garantizando tratamientos más humanos

El modelo comunitario no se ha desarrollado completamente, ni está dotado de recursos suficientes, ni cuenta con la misma implantación en las comunidades autónomas. Con el objetivo de construir, trasladamos algunas propuestas con las que, quizás, se daría solución terapéutica a necesidades imperiosas:

1) Situar a la persona en el centro de la intervención. Trabajar a partir de planes individualizados de atención consensuados.

2) Intervención, coordinada y en igualdad de condiciones, de profesionales de distintas disciplinas (psiquiatría, psicología, enfermería, trabajo y educación social, terapia ocupacional, integración laboral…) que recurran al diálogo, la escucha activa y la empatía con las personas afectadas garantizando tratamientos más humanos

3) Fomento del empoderamiento de personas con trastorno mental y apoyo a la creación de grupos de ayuda mutua auto-gestionados.

4) Desarrollo de procesos de planificación anticipada de decisiones en salud mental para así salvaguardar los derechos que le son inherentes a las personas.

5) Acompañamiento en el entorno domiciliario, acceso a tratamientos integrales y adecuados según las circunstancias de cada persona y continuidad de cuidados a lo largo del tiempo.

6) Programas de intervención familiar.

7) Acortar tiempos de espera de los encuentros clínicos y mayor dedicación temporal.

8) Formación continua y específica con perspectiva psicosocial a los/as psiquiatras sostenida por la Administración Pública.

Ojalá estas propuestas y muchas otras enriquezcan el debate que se está produciendo. Seguiremos defendiendo que la salud mental sea interpretada y tenida en cuenta de forma global y trabajaremos por la inclusión social, aceptación de la diversidad de las personas, defensa de su capacidad de decisión y autonomía, protección de derechos y reivindicación de una atención social y sanitaria integral, continuada y centrada en quien lo necesita.

 Si estamos en la puerta de la evolución psiquiátrica, ¿por qué no cruzar el umbral?

Nel A. González Zapico. Presidente de Confederación Salud mental España