Cuidado con los plazos

La normalidad democrática necesita que Pedro Sánchez se someta a la investidura en el plazo más breve posible. Aún reconociendo la extraordinaria dificultad de su propósito y el mérito de intentarlo, lo más deseable es que acelere su trabajo porque ya ha transcurrido mes y medio desde la celebración de las elecciones. Un periodo de tiempo lamentablemente perdido por el líder del PP, Mariano Rajoy, que acudió a las consultas del Rey sin haber intentado siquiera conseguir apoyos.

Aunque no existe plazo legal para convocar la investidura, los actores deben imponérselo por una elemental razón de responsabilidad. Eso no sólo afecta a Sánchez, sino también a sus eventuales socios. España no puede permanecer indefinidamente con un Gobierno en funciones. A las urgencias económicas se suma la sombra permanente de la amenaza independentista, reforzada ayer mismo con los primeros trámites de tres leyes en el Parlamento de Cataluña para la ruptura con España. Con este gesto, sus autores dejan claro que continúan decididos a aplicar la declaración independentista del 9 de noviembre, suspendida en su día por el Constitucional.

Es verdad que el deseo de llegar a una conclusión rápida choca con el rompecabezas con el que se encuentra la minoría socialista. Pero tampoco se puede mantener al país en la incertidumbre. Sería insoportable ir más allá de las “tres semanas o un mes” mencionadas por el presidente del Congreso. Un equipo negociador tan bregado como el que ha formado Sánchez tampoco necesitará mucho más tiempo para armar un pacto o rendirse a la evidencia de su imposibilidad. Para acortar esos plazos, sería conveniente que Sánchez entendiera que no está haciendo una ronda de consultas para conocer el estado de ánimo de las fuerzas políticas, sino una negociación con los partidos a los que quiere pedir sus votos para la investidura. Sobran, por tanto, las reuniones previstas con los independentistas. No se trata de quedar bien con todos, sino de formar un Gobierno.

Por debajo de las negociaciones continúa la amenaza de repetir las elecciones en caso de fracaso de Sánchez —y, eventualmente, de otro candidato que quiera intentarlo después—. A este respecto es interesante la coincidencia mostrada ayer por el PP y Podemos en la Mesa del Congreso, pretendiendo acortar al máximo la convocatoria de la sesión de investidura, con la probable intención de que corran cuanto antes los plazos para la repetición de las elecciones. Los partidos no deberían confiar tanto en que votar de nuevo les favorezca, y para los intereses generales, la repetición de las elecciones sería una confesión de impotencia, un retraso de la toma de decisiones hasta mucho más allá de lo razonable y una prolongación excesiva de la interinidad política en que vivimos.

La situación es lo suficientemente compleja como para que nadie pretenda boicotear la formación de Gobierno. Los vetos entre el PP y el PSOE, y entre Ciudadanos y Podemos, pertenecen a un tiempo de bloqueos que debe dejarse atrás. Quien no esté de acuerdo con el Gobierno que se forme, sea el de Sánchez o el de otro futuro candidato, que haga una oposición todo lo severa que quiera. Pero que no entorpezca la posibilidad de pactos, sin los cuales será imposible dotar a España de un Gobierno.