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SALUD

La verdad sobre el cigarrillo electrónico

La OMS promueve la prohibición preventiva de los dispositivos que queman nicotina, pero la comunidad científica está dividida

Una mujer exhala el vapor de un cigarrillo electrónico. Bloomberg

En octubre se celebró en Moscú un congreso internacional esencial sobre control del tabaquismo (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC), pero ni siquiera había empezado cuando dos facciones científicas muy diferentes empezaron a lanzar fuego graneado acerca de los flamantes cigarrillos electrónicos que esa reunión había prometido regular. Los obuses de ambas partes cayeron sobre la directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, cuyos alfiles se estaban preparando, ya en la primavera de 2014, para recomendar a los países miembros una proscripción preventiva y drástica de esas pipas de nicotina en las que fumadores y empresas tabaqueras habían puesto tantas esperanzas. Esperanzas de seguir fumando o vendiendo cosas tóxicas, pero esperanzas al cabo.

La intención de la OMS se filtró, y eso indujo a 53 científicos de 18 países —sobre todo de Reino Unido, Estados Unidos y Australia— a enviar una demanda urgente a Chan (el 26 de mayo de 2014) para conminarla a permanecer abierta a las posibles evidencias sobre “productos de tabaco o nicotina de bajo riesgo que pueden convertirse en el futuro en alternativas viables al hábito de fumar”. Estos expertos pueden denominarse los “reductores de daños”. Su principal apoyo es que, a día de hoy, no hay ninguna evidencia científica de que el vapor emitido por estos productos constituya un riesgo para la salud.

Una alternativa al tabaco aceptable

La nicotina es el producto —droga— que hace que los fumadores continúen fumando por lo tanto inhalando un “humo” que contiene múltiples sustancias que son las responsables de los daños del tabaco convencional sobre la salud. Las estrategias de reducción de daños, que se han aplicado a otras adicciones, aboga por posturas pragmáticas en las cuales se acepta que existan individuos adictos a determinadas drogas, en este caso la nicotina, mediante la utilización de productos con menor riesgo para la salud de aquellos que no quieren —o no pueden— abandonar su adicción.

La mayor parte de estudios efectuados hasta la actualidad son concluyentes: la cantidad de productos tóxicos y perjudiciales presentes en los cigarrillos electrónicos representan una fracción mínima con respecto a los cigarrillos tradicionales. Si el vapeador está menos expuesto a productos que afectan a su salud el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el tabaco también será menor. En mi opinión el objetivo a perseguir en el tabaquismo siempre será que los fumadores dejen de fumar —e incluyo “vapear”—. Ahora bien, en determinadas situaciones, la reducción del riesgo de enfermedades mediante el uso de cigarrillos electrónicos puede ser una alternativa aceptable y más si tenemos en cuenta que los efectos relacionados con su uso son mínimos a medio y corto plazo. Pero con limitaciones. Su uso en lugares públicos cerrados y transportes colectivos debe seguir la misma regulación que el tabaco convencional, hay que limitar o incluso prohibir su publicidad y, por último, prohibir su venta a menores de 18 años de edad.

Dr. Josep Mª Ramon, Unidad de Tratamiento del Tabaquismo. Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona

La carta de los reductores de daños también se filtró, desde luego, y solo tres semanas después, el 16 de junio, el investigador estadounidense Stanton Glantz promovió una segunda carta a Chan respaldada por 129 expertos de 24 países —los “prohibicionistas preventivos”, llamémoslos— que sostenían que los cigarrillos electrónicos no eran más que un “caballo de Troya” de la industria tabaquera, y apoyaban una recomendación de la OMS a los países miembros para que legislaran contra ellos, como de hecho acabó ocurriendo.

En España, por ejemplo, las restricciones se incluyeron ya en marzo del año pasado —en lo que constituyó una avanzadilla entre los países europeos— aprovechando la aprobación por el Senado de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, que introdujo la limitación del consumo y la publicidad de los cigarrillos electrónicos de los “que no se conozcan los efectos para la salud”. Se prohibió su consumo en centros educativos y zonas infantiles, centros sanitarios, edificios públicos y medios de transporte. También quedó prohibida su publicidad en las franjas horarias aptas para menores de 18 años. En el último Consejo Interterritorial de Salud —el órgano que reúna a los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas con el ministerio— se acordó que los carteles de “prohibido fumar” incluyan también la prohibición de vapear, como se conoce informalmente el uso del cigarrillo electrónico.

España, como muchos otros países, hacía así suyo el prohibicionismo preventivo, o la segunda carta que recibió Chan. Curiosamente, esta segunda carta —la de los prohibicionistas preventivos, que acabó imponiéndose en la OMS— se apoyaba en el mismo argumento que la de los reductores de daños: la falta de evidencias científicas.

Amy Fairchild, profesora de ciencias sociomédicas de la Universidad de Columbia en Nueva York, reabre ahora la polémica con la publicación en Science de un análisis equilibrado del conflicto entre esas dos posturas científicas. “¿Cómo pueden dos grupos”, se pregunta Fairchild, “ambos buscando reducir la terrible carga de mortalidad atribuible al tabaco, y ambos aceptando las políticas basadas en la evidencia, llegar a unas conclusiones tan diferentes?”. Fairchild subraya que la reducción de daños es una actitud pragmática que acepta que la gente seguirá consumiendo drogas con independencia de lo que diga la legislación; que la cuestión no es si los cigarrillos electrónicos suponen algún riesgo en absoluto, sino si esos riesgos son o no menores de los que supone el tabaco convencional; y que fumar provocará este siglo nada menos que mil millones de muertes si las cosas siguen como están ahora. “Pesar los riesgos y los beneficios es inevitable”, dice Fairchild. Añade que el prohibicionismo preventivo “no ayuda ni a la ciencia ni a la política”. He aquí el dilema. 

Aunque la mona se vista de seda...

La idea de utilizar nicotina para dejar de fumar no es nueva. En los años 70 los marinos de la flota noruega de submarinos empezaron a usarla en forma de chicles para evitar el mono. El e-cig se presenta a menudo como solución para dejar el pitillo. Se insiste en que ayuda a dejar de fumar y sus vapores son inocuos. Ambas cosas son medias verdades, lo que puede ser peor que las mentiras. Los estudios sobre su eficacia para dejar de fumar son débiles e inconsistentes. La mitad de los usuarios resulta que sigue fumando cigarrillos y del resto, la mayoría recae al suspender el e-cig.

No se puede negar que para usuarios individuales puede ser una ayuda eficaz, siempre que después de un tiempo prudencial (al segundo o tercer mes) se abandone también el consumo de nicotina. La clave es romper la adicción a la nicotina, no cambiar la forma de consumo. Es cierto que el e-cig es mucho menos tóxico que el cigarrillo pero eso no le eleva a la categoría de producto bondadoso.

La inhalación es la clave del poder adictivo de una sustancia. La forma más adictiva de nicotina es la inhalada. Los chicles y los parches son más limpios y menos adictivos. Por otra parte, los vapores del e-cig contienen vapor de agua pero también partículas de nicotina, glicerol, propilenglicol, cromo, níquel... que a corto plazo son tóxicos para el sistema respiratorio de niños y enfermos y a la larga son carcinógenos. En un local cerrado, la contaminación por partículas finas liberadas por e-cigs es similar a los días más contaminados en Madrid. Los médicos no hacemos juicio moral sobre su uso recreativo y privado en adultos pero no recomendamos su uso terapéutico ni en espacios públicos.

Rodrigo Córdoba García, profesor de la Facultad de Medicina. Zaragoza