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Las viudas olvidadas del terror

La impunidad de militares, las causas archivadas, el abandono y los cuerpos desaparecidos siguen marcando la vida de los familiares que sufrieron el terrorismo en Perú, que se cobró 69.000 vidas

— Yo quisiera sus huesitos, nomás.

Candelaria Pino —mirada profunda, sombrero andino, ojos quemados de llorar— perdió a su esposo en Huamanguilla el 27 de junio de 1983. “Vamos a tomar declaración”, dijo uno de los ocho militares encapuchados que entraron a la casa a las tres de la mañana. Lo agarraron de la espalda; las manos en la nunca. Candelaria le alcanzó los zapatos y la chompa [la chaqueta]. “Hasta este momento no sé nada de su paradero”.

Filiberto Condori trabajaba en el campo, tenía 32 años y una hija. A Filiberto los militares le dieron tiempo a calzarse los zapatos; la chompa, no.

“Ocho días después, fue encontrada una persona con la chompa de mi esposo. Estaba en un rincón y, como hacía mucho frío, la agarró —recuerda Candelaria en la vivienda de su hija, una construcción encaramada a los barrios altos de Ayacucho—. Le pregunté dónde estaba él: 'No estaba ahí', me dijo, 'pero como hacía frío me la puse'. Yo le dije que era de mi esposo. Y la recogí”.

Candelaria remueve la historia de su marido y de la madrugada de aquel 27 de junio. También su búsqueda. “Hemos encontrado cadáveres comidos por los perros, pero jamás han encontrado a mi esposo”, explica con aparente calma.

Hoy es un día de ventarrones y un ejército de nubes oscurece el mediodía en la ciudad de Ayacucho. Candelaria se sostiene el sombrero y su hija le sugiere resguardarse de la amenaza de tormenta. Las nubes pasan y ella, con un brillo de dolor que parece instalado en sus ojos, cuenta que, con 61 años, su tormenta continúa.

El 75% de las víctimas hablaban lenguas indígenas en un país donde únicamente el 16% se ajustaban a ese perfil; el 80% vivían en zonas rurales y más de la mitad eran campesinos

“Siguen abiertas las heridas. Hemos quedado todos muy afectados, muy traumados. Uno no puede estar tranquilo: siempre me falta mi esposo —continúa una mujer cuyas palabras, a juzgar por la manera de arrastrarlas en el silencio, siguen en carne viva—. Ahora no tenemos adónde ir. Hasta mis nietos dicen: mi papito, ¿dónde está? Mi nietita, que tiene cinco años, me dice que hay que llevarle, mami, a la tumba un corazoncito. Yo me quedo callada, ¿qué voy a decir?”

Filiberto Condori cometió varios pecados en su vida: tener sangre indígena, hablar quechua, ser agricultor, padre de familia y vivir en el Departamento de Ayacucho, donde se concentran el 40% de las 69.280 víctimas que dejó el terrorismo del país andino entre 1980 y el 2000. Tras la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en el año 2003, además, se comprendieron muchas cosas: su apellido estaba entre los ocho que se repetían con más frecuencia.

Para llegar a la ciudad de Ayacucho desde Lima hay que atravesar una carretera de 600 kilómetros llamada Los Libertadores, que serpentea por las lomas de los Andes hasta subir hasta los casi 3.000 metros de altura. Para llegar a la verdad, hay que bajar a los infiernos.

 

El Partido Comunista de Perú (PCP), conocido popularmente como Sendero Luminoso, había prendido fuego a una urna electoral el día anterior a las elecciones de 1980 en Chuchi, en el Departamento de Ayacucho. Uno de los últimos días de 1982, el gobierno central dio la orden a las Fuerzas Armadas de enfrentar a los grupos subversivos que estaban cometiendo atentados.

El terror estaba servido.

