25.000 trampas mortales para las aves

“Tras pasar meses deambulando en búsqueda de lugares donde comer, dormir y quedarse temporalmente, su vida parecía discurrir sin demasiados sobresaltos; con la mala suerte de que un día Álora decidió posarse en un tendido eléctrico donde nunca lo había hecho. Una única vez fue suficiente para que cayese fulminada”. Así relatan desde el proyecto europeo de recuperación del águila perdicera Life Bonelli el final de uno de los ejemplares liberados de esta rapaz. Cerca de dicho tendido eléctrico, situado en la provincia de Toledo, murieron también recientemente tres águilas imperiales y otra perdicera, y el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (Grefa), uno de los socios del Life Bonelli, recuerda que Dílar y Oteo, otras dos perdiceras soltadas dentro del proyecto, corrieron la misma mala suerte a finales de 2015.

Decenas de miles de aves como Álora caen todos los años en estas trampas eléctricas que, según la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), está compuesta por un mínimo de 25.000 postes con diseños peligrosos para la avifauna. El problema es tan grave que por segunda vez unirá a las principales asociaciones conservacionistas de España en un programa similar al que impulsó en 1997 la lucha contra el veneno (programa Antídoto), otra lacra que amenaza a la fauna salvaje. “La intención es agilizar la aplicación del decreto ley que regula el impacto de los tendidos eléctricos sobre las aves y exigir que se aporten los fondos necesarios para su efectiva puesta en marcha”, afirma Miguel Ángel Hernández, coordinador de conservación de especies de Ecologistas en Acción.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) no responde justo a esa pregunta, a la de cuándo se destinarán fondos a corregir este problema, teniendo en cuenta que le obliga a ello un real decreto que fue aprobado en 2008. Reconoce que se ha hecho el trabajo previo: “Hasta la fecha, catorce comunidades autónomas han delimitado sus áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de especies de aves, y publicado las zonas de protección a los efectos de la aplicación del real decreto 1432/2008 por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión”.

Pero la pelota no está solo en el tejado del Magrama; también bota en el de las comunidades autónomas, algunas con leyes muy anteriores a la estatal sobre protección de aves contra tendidos eléctricos. SEO/BirdLife muestra un documento en el que solo cuatro cumplen con otra de las obligaciones del real decreto: detectar y publicar en sus diarios oficiales las líneas eléctricas que no se ajusten a las prescripciones técnicas de seguridad que establece el real decreto. Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña son las únicas cumplidoras.

Esta información es vital para que también actúen las compañías eléctricas. Desde Iberdrola apuntan que “la implantación de nuevas líneas con medidas especiales se realiza fundamentalmente en las zonas de protección que las comunidades autónomas han definido a raíz del real decreto”. Estas áreas incluyen zonas de especial protección para las aves (ZEPA), los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación de especies amenazadas y zonas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de las mismas.

Situación crítica para el águila perdicera

El Magrama expone que “el impacto sobre algunas de nuestras especies más amenazadas, como el águila imperial, “ha disminuido significativamente gracias a las modificaciones acometidas y al hecho de que los tendidos nuevos tienen ya diseños adecuados para evitar la electrocución”. Destacan estas medidas como una de las causas del crecimiento de la especie, que ahora cuenta con 500 parejas, aunque algunos de los ejemplares que se dispersan hasta Marruecos caen precisamente electrocutadas allí. Los ecologistas constatan la recuperación del águila imperial, pero a su vez demuestran que el peligro sigue presente por el impacto que ocasiona en otras especies, algunas altamente amenazadas, como el águila perdicera.

Uno de los seguimientos más exhaustivos que se realizan en la actualidad sobre la mortandad de aves en tendidos eléctricos es el de la Sociedad Ibérica para el Estudio y la Conservación de los Ecosistemas (SIECE) con su iniciativa Pon un tendido en tu punto de mira. Veinte voluntarios centrados principalmente en rastrear y geolocalizar los puntos negros de la provincia de Jaén detectaron 1.211 aves muertas por colisión o electrocución en 2015. Entre ellas hay precisamente 31 águilas perdiceras (también llamada águila de Bonelli), además de cuatro águilas imperiales, 253 cuervos, 197 busardos ratoneros, 140 búhos reales y 53 cigüeñas blancas..

El Ministerio de Agricultura no responde a la pregunta de cuándo se destinarán fondos a corregir este problema, teniendo en cuenta que le obliga a ello un real decreto que fue aprobado en 2008

“Hace unos meses encontramos en una sola línea 16 cigüeñas electrocutadas en un auténtico campo de minas para esta especies”, recuerda Diego Ortega, uno de los responsables del trabajo realizado por la SIECE. Gracias a esta labor han confeccionado un mapa de la península Ibérica donde se localizan estos “campos de minas” bajo cuatro tipos de iconos: los morados se corresponden con postes que no muestran evidencias de electrocuciones pero revisten un especial peligro; las calaveras localizan puntos con cinco o más animales electrocutados, incluidas especies amenazadas; los amarillos indican postes donde se han encontrado animales electrocutados; los verdes identifican los que, tras ser denunciados, han sido corregidos y aislados con medidas anti-electrocución; y las líneas rojas son tendidos considerados peligrosos en la totalidad de sus postes.

Aislamientos obsoletos

Iberdrola ha comenzado las labores de corrección en los postes de Toledo en los que murieron tres águilas imperiales y una perdicera. Ha recibido el aplauso de Ecologistas en Acción, que confía en que sirva de punto de partida para acometer otras medidas en el resto de zonas conflictivas. La compañía eléctrica explica que “todos los proyectos de líneas presentados se encuentran adecuados a la legislación vigente según los condicionados que establezca la Administración ambiental competente en cada caso”. El problema es que muchas de las líneas y postes corregidos en su día están obsoletos.

“A los tendidos que no han sido corregidos se unen los que se aislaron con materiales poco efectivos, con plásticos que se van degradando, y sin realizar labores de mantenimiento, por lo que vuelven a convertirse en un riesgo para las aves”, señala Juan Carlos Atienza, director de Conservación de SEO/BirdLife. “En las zonas más peligrosas habría que realizar actuaciones más caras, como cambiar la cabecera del apoyo o el apoyo completo”, añade Atienza. En uno de los puntos negros de la Península, el vertedero municipal de Huesca, mueren decenas de buitres en cuatro torres que cuentan con medidas de aislamiento anti-electrocución instaladas hace diez años.

La causa más común de electrocución deriva del contacto del ave con dos puntos del poste: se posa en un punto, y con el ala o la presa capturada toca otro. Aparte de los recubrimientos plásticos que evitan esta electrocución, también se utilizan chivatos en los cables (lazos y espirales), pero debido a que las aves van casi siempre mirando hacia abajo en busca de carroñas y presas se demandan sistemas más efectivos, con iluminación y sonidos disuasorios. En casos muy dramáticos no se desdeña el cambio del trazado del tendido e incluso su soterramiento.

Juan Carlos Atienza añade también que “el real decreto no aborda de forma adecuada la colisión, que en algunos puntos ocasiona mayor mortalidad que la electrocución, como el caso de aves esteparias en Castilla y León y alimoches en Aragón”. Además, apostilla que las compañías, aunque hacen esfuerzos para afrontar el problema, “no son proactivas ni tienen una línea de trabajo exclusiva al efecto”. Por su parte, Diego Ortega denuncia “lo poco que cuesta aislar debidamente un tendido (de cara al real decreto de 2008 se estimaban entre 10.000 y 12.000 euros por kilómetro de línea) y lo mucho que representan los beneficios de las grandes eléctricas”.