Tomar conciencia de los árboles

Tapones de corcho, folios, guitarras, envases y embalajes de papel y cartón, muebles de jardín, pellets de madera utilizados como biocombustibles, resina, etcétera. Miles de productos se pueden adquirir en el mercado certificados por estándares de gestión que garantizan que en España y en el mundo se lleva a cabo una explotación sostenible de los bosques de los que proceden. Son las marcas FSC, correspondientes a las siglas Forestry Stewardship Council; PEFC, del Programme for the Endorsement of Forest Certification; y el más incipiente Madera Justa, impulsado en España por la Fundación Comercio para el Desarrollo (Copade).

Una de las principales contribuciones que las personas podemos realizar en nuestro quehacer cotidiano para fomentar una mejor gestión de las forestas y de paso cumplir con el lema de este año del Día Mundial del Medio Ambiente (Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume con moderación) es buscar estas referencias en tiendas y comercios. Todo sin olvidar otras conductas y compromisos, como prevenir y evitar incendios forestales, no irrumpir en los bosques con ruidos y “malos humos”, optar por la reutilización y el reciclado y consumir preferentemente madera y otros productos forestales de origen local.

En la actualidad, las mayores presiones proceden de la transformación completa del bosque en otros sistemas de producción, algo que ocurre en especial en lugares como Sudamérica o el Sudeste Asiático, donde millones de hectáreas sucumben ante plantaciones de soja y palma o pastos para el ganado. El asunto se agrava con la tala ilegal. Greenpeace, muy activa en la preservación de los últimos bosques primarios (solo queda una quinta parte de la superficie original), subraya la necesidad de frenar la explotación forestal desmedida. Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques, recuerda que “aunque en España la superficie forestal haya aumentado en el último siglo, debemos ser conscientes de que nuestros hábitos de consumo están vinculados con la deforestación planetaria”.

España ha aumentado su superficie boscosa, pero aún padece de una débil gestión

Recientemente, la ONG Forests and the European Union Resource Network publicaba un estudio en el que denunciaba que la Unión Europea es la mayor importadora en valor (6.000 millones de euros) de productos procedentes de terrenos desforestados ilegalmente. Holanda, Reino Unido y Alemania están a la cabeza de las importaciones. En Madera Justa quieren vencer esta dinámica centrando su trabajo en pequeños productores y propietarios y en comunidades y cooperativas locales para poner en valor los primeros productos certificados que salen de Honduras, Guatemala o Chile.

Un plan de ordenación

Pero, por encima de sellos y marcas, lo ideal es que todos los bosques, sin distinción de cobertura, ubicación o especie arbórea, tuvieran una gestión sostenible, y para ello es básico contar con un plan de ordenación. “Nosotros no nos metemos en un proceso de certificación con un monte que no cuente con un instrumento de ordenación debidamente elaborado y supervisado por técnicos forestales que tienen en cuenta los tres pilares de nuestro sistema: lograr beneficios ambientales, sociales y económicos”, asegura Gonzalo Anguita, director ejecutivo de FSC España. El programa Dinamiza dehesa sostenible, de PEFC, fomenta también entre propietarios la puesta en marcha de planes de gestión forestal sostenible en el monte más mediterráneo presente en Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Extremadura.

A pesar de todos estos esfuerzos, España suspende clamorosamente en la ordenación de sus bosques, ya que solo el 14% cuenta con planes al efecto. Mal asunto para el segundo país de la Unión Europea con mayor extensión forestal, tras Suecia, y en un momento de crecimiento. “Los bosques españoles están abandonados”, clamaba el titular de la nota de prensa que emitió el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural durante la celebración del último Día Internacional de los Bosques (21 de marzo). Otro dato demoledor afianzaba la denuncia: “la inversión pública en gestión ha caído un 50% en los últimos años”. “Estamos hartos de ver planes sobre el papel acumulados en cajones de administraciones públicas que no se ejecutan por falta de inversión, con lo que se mantienen y acrecientan los riesgos de incendios y plagas”, afirma Raúl de la Calle, secretario general del colegio de Forestales.

La situación de los bosques y el sector forestal en España, informe elaborado en 2013 por la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF), refleja unas cifras y una tendencia que se mantienen. Con datos de Eurostat, resumen que “España ha aumentado su superficie a un ritmo anual (2,19%) muy superior al de la media europea (0,51%)”. Otro dato importante es que desde 1975 los bosques se han densificado, pasando de un promedio de 656 a 975 árboles por hectárea. Para la SECF, “las repoblaciones forestales y las políticas de conservación de los recursos forestales han sido claves”.

Gonzalo Anguita señala otra causa: “El abandono de tierras agrarias y ganaderas y su colonización por especies que originalmente las poblaban es uno de los motivos principales del aumento de la superficie arbolada”. Por su parte, Elena Domínguez, responsable del programa de Bosques de WWF España, confirma que “es cierto, la superficie forestal crece, pero observar solo ese parámetro conlleva un análisis muy estrecho”.