Los dos siguientes años al decreto fueron los más sangrientos de la historia de Perú: los asesinatos de Sendero Luminoso y la ofensiva de los aparatos del estado dejaron una factura de 20.000 muertos. El general Luis Cisneros Vizquerra, ministro de Guerra en esos años, no ocultó la vena inhumana del conflicto en una entrevista en septiembre de 1984: “En la guerra no hay derechos humanos”.

Albino Quicaño es una consecuencia de esas palabras. El toque de queda en Pampa Cangallo, provincia de Cangallo —una de las once de Ayacucho— le pilló en la cama. Aquella mañana Sergia Flores le hizo el desayuno, pero en lugar de servirlo en la cocina, lo llevó al puesto policial.

“Me dijeron que no estaba allí —se lamenta Sergia—. Yo pensaba que lo iban a detener y lo iban a soltar al día siguiente. El 4 de julio puse la denuncia ante el Fiscal de Huamanga, pero su contestación era: 'Sí, tenemos varios detenidos, pero no sabemos todavía su declaración'. De ahí no sé su paradero”.

Candelaria Pino perdió a su marido Filiberto. Entraron ocho militares encapuchados a casa y se lo llevaron. Su cuerpo no ha aparecido. Hoy, ella vive con su hija en la ciudad de Ayacucho, capital del departamento del mismo nombre, donde se concentran el 40 % de las víctimas.

Las actuaciones de las Fuerzas Armadas seguían un patrón idéntico: entraban de madrugada a las casas, sacaban a sospechosos de pertenecer al grupo terrorista y se los llevaban. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) expresó que “aplicaron una estrategia de represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa de pertenecer a Sendero Luminoso”. Después encerraban a los presos en los puestos policiales y los retenían por días, los torturaban, los quemaban o los arrojaban desde el aire a lugares remotos. De las víctimas atribuidas a los diferentes agentes del estado, el 60% fue mediante desaparición forzada.

“Así, inocente, se han llevado a mi esposo. Él no dijo nada, solo preguntaron su nombre. 'Aquí estoy presente, ¿qué pasa con ustedes?' Eso nomás, ha dicho”, relata Sergia, una mujer cuya mirada, sostenida sobre una amplia nariz, lleva impresa el dolor. Su furia, callada y convulsa como un espasmo, es la sed de justicia: y quizá porque hay decenas de senderistas en la cárcel y apenas responsables del Estado, hinca las uñas en las sombras del conflicto. “Sendero Luminoso participaba, pero no como el ejército —opina Sergia—. Sendero Luminoso mataba a dos o tres personas; el ejército se llevaba a 40 o 50 varones. Todos se llevaban ellos”.

Perú se desangró en su parte masculina: ocho de cada diez víctimas son varones.

 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), un desfile de audiencias y testimonios que comenzaron en junio del 2001 y dio a luz su informe final dos años, 15.000 testimonios y 9.500 asistentes después, determinó que Sendero Luminoso había sido responsable del 54% de las víctimas.

“Yo me hubiera preocupado si esta comisión hubiera satisfecho a todos —opina Salvador Lerner, quien fuera presidente de la CVR—, pues eso significaría que no hicimos bien el trabajo”. La CVR nació de la necesidad de profundizar en las causas del conflicto: los rasgos de un país de desigualdades gigantescas. Y las conclusiones son estremecedoras.

La violencia, que comenzó en las alturas del Perú, fue algo ajeno a las zonas urbanas del país hasta que los atentados y los secuestros sacudieron Lima

La violencia, que comenzó en las alturas del Perú, fue algo ajeno a las zonas urbanas del país hasta que los atentados y los secuestros sacudieron Lima: los dos coches bomba colocados en el acomodado barrio de Miraflores el 16 de julio de 1992, y que dejó 25 muertos y 200 heridos, elevó a la conciencia ciudadana de que Perú vivía un drama. Para hasta entonces, las masacres y la impunidad ya llevaban acumuladas miles de víctimas. “Pero era gente que al limeño no le importaba que murieran”.

