Una nueva Constitución, un nuevo país

Hace algo más de cuatro años ocupamos las plazas para exigir un cambio total en el sistema. Recogimos e hicimos nuestras las luchas históricas del movimiento obrero y de los movimientos sociales a favor de los derechos sociales y democráticos, siempre pensando en la necesidad de construir un futuro común con justicia social. Gritamos que no queríamos ser mercancía en manos de políticos y banqueros, y exigimos abrir una nueva etapa democrática en nuestro país.

Constatamos entonces, como también ahora, que nuestra Constitución de 1978 está agotada. Es más, ha sido tan incumplida por nuestros Gobiernos como superada por los poderes salvajes y antidemocráticos que realmente gobiernan nuestro país. En las últimas décadas los gobernantes han vaciado nuestras garantías constitucionales para satisfacer las necesidades de un capitalismo en crisis cuya lógica promueve la mercantilización de todas las esferas de la vida y el incremento de la explotación laboral hasta niveles de puro esclavismo. Contratos por días u horas y acuerdos verbales basados en la simple expectativa de poder convertirse en contratos en el futuro, esa es la realidad para millones de personas hoy en España.

Esta crisis no cayó del cielo como una maldición bíblica, tiene culpables: los que hincharon la burbuja sabiendo que estallaría, los que se hicieron ricos vendiendo preferentes, los corruptos y los corruptores, los cobardes que piden austeridad mientras se llenan los bolsillos y se llevan su dinero a paraísos fiscales. Para ellos la salida de la crisis es más de lo mismo, que España compita por bajos salarios, a costa de los que cada día se levantan para trabajar o para buscar trabajo. Ese es el proyecto de país que la austeridad trae consigo: bajos salarios, mucho desempleo y economía informal, servicios públicos mal dotados y sin proyecto de futuro para la mayoría social. En definitiva, un modelo de crecimiento económico compatible con la precariedad y miseria microeconómica.

Propongo que aprovechemos esta crisis como una oportunidad para repensar el país que queremos y, entre todos y todas, construyamos un nuevo país. De lo contrario, estamos convencidos de que habrá cambio, pero a peor. Sin izquierda y sin participación democrática cualquier cambio en España sólo servirá para apuntalar este sistema desigual e injusto.

Esta crisis no cayó del cielo como una maldición bíblica, tiene culpables

En primer lugar, necesitamos invertir la relación actual entre economía y política. Necesitamos una economía que esté al servicio de las personas y no al revés. No hay condiciones democráticas cuando el poder privado manda entre bambalinas y cuando tiene capacidad de gobernar sobre la Administración pública. La democratización de la economía es condición necesaria para que la democracia institucional no sea un mero teatro de sombras. Por eso proponemos una Banca Pública y la nacionalización de las empresas privatizadas en los sectores estratégicos. Nos parece ello tan importante como esclavizar a las finanzas y subordinarlas a la economía productiva, para lo que también es urgente un sistema fiscal progresivo que, entre otras cosas, incluya que las rentas del capital y las del trabajo tributen de la misma manera.

En segundo lugar, seguimos creyendo en el pleno empleo como objetivo realizable por un Estado. En un momento histórico de dominio del neoliberalismo, y de asunción de sus planteamientos ideológicos por gran parte de la izquierda, nosotros reivindicamos una economía que reparta el trabajo. Nuestra modesta propuesta de trabajo garantizado serviría para crear un millón de puestos de trabajo en un año, mientras que permitiría entender mejor el papel que el Estado ha de tener como empleador de último recurso. Eso sí, defendemos un país en el que se trabaje con derechos, derogando las reformas laborales y recuperando la negociación colectiva.

Urge un sistema fiscal progresivo en el que las rentas del capital y las salariales tributen igual 

En tercer lugar, los derechos sociales conquistados han de preservarse y blindarse constitucionalmente. Por eso defendemos un país con una educación pública, gratuita, laica y de calidad, que suprima progresivamente los conciertos y aumente la inversión hasta el 7% del PIB. Asimismo, queremos que la salud sea un derecho y no una mercancía, para lo cual acabaremos con la privatización y recuperaremos la Sanidad Pública destinando el 6,7% del PIB. Proponemos también un plan de emergencia social, un sistema de renta básica, un parque público de viviendas en alquiler barato, la paralización de los desahucios y garantizar por ley los suministros de agua, energía, transporte y vivienda básicos y gratuitos a personas con dificultades económicas.

En cuarto lugar, queremos un país en el que haya igualdad entre hombres y mujeres, con democracia paritaria, sin brecha salarial. Queremos erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones y defendemos el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Un país que crea en la igualdad y que defienda que ningún ser humano es ilegal y que toda persona que viva en nuestro territorio tiene que tener los mismos derechos y obligaciones, que luche contra cualquier forma de discriminación. Un país que defienda la cooperación entre pueblos como el mejor camino para trabajar por la paz, por eso rechazamos la OTAN, no queremos bases extranjeras y sí reducir gastos militares. Un país que no firme el TTIP porque es contrario a los intereses de las clases populares de toda Europa.

Nuestra propuesta de empleo garantizado podría crear un millón de puestos en un año

En quinto lugar, queremos recuperar la política como instrumento y no como espectáculo. No nos interesa conocer los gustos privados de los políticos, así como sus habilidades cantando o bailando, sino que queremos deliberar sobre proyectos políticos. Para ello apostamos por instituciones democráticas que preserven la pluralidad y hagan prevalecer los valores de la Ilustración por encima de la lógica impulsiva y espectacular de la moda aplicada ahora también en política.

En resumen, nuestro plan es un nuevo país que devuelva al pueblo la capacidad de gobernarse a sí mismo. Para hacerlo proponemos un proceso constituyente que de forma participativa elabore una nueva Constitución que evite el saqueo y la explotación. Con un sistema electoral proporcional, con Iniciativas Legislativas Populares que puedan crear o derogar normas, con instrumentos revocatorios y la dignificación de la memoria democrática. Un país federal pensado por y para las clases populares. Y, por supuesto, una República.

Casi 40 años después de la Constitución del 78, es momento de abrir una nueva etapa. Se trata de nuestras vidas y de cómo queremos vivirlas. El 20-D tenemos una oportunidad de empezar este camino. Os propongo que lo hagamos juntos.

Alberto Garzón es el cabeza de lista de Izquierda Unida / Unidad Popular en las elecciones del 20-D.