Fianza para Bankia

La decisión del juez Fernando Andreu de imponer una fianza solidaria de 800 millones a los rectores de Bankia (a la propia Bankia, a BFA, a Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas) parece una medida proporcionada a los daños que causó el proceso de fusión de la entidad y su posterior salida a Bolsa en el patrimonio de los accionistas que acudieron a la catastrófica operación. El hecho de que el juez haya concedido una fianza así y que dé un mes de plazo para reunir el dinero indica que Andreu tiene clara la presunción de delito y que está dispuesto a actuar con toda la rapidez que permita el sistema legal.

El auto construye una argumentación contundente, acorde con la versión ofrecida por los peritos del Banco de España que trabajan con el juez: los estados financieros contenidos en el folleto de salida a Bolsa “no expresaban la imagen fiel de la entidad”, lo que conduce a un presunto delito de falsedad. Que el folleto estuviera correctamente formulado, viene a decir Andreu, no implica que reflejase una imagen fiel del banco, que es en último extremo la primera y gran exigencia de los inversores y constituye el pilar sobre la que funcionan los mercados.

Si esto es así, cabe preguntarse cuál fue la responsabilidad de los supervisores financieros en el fiasco de Bankia. Si llega a demostrarse la falsedad, los primeros responsables serían los autores de la información del folleto; pero también habría muchas razones para dudar de la profesionalidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a quien le está encomendada la tarea de comprobar la veracidad de la información facilitada a los mercados. Y también, por supuesto, del Banco de España, el organismo que debe actuar para supervisar las cuentas.

El estrambótico proceso de fusión y la salida a Bolsa requieren, además de la acción judicial, una explicación política e institucional exhaustiva, al comprometer la fiabilidad de las instituciones encargadas de velar por la tranquilidad de los inversores. En primera instancia, ha causado a los accionistas un daño potencial de 1.800 millones; pero también ha sembrado la intranquilidad entre inversores, desde el momento en que la Oferta Pública contaba con la aquiescencia (en algún caso entusiasta) de los reguladores. Los mecanismos previos de control financiero no parecen haber funcionado en este caso.

El juez está cumpliendo con las expectativas de una investigación pormenorizada; cabe esperar que se depuren las responsabilidades que correspondan y los accionistas obtengan una justa satisfacción. Y no hay que olvidar que existe una responsabilidad política que afecta al Gobierno. En último extremo, esa responsabilidad debería implicar algo tan sencillo como que si se llegase a la conclusión de que la CNMV no tiene poderes legales bastantes para impedir casos como el de Bankia, que el Parlamento se los conceda; eso sí, con la garantía de que el gobierno de la institución rendirá cuentas de sus éxitos y fracasos.