El silencio se adueñó de las poblaciones más desfavorecidas: el 75% de las víctimas hablaban lenguas indígenas en un país donde únicamente el 16% se ajustaban a ese perfil; el 80% vivían en zonas rurales y más de la mitad de las víctimas eran campesinos. Un conflicto, en fin, que la propia CVR no dudó en expresar: “No fue sentida ni asumida como propia por el resto del país, lo que delata el velado racismo y las actitudes de desprecio en la sociedad peruana”.

Por eso, Lerner, que ahora habla suavemente en un amplio despacho de la Pontificia Universidad Católica, de la que fue su rector y donde hoy imparte clases de filosofía antigua y medieval, le preguntó al líder de Sendero Luminoso durante las audiencias:

—¿Por qué usted, que dice haberse levantado contra el orden establecido para reivindicar la vida de los humanos, por qué tenía que matar?

Abimael Guzmán, apresado nueve años antes en el distrito limeño de Surquillo, respondió: “Había que matar al hombre para que el hombre y la sociedad fueran colocados en el lugar del privilegio”.

“El hombre no importaba, era una herramienta para una meta, el Estado de nueva democracia. Él repetía las prédicas: que el pueblo era masa, que hacía falta un millón de muertos —explica Lerner en un tono profundo—. Fue una ideología cruel, impenetrable a la crítica, dueña de la verdad donde le importaba poco el ser humano”.

Bajo tierra, los latigazos ocultos de la violencia: más de 4.600 fosas. Y sobre ella, al menos 150.000 desplazados

En realidad, lo que desenterró el terrorismo —tanto de Sendero como de Túpac Amaru, que provocó el 1,8% de las víctimas— fueron las raíces profundas del conflicto. Y eso fue lo que reflejó la CVR y que Lerner expresa, aún con la intensidad de unas dimensiones desconocidas, como “la no igualdad entre todos los peruanos en función de su cultura, de su lengua y del lugar que habitaban”.

Entre las posibilidades que tenía la CVR para ilustrar la pulverización de la identidad indígena y el ensañamiento con su población, eligió la que más podía sacudir a las conciencias urbanas: “Si la proporción de víctimas estimadas para Ayacucho respecto de su población en 1993 fuese la misma en todo el país, el conflicto armado interno habría causado cerca de 1,2 millones de víctimas fatales en todo el Perú, de las cuales aproximadamente 340.000 habrían ocurrido en la ciudad de Lima Metropolitana, el equivalente a la proyección al año 2000 de la población total de los distritos limeños de San Isidro, Miraflores, San Borja y La Molina”.

 

Juana Carrión entendió lo que estaba pasando cuando llegó al cuartel de Los Cabitos un mediodía de julio de 1984. Llevaba el almuerzo a su hermano Ricardo.

— Esta persona ya no está.

20 años después, durante el mes de septiembre de 2014, la Defensoría del Pueblo organizó una exhibición de prendas halladas en cuartel. Juana identificó la ropa de Ricardo Carrión; su cuerpo, aún no. “Todavía no olvidamos lo que pasó. Todos los días lo recuerdo. ¿Dónde estará mi hermano, dónde estará mi hermano?”, se pregunta en un hilo de voz.

La tarde que Ricardo salió a retirar dinero del banco, Sendero Luminoso había decretado un paro armado. Apagones, secuestros indiscriminados, asesinatos en la plaza pública. Y una batida de los servicios de inteligencia. “Mi hermano salió la noche del 26 de julio para enviar los fardos con artesanías de la familia, que era comerciante, a Lima. Salió al banco y ya no regresó. Al día siguiente fui a dependencias policiales. También fui al banco a preguntar ya que trabajaba un familiar, y me dijo: 'Sacó su ahorro, su dinero y salió. Pero dentro de un rato había batida de las fuerzas del orden. Seguro que se lo han llevado detenido'. Con un abogado fuimos a la comandancia de los servicios de inteligencia. Nos dijeron que no estaba nada”, relata Juana entre suspiros.

