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Entre el enchufe y el mérito o la reforma del Inem

España necesita un servicio público de empleo eficaz, con recursos para intermediar entre empleadores y parados

Retórica o lo que debe ser: entrar en una empresa gracias a contactos personales en lugar de por méritos académicos “supone sin duda un principio de discriminación ante el que la Universidad tiene que actuar” (mensaje de Francisco Michavila, director de la cátedra Unesco de la Universidad Politécnica de Madrid). Realidad, discriminatoria y concluyente: el 80% de los universitarios titulados que recurren a conocidos para pedir empleo lo consiguen; sólo logra un puesto de trabajo el 7% de quienes recurren a los servicios universitarios de empleo. Lo dice la encuesta Barómetro de Empleabilidad y Empleo de los Universitarios en España 2015. Observación de pasada, para romper las rígidas barreras moralistas que suelen colarse en las encuestas: ¿es que un contacto personal o que un conocido esté al tanto de las capacidades del titulado no es un mérito?

El conflicto entre la retórica del mérito y la realidad del enchufe puede distenderse por extrusión metafísica hasta agotar cualquier paciencia. Pero la cuestión no está al fin entre el mérito y el dedo, sino en la ausencia escandalosa en la sociedad española de redes eficaces de colocación, es decir, de casación entre oferta y demanda de empleo, sea para titulados o para cualquier grupo laboral. Existe un Instituto Nacional de Empleo (Inem) de gran eficacia en la adjudicación y pago de prestaciones, que, sin embargo, para pasmo de propios y extraños, consigue resultados muy pobres en la colocación de parados. Los desempleados vagan por sus dependencias como presencias fantasmales en busca del sello del paro y de la adjudicación de cursillos de reciclaje laboral, signo inequívoco de que han sido desviados hacia una vía muerta. España tiene una de las tasas de paro más elevadas de Europa, pero también los parados con más cursillos del mundo. Aprobados, sellados y orientados a la nada.

Durante años se ha clamado en el desierto por una reforma administrativa. Pues bien, esta es una de las razones de la reclamación: que España cuente con un servicio público de empleo eficaz, con recursos para conocer e intermediar entre empleadores y parados. La rentabilidad del actual Inem (fragmentado en 17 servicios autonómicos) no sólo es escandalosamente baja sino que, además, desperdicia el potencial de información acumulado en sus archivos (informáticos, por supuesto). Para que no haya enchufismo y colocaciones discriminatorias entre amigos previamente tiene que existir una red pública de colocaciones con autoridad para casar oferta y demanda. Es decir, que el Inem actúe como una oficina orientada a buscar empleo a los parados.

¿Que este desideratum exige una reforma en profundidad de la institución? Pues claro. ¿Que es tarea compleja, que requiere autoridad y funcionarios experimentados? Desde luego. ¿Que tropezará seguramente con la tendencia a la inmovilidad geográfica de los españoles, vecinos recalcitrantes del lugar donde nacen y anclados a un piso en propiedad? Ni lo duden. Pero las sociedades democráticas tienen sus exigencias y contar con una oficina de empleo digna es una de ellas. Y, de paso, reduciremos los enchufes.