Junts pel Sí y la CUP inician el trámite de las leyes de ruptura

"Ustedes se han dado cuenta demasiado tarde de que la independencia iba en serio", afirmó ayer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su primera sesión de control parlamentario. Unas horas después, Junts pel Sí y la CUP dieron prueba de ello e iniciaron los trámites para redactar las tres leyes previstas en la declaración de ruptura del 9-N, pese a que esta fue anulada por el Tribunal Constitucional. Ambas formaciones ven necesarias, para proclamar la secesión, esas tres leyes: las de transitoriedad jurídica, Seguridad Social y Hacienda.

La ley de transitoriedad jurídica pretende servir para pasar de un Estado a otro "sin vacío legal", en palabras del president. El objetivo es que sirva para fijar la legislación española que seguiría rigiendo en una hipotética Cataluña independiente mientras no hubiera otra que la sustituyera. Junts pel Sí y la CUP señalan esta ley como la que hará efectiva la "desconexión". Las otras dos normas atañen a la creación de dos estructuras básicas para un Estado: la Hacienda y la Seguridad Social.

El camino de estas tres leyes se inició en la tarde de ayer con el registro en el Parlament de la petición para crear las tres ponencias, pendientes de la aprobación de la Mesa de la Cámara, que tiene mayoría independentista. Después de ese trámite todos los partidos podrán participar de su redacción, aunque Ciudadanos, PP y PSC ya anunciaron ayer que no acudirían a los trabajos.

El movimiento realizado ayer por los secesionistas, aunque estaba previsto en su plan, llega cuando el Gobierno central se encuentra en funciones y la incertidumbre sobre quién tomará el relevo es total. Puigdemont aludió a esa situación: "Aquí tenemos un Gobierno que se ha puesto a trabajar. Que tomen ejemplo".

La fórmula elegida por Junts pel Sí y la CUP supone la vía más lenta para tramitar las leyes, pues no es un proyecto ya redactado o bien por el Govern o como proposición de los grupos. En este caso, la tramitación no tiene fecha, por lo que puede acelerarse o demorarse en función del contexto y de la negociación entre los grupos. Esa inconcreción temporal también presenta riesgos, como sucedió con la ponencia de la ley electoral catalana, que finalmente decayó en la pasada legislatura ante la falta de acuerdo.

Declaración de intenciones

El cálculo independentista es que el trámite de esas tres leyes se alargue los 18 meses del mandato parlamentario. En la de transitoriedad jurídica Junts pel Sí quiere incorporar, en el preámbulo o en el primer artículo, un redactado que aclare que esa ley sirve para culminar el camino hacia la independencia, en una suerte de "declaración de intenciones", como la definió la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, que debería concretarse luego en una declaración de independencia.

En ese escenario, los juristas consultados por EL PAÍS creen que la apertura de estas ponencias parlamentarias es un claro desarrollo de la declaración independentista del 9 de noviembre que anuló el Constitucional y que, por ello, resulta más que previsible que sean impugnadas por el Gobierno. La Abogacía del Estado ya ha presentado un incidente de ejecución de aquella sentencia para reclamar que se anule la creación en el Parlament de una comisión de estudio sobre el proceso constituyente, y los juristas aseguran que ahora habrá razones aún más fundadas para impugnar.

La declaración del 9-N que fue anulada dice en su punto quinto que el Parlament "considera pertinente" iniciar la tramitación de esas leyes secesionistas. Por ello, Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, considera que "es muy difícil que el Constitucional no considere esa actuación parlamentaria como un desarrollo de la declaración anulada". Queda por ver si el Gobierno presenta un recurso o amplía el incidente de ejecución ya presentado.

Al margen de lo que decida el alto tribunal, la CUP anunció ayer que no lo obedecerá, informa Ana G. Liste. "Nosotros continuaremos ejerciendo nuestra soberanía", dijo el diputado Benet Salellas, que valoró las leyes como "los tres pilares para que la república catalana pueda existir".

PSC, PP y Ciudadanos dejaron claro que no participarán en las ponencias de las tres leyes: "Cataluña necesita un Gobierno que no se salte la ley ni cree inestabilidad jurídica", dijo el diputado de Ciudadanos Fernando de Páramo.

Socialistas y populares dudaron de que las leyes empiecen a redactarse. "Cualquier cosa que se despliegue de la declaración suspendida tiene pocas opciones de prosperar", dijo Ferran Pedret, del PSC. Xavier García Albiol, del PP, adelantó que el Gobierno "actuará desde el primer segundo". García Albiol pedirá al Ejecutivo que impugne la elaboración de esas tres leyes, como ya hizo con la declaración del 9-N. Catalunya Sí que Es Pot no concretó si irá a las ponencias, pero su portavoz Joan Coscubiela criticó su creación: "Es un juego de manos".