La ayuda al desarrollo está en peligro

La incapacidad de la Unión Europea para gestionar la entrada de migrantes en el continente está teniendo graves impactos en la cooperación al desarrollo y, en consecuencia, en los países pobres receptores de la misma. Esta cuestión apenas sale en los medios y cuesta ver la relación entre ambas cosas, pero existen ya varios hechos que lo demuestran.

Por ejemplo, en la Cumbre de Valletta, que reunía a la UE y África para discutir la agenda de migración. En ella se pusieron las bases para utilizar la ayuda internacional como herramienta para restringir la movilidad de las personas. Cooperación con los países que garanticen el control fronterizo y acuerdos para levantar vallas y muros fueron algunos de los pasos que se dieron y que son sólo el inicio de un plan a largo plazo.

Por otro lado, cada vez más miembros de la UE están optando por destinar un porcentaje de su ayuda oficial al desarrollo (AOD) a cubrir los costes derivados de aceptar a los refugiados en sus países. Es importante recordar que aceptar a los refugiados (con todas sus implicaciones incluidas las financieras) es una obligación internacional regulada por la Convención de Ginebra de 1951. Y por tanto no debe ser considerado como parte de la ayuda al desarrollo, que es el único instrumento que existe para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Cuando se utiliza para cualquier otro fin se está deliberadamente haciendo un mal uso. Cuando se pretende reducir la cooperación a países como Líbano, Pakistán o Etiopía, que acogen grandes números de refugiados, para destinarlo a Ministerios del Interior de países europeos salta la alarma.

Europa lo tiene claro. Mejor pagar a otros para que controlen nuestras fronteras, mejor destinar los fondos de la lucha contra la pobreza a cubrir los costes de acoger refugiados y migrantes

Y esta alarma es aún más acuciante cuando se analiza la tendencia de los países. En 2014, según los datos de AidWatch, los principales donantes de la UE destinaron en media alrededor del 10% de su AOD a cubrir los gastos de los refugiados. Entre ellos, casos más extremos como los Países Bajos cuyo porcentaje alcanzó el 16%. Pero si se analiza la tendencia estas cifras no hacen más que enmascarar una corriente alcista. Con respecto a 2013, muchos miembros han incrementado significativamente el peso de dichos costes respecto al total de la ayuda. Concretamente los Países Bajos un 145%, Italia un 107%, Chipre un 65% o Portugal un 38%. Es muy previsible que estas cifras sigan aumentando en 2015 como resultado de la entrada continuada de personas refugiadass y migrantes. El anuncio de Suecia hace pocas semanas de destinar más de la mitad de su ayuda a cubrir los costes derivados de acoger refugiados confirmó las fundamentadas sospechas. Gracias a la presión de su Parlamento y de la sociedad civil, el país ha anunciado que en lugar del 50% “sólo” destinará un 30%. Si bien es una demostración de lo que puede conseguir la presión ciudadana, el riesgo es más que inminente y parece obvio que estamos ante una nueva tendencia que no va a revertir.

Otra de las graves implicaciones es cómo se contabilizan los fondos dirigidos al control migratorio. Mientras que los costes de los refugiados pueden ser contabilizados como AOD si se cumplen ciertas condiciones acordadas por la OCDE, a pesar de que este no es el caso, no compete para los costes derivados de los migrantes. Esta clara división responde al diferente status legal al que están sometidos cada uno de estos dos grupos. Esto sin embargo no evita que países como Malta hayan utilizado tradicionalmente la mitad de su presupuesto de ayuda para financiar los centros de detención de migrantes. Este gasto no debería ser contabilizado como AOD bajo la regulación existente.

Con los 20 millones de euros que el Gobierno se gastó en la ampliación de la valla de Melilla en 2006 podría haber tratado la malaria de 11 millones de niños en África

Es imposible en este análisis eludir la larga experiencia en control migratorio que España lleva perfeccionando en las últimas décadas. Sólo con los 20 millones de euros que el Gobierno se gastó en la tercera fase de ampliación de la valla de Melilla en 2006 podría haber tratado la malaria de 11 millones de niños en África.

Europa lo tiene claro. Mejor pagar a otros para que controlen nuestras fronteras, mejor destinar los fondos dedicados a la lucha contra la pobreza a cubrir los costes de acoger refugiados y migrantes, mejorar amurallar el bastión. Lejos está anteponer los derechos humanos a cualquier otra política, lejos también seguir combatiendo la desigualdad, aún más lejos ir a las causas que provocan que tanta gente tenga irremediablemente que huir de su hogar.

La UE ha sido hasta la fecha uno de los principales donantes del mundo. Estos fondos han permitido que gente con nombre propio haya podido dar un vuelco a su vida y salir de la pobreza. Si el objetivo y la función de esta ayuda se pervierten, las vidas de millones de personas se verán trágicamente afectadas. La Unión Europea tiene la obligación de asistir y proteger a los refugiados y a los migrantes que llaman a su puerta sin que esto suponga un coste irreparable para millones de personas que dependen de la cooperación.

Paula San Pedro es responsable de incidencia en Acción Humanitaria de Oxfam Intermón.