Curiosidad

Yo era una debutante en los circuitos de conferencias anexos a la literatura y alguien me dio un buen consejo. Mira, cuando te inviten a algún sitio y te dé vergüenza preguntar si van a pagarte o no, lo que tienes que decir es: oye, ¿y eso cómo va? Lo hice tantas veces, que cuando saltó el escándalo de las tarjetas black, me pareció inverosímil que nadie hubiera hecho esa simple pregunta. Mi estupor de entonces palidece ante la perplejidad en la que me ha sumido la noticia de que algunos magistrados de la capital han cobrado dietas de la Comunidad de Madrid a cambio de asesorar a una empresa de la que la propia CAM es cliente. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se eligió a sí mismo para cobrar, ha alegado que no se ha cometido ilegalidad alguna, y no lo dudo. La legalidad de su actuación no basta, sin embargo, para esconder el hecho de que este tribunal es el encargado de investigar a los aforados madrileños. En otras palabras, un Gobierno, con numerosos casos de corrupción abiertos, ha pagado dietas en dinero público por una asesoría de la que se ha beneficiado una empresa privada, a los mismos magistrados que juzgarán a sus imputados, y a nadie se le ha ocurrido preguntar, oye ¿y eso cómo va? La falta de curiosidad de estos jueces contrasta vivamente con la contundencia del comunicado emitido por el Consejo General del Poder Judicial para comunicar la suspensión de tres años de Santiago Vidal, el juez que redactó un borrador de la Constitución catalana. En el texto, se afirma que la libertad de expresión del magistrado no puede prevalecer sobre “la dignidad, integridad e independencia del Poder Judicial”. ¿Y los pagos en dinero público no menoscaban estos atributos? Pues parece que no, y así va esto.