El fin de la indiferencia ante la explotación sexual infantil

Cuando sale a la calle a encontrar clientes, Gabriela Flores lo tiene más difícil que unos años atrás. “Buscan carne fresca”, lamenta. No es que quieran jovencitas; ella tiene 23 años. Muchos andan tras adolescentes. Otros van directamente a por niñas. Sucede en Boca Chica, una zona turística venida a menos de la República Dominicana, uno de los destinos emergentes para el turismo sexual infantil.

A menos de 40 kilómetros de la capital del país caribeño, Boca Chica es probablemente uno de los municipios donde la explotación de menores es más conocida. Aunque no es evidente, se puede encontrar en la calle, donde las chicas rivalizan con Flores en busca de clientes. O de forma más sutil. Existe todo un entramado de mediadores en la playa que ofrecen al turista “lo que quiera”. Son conseguidores que pueden ir desde las masajistas acreditadas, que durante las friegas en la espalda recomiendan “algo más”, hasta quienes hacen trenzas, que se sirven de su catálogo de peinados para ofrecer a las chicas que salen en la fotografía. Si el turista acepta, llaman a un motoconcho (una especie de recadero-taxista en moto) para que vaya a por la menor o la lleve a uno de los moteles donde se consuma el intercambio. Una cadena en la que cada uno se queda con una pequeña comisión de quienes no tienen reparos en pagar por acostarse con una menor, según explica Jessica Rosario, de la asociación Caminante, que desde hace 20 años, y de la mano de Unicef, lucha contra esta lacra y trata de ofrecer ayuda a los niños y adolescentes explotados.

En parte sucede porque, en palabras de Marleny Guante, fiscal de menores de Boca Chica, “muchos dominicanos ven normal que un menor vaya con un extranjero”. “Ni siquiera algunos policías lo contemplan como un ilícito, así que no hacen nada cuando la situación se da delante de ellos. Es necesaria una concienciación que comience en la escuela”, afirma Guante.

La impunidad es casi total. No solo para los clientes; también para quienes explotan a los menores. Hasta la segunda década de este siglo, prácticamente no se luchaba contra esta lacra: entre 2003 y 2011 hubo solo tres condenas en toda la República Dominicana por explotación sexual de menores. Lentamente, este panorama está comenzando a cambiar. La Procuradoría (lo que en España sería una fiscalía) Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y trata de Personas ha empezado a trabajar en serio contra la prostitución infantil, liderados por el procurador Jonathan Baró. En 2014 hubo cuatro condenas, más que en el periodo de ocho años antes citado. Y 54 personas están encausadas. Las cifras, según reconoce el propio Baró, no son nada en comparación con el tráfico sexual infantil: “Es una realidad muy difícil de controlar. Las jovencitas se encuentran desamparadas y vienen de situaciones muy complicadas. El embarazo adolescente [muy frecuente en la República Dominicana, donde casi un 25% de las mujeres son madres antes de los 18 años] es un ejemplo: las chicas son expulsadas de sus casas y es frecuente que caigan en el tráfico de personas o que incluso sean ellas las que acudan voluntariamente a burdeles o a la calle a prostituirse”.

Hasta hace apenas un par de años no había una unidad especializada en perseguir estos delitos. Ahora, son cinco agentes para un país de 10 millones de habitantes quienes los investigan y persiguen de la mano de la Procuradoría de Baró. “Necesitamos profesionales muy preparados y especializados. Por un lado hemos habilitado un teléfono de denuncia para trabajar a partir de ahí. Pero también estamos empezando a aplicar otras estrategias con ayuda exterior, como señuelos que se hacen pasar por turistas. Gracias a esto, hace un mes rescatamos de la explotación a 16 menores de una comunidad. Detuvimos a seis personas”, explica el fiscal.

Antes de la Procuradoría, los intentos para controlar la prostitución infantil eran muy tímidos. Lo que se conocía como Politur, una policía turística que hace poco más de un año se convirtió en un cuerpo militarizado y cambió su nombre por Cestur, era uno de los pocos nexos entre estos menores y el Estado. Pero, según Rosario, estaban mucho más preocupados del bienestar de los visitantes que del de los propios niños. “Era una policía mal pagada y mal formada que no tenía conciencia de la gravedad de este delito. Resultaba difícil que un menor acudiera a ellos porque sabía que era más probable que sufrieran un chantaje a que recibieran ayuda”, relata esta trabajadora de Caminante. El Ministerio de Turismo no dio su versión de la situación a pesar de los numerosos requerimientos de este periódico. Según cuenta Rosario, el nuevo cuerpo tampoco realiza un trabajo ideal, todavía se mantienen viejas prácticas y corruptelas locales que no ayudan a la lucha contra la prostitución infantil, pero al menos hay una voluntad de los mandos por colaborar.

Entre 2003 y 2011 hubo solo tres condenas en toda la República Dominicana por explotación sexual de menores

Su asociación es uno de los principales apoyos para los menores que caen en la prostitución. Les asesoran, forman y ayudan a salir de ese mundo, aunque no es un camino sencillo, porque en muchas ocasiones los menores no tienen donde ir ni de dónde sacar dinero una vez que dejan la calle.

A ellos acudió Gabriela Flores hace años. Aunque ella ya no es una niña y, en teoría ha abandonado esta práctica, cuando se le pregunta reconoce que “de vez en cuando” baja a la calle a buscar algún cliente. “Necesito el dinero para alimentar a mis hijos”, justifica. A sus 23 años, tiene cuatro, algo que en la República Dominicana es muy frecuente. Trabaja