La aprobación de la nueva Ley de Montes, que ha encontrado el rechazo unánime de propietarios y profesionales forestales y ecologistas, debería servir para mejorar los números de la gestión y la ordenación. Así lo entienden desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), donde afirman que “su objetivo es mejorar la gestión para contribuir a la conservación de la biodiversidad, la prevención de los incendios forestales, la lucha contra el cambio climático y el aprovechamiento económico de los montes”. Pero hay un problema, al contrario que el texto que se reforma, el actual no obliga a presentar planes de ordenación. También es cierto que hasta la fecha no ha servido de mucho la obligación de la anterior normativa.

Medio Ambiente defiende una apuesta voluntaria: “se establece la posibilidad de que las comunidades autónomas aprueben unos modelos técnicos de gestión, a los que se pueden adherir voluntariamente los propietarios forestales que cumplan con las condiciones que marquen las autoridades autonómicas competentes, considerándose estos montes ordenados”. Solo los montes de utilidad pública y los que cuenten con alguna figura de protección están obligados a contar con un plan de ordenación.

“Hay que implicar a la sociedad en la gestión de los bosques”. Es el mensaje que se lanza desde todos los frentes, de ahí la importancia de que las personas que forman esa sociedad cuenten con referentes que les permitan dar pasos en la buena dirección.

Incentivos fiscales

Desde el Colegio de Forestales consideran básico que se introduzcan incentivos fiscales a la inversión en gestión forestal sostenible, y que los planes de ordenación sean redactados y su desarrollo supervisado sus por profesionales. Raúl de la Calle afirma que “resulta trascendental que esas inversiones se puedan desgravar porque hacer un plan de ordenación o certificar el monte como sostenible cuesta mucho esfuerzo y dinero, que en muchas ocasiones se destina a conseguir un bosque de calidad para beneficio del medio ambiente y las personas, sin rédito económico directo”. Gestionar no es fácil, insisten desde el sector forestal, y son muchas las debilidades: falta de rentabilidad, producciones a largo plazo por los turnos de corta, mercados débiles, escasez de fondos públicos, catástrofes naturales, etcétera.

Elena Domínguez apunta que “hay que asumir que los bosques y sus propietarios dan un servicio importante a la ciudadanía que hay que incentivar”, y señala como trascendental el compromiso en la compra pública y privada de productos. “Hay grandes empresas y administraciones que han entrado en esta dinámica, pero son minoría y encima la crisis ha parado su crecimiento”, resalta. El observatorio Ciudades por los Bosques de WWF mantiene muchas más entidades públicas en la “lista roja” por no contar con un programa de compra responsable que en la “lista verde”, donde solo aparecen Barcelona, Benicarló, Gavá, Hospitalet de Llobregat, León, Madrid, Murcia, Sant Boi de Llobregat y la Diputación de Toledo. “Muchas empresas empiezan a notar en su balance económico que, especialmente en Europa, se apuesta sí o sí por productos FSC”, añade Domínguez.

Los profesionales insisten en el potencial energético de la biomasa forestal

En FSC ponen algunos ejemplos de impactos beneficiosos dentro de una planificación adecuada, como la unificación de gestión en lugares como Galicia, donde reina el minifundio, lo que permite optimizar la inversión en certificación para unos propietarios que a veces disponen de menos de una hectárea de monte. En Andalucía hay cuadrillas de extracción de corcho en zonas con ordenación que han absorbido a jóvenes que padecieron el desplome del boom de la construcción. Además, junto a explotaciones principales de madera de pino y corcho en bosques de espacios naturales andaluces certificados con FSC, la diversificación de la producción ha permitido reactivar actividades tradicionales en desuso, como la recolección de palmas y plantas aromáticas y medicinales (poleo, cantueso, laurel, orégano, tomillo). En la actualidad se producen aceites esenciales, ambientadores, colonias, perfumes, gel y jabones.

Es un ejemplo de todo lo que aporta el bosque, que es mucho más que madera. Es conservación de la biodiversidad, es recogida de setas, piñones y castañas, es ganadería extensiva, es caza y pesca, es turismo rural e incluso energía. Propietarios y profesionales forestales insisten en la potencialidad energética de una biomasa forestal que crece cada año y que se podría aprovechar de forma sostenible para producir principalmente calor en calderas domésticas, industriales y en edificios de servicios públicos.

Elena Domínguez advierte de que lo que tenemos encima de la mesa (la nueva Ley de Montes) no va a cambiar la situación actual. El ministerio de Medio Ambiente defiende su política forestal mostrando la eficacia en la lucha contra los incendios forestales, con un descenso en la superficie afectada por las llamas. La propia ministra, Isabel García Tejerina, ha manifestado en varias ocasiones que “la lucha contra los incendios forestales es una de las grandes prioridades del ministerio”. El resto del sector considera que ese presupuesto se podría rebajar sustancialmente si el monte estuviera bien gestionado y se fomentara la integración de la ciudadanía en esa gestión.