Más decisión

Tras una historia propensa a los bandazos, conviene exigir que las respuestas a los grandes retos tengan gran altura política. Que obedezcan a la moderación; a respetar la legalidad y al principio de proporcionalidad (las recetas deben ser adecuadas y no excesivas respecto de las provocaciones); y a buscar el máximo consenso a través de su apoyo pluripartidista. Por eso, la conducción del proceso de respuesta a la declaración de insurgencia que dos grupos secesionistas catalanes pretenden del Parlament ha sido en los últimos días correctamente desarrollada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en contraste con la pasividad de otras veces.

Pero nos encontramos ahora, de nuevo, ante la tentación del juego a la defensiva, de responder solo legalmente a iniciativas de aquellos que no creen en la ley: que no les importa nada la legalidad, como demuestran a cada paso que dan en este golpe por etapas al Estado democrático.

Hay ya base suficiente para una declaración que subraye los principios de unidad territorial, igualdad de derechos, imperio de la ley y soberanía común compartida. Una declaración en el camino de responder con política de principios a ciertos principiantes de la política. Todo ello acompañaría la necesaria acción de freno, contención y desarme jurídico de la anticonstitucional declaración de “desconexión” e independencia.

Por tanto: que la respuesta de la semana pasada esté encaminada no significa que sea lo bastante ambiciosa.

Lo urgente es afrontar el desafío —además de con medios jurídicos, los adecuados y proporcionales en cada momento— con política: actuar políticamente. Con celeridad, con decisión, con energía. Sin esperar, sin dejar pasar los días hasta que lleguen acontecimientos ya anunciados. Con advertencias que despejen las incógnitas que hay, para que nadie se llame a engaño sobre el rumbo de colisión de una declaración de independencia con la ley y con la democracia. Lo que hay que resolver es un problema político, no un problema jurídico.

Además, y para dibujar un horizonte a medio plazo, el Gobierno y los partidos que le han expresado su respaldo claro en esta situación pueden considerar la oportunidad de incluir en la declaración —al modo en que se suele en la UE— o en una segunda fase de lo que desearíamos que fuese un intercambio constante, el compromiso de convocar un comité de sabios pluralista que elaborase un libro blanco para identificar: a) las medidas inmediatas susceptibles de seducir a una mayoría de catalanes sin necesidad, aún, de modificaciones constitucionales; y b) los elementos posiblemente necesarios a largo plazo a incluir en una reforma más global. No hay que improvisar una solución, sino marcar pistas para que haya una evolución sin aspavientos.

Las fisuras del desgarbado bloque secesionista son múltiples: la división por mitades del Gobierno de Artur Mas, el dislate programático de los antisistema (que ni siquiera incluye un referéndum); la pretensión de enfrentar al Parlament con las Cortes; la incapacidad de Mas de enderezar al proceso, al contrario, su determinación genuflexa ante los radicales... Todo ello dibuja un terreno fértil si se siembra de iniciativas. Proactivas y no solo defensivas.