Los Cabitos es una pesadilla reconvertida en memoria. La CVR averiguó que entre 1983 y 1985, el cuartel fue un centro de torturas, asesinatos y cremaciones. A los 100 cadáveres hallados por los forenses, se añade la estimación de que se pudo aniquilar hasta 500 personas. El Jefe Político Militar de Ayacucho admitió que su residencia estaba instalada allí: un centro de exterminio sobre un secarral hoy conocido como La Hoyada.

“Sendero Luminoso mataba a dos o tres personas; el ejército se llevaba a 40 o 50 varones”, denuncia Sergia Flores

“El culpable es Sendero Luminoso —opina Juana, que también perdió a otro hermano—; después, el ejército: Sendero fue al campo concientizó a los campesinos, y empezaron a asesinar a autoridades. Entonces las fuerzas del orden salieron en contra de ellos y de la población, sin investigar bien a los jóvenes, ni a estudiantes, ni a mujeres. A todos en general: como ciegos han detenido y asesinado. Mucho daño han hecho en el campo”. Los casos de sus hermanos siguen impunes: el 60% de las causas están abiertas. El resto, archivadas.

La CVR —cuyas recomendaciones no son vinculantes— consideró que una parte esencial del proceso de reparación es la justicia. Y remarcó: “No se puede construir un país éticamente sano y políticamente viable sobre los cimientos de la impunidad”.

Sugerencias que parecen lejanas al cauce de la realidad. “En nuestro país hay una intención de borrar la historia y acompañar este proceso de impunidad —opina Yuber Alarcón, abogado que acompaña a las víctimas y trabajó en la CVR, en una conversación en la sierra peruana—. No han sido implementadas estas políticas de estado debidamente: por desidia de las autoridades, por falta de voluntad política, por no asignar recursos económicos y porque siempre han considerado que este sector de la población no merece la atención de parte del Estado”.

Bajo tierra, los latigazos ocultos de la violencia: más de 4.600 fosas. Y sobre ella, al menos 150.000 desplazados que, esquivando los modernos edificios de vidrio que brotan en Lima, se adivinan encajados en los cerros que rodean la ciudad.

Durante los años de violencia, Ayacucho se fue vaciando por las víctimas que se fugaban del terror y hallaron la miseria: quienes se quedaron en las ciudades fueron discriminados; quienes regresaron y se asentaron en la sierra, tuvieron que enfrentarse a litigios de tierra y marginación. Hoy, las regiones más castigadas por la violencia son las más depauperadas de todo el país.

No es extraño: las secuelas del terror se manifiestan en los techos del Perú. La violencia descabezó a comunidades enteras, con el asesinato de líderes comunales y dirigentes locales. Miles de familias se quedaron sin sus padres, sin sus políticos, pero también sin quienes proveían de recursos al hogar: un drama que condenó a la pobreza perpetua a muchos hijos que se quedaron sin nada. En ese contexto, las mujeres tuvieron que asumir responsabilidades hasta entonces desconocidas y lanzarse a recomponer un país sin sus hijos, sin sus maridos, sin su pasado.

“Pedimos que den trabajo a nuestros hijos. No encontramos justicia, así no más, hasta hoy. Siquiera un techo propio nos daría el Estado”, se lamenta Candelaria, viuda de Filiberto, y cuyo relato de la violencia se le atasca en la garganta al recordar cómo la Infantería de Marina organizaba paredones en la Plaza de Huamanguilla: “Yo lo vi: vi que fusilaban vendando los ojos a la persona delante de cantidad de personas. Cinco le disparaban: nos obligaban a juntarnos todas las personas”.

El resquebrajamiento de las comunidades andinas, que robó el porvenir a toda una generación de jóvenes y retorció las relaciones sociales, llevó a la presentación de una serie de reparaciones que no acaba de asumirse por el estado a pesar de que así lo sugirió la CVR.

“Las recomendaciones que se dieron no han sido implementadas, por lo que hay secuelas que no están siendo atendidas”, denuncia Alarcón ante la indiferencia de un Estado al que acusa de desinflar las expectativas creadas por la CVR, que revisó profundamente los veinte años de conflicto. Entre las formas de reparación que contempla le Ley de Reparaciones y que se despliega en siete programas —desde las simbólicas a la restitución de derechos humanos pasando por el acceso habitacional o a la salud—, el abogado carga contra la desidia: “No ha habido un avance significativo, incluso en aquellas acciones que no involucran recursos económico, sino voluntad política y gestos de perdón y aceptación de lo que pasó en este país. Pero ni siquiera se han dado este tipo de esfuerzos. Incluso hay apoyo de la cooperación internacional para fabricar estos espacios de memoria, que son formas de reparación, y no se ha querido aprovechar”.

Salvador Lerner, quien tuvo el protagonismo de explorar las dos décadas más siniestras del país (la CVR dijo que en esos años murió más gente que en toda la historia reciente), apunta esa apatía del panorama político: es probable que este año el país esté gobernado por Alan García o Keiko Fujimori. “Nosotros, en la Comisión, no tratamos con hipocresía a ninguno de los dos grupos políticos a los que ambos pertenecen. Dijimos que se cometieron gravísimas violaciones de los derechos humanos y que hubo responsabilidad por parte de Alberto Fujimori y Alan García. Esas personas no miran con simpatía el informe”.

Bajo el primer mandato de García se cometieron algunas de las matanzas más célebres del período de violencia; Fujimori, padre de la candidata, está condenado a 25 años de prisión.

 

“Siempre estamos recordando, siempre, en cualquier momento. Así, cuando conversamos, siempre la mente vuelve a esa misma hora, a ese mismo hogar. Así estamos buscando verdad, la justicia, pero no la alcanzamos todavía. No sabemos qué lindo sería encontrar los archivos para saber quiénes son los culpables”, dice Sergia, una de las mujeres que, tres décadas después de la desaparición de su esposo, sigue luchando con el expediente de Albino Quicaño.

En mayo de 2011 se abrió juicio oral contra siete altos mandos militares por crímenes contra la humanidad —identificar a los autores materiales es improbable— acusados del asesinato de 54 personas en el cuartel de Los Cabitos solo en 1983. Yuber Alarcón, abogado de algunas de las víctimas, les preguntó:

—¿Contaban ustedes el paradero de algunas personas que eran detenidas?

El general Carlos Briceño Zevallos dijo que no había participado, que no recordaba nada. Alarcón insistió al preguntarles por un manual antisubversivo hallado —explica ahora el abogado— en el que se señalaba que “si una persona no va a declarar, hay que eliminar”. Pero los acusados se defendieron: “eliminar” significaba “sacarlos del espacio”.

“Hay gobernantes que han estado en el período de la violencia y no asumen su responsabilidad. Tratan de pasar página”, argumenta Alarcón, un abogado que, entre otros impedimentos, señala que los jueces y fiscales no han tomado como prueba aquello que las víctimas tenían la capacidad de demostrar: un claro recuerdo, el reconocimiento de los verdugos, los relatos exactos —con los militares encausados incluidos— del momento del secuestro. “No hay pruebas, no hay testigos, no abren juicio —enumera, como una secuencia de la impotencia, Sergia—. Nada: por eso no alcanzamos la justicia”.

La noche que, en su casa de Pampa Cangallo, entraron buscándolo, mientras los militares agarraban a Albino, le pidió a Sergia que encendiera más velas. 32 años después, centenares de mujeres alumbran un pasado siniestro en cada homenaje del anhelado Santuario de la Memoria de La Hoyada, el lugar exacto donde se aniquilaron cientos de vidas. Ante los mismos retratos de quienes pedían luz, sus viudas siguen encendiendo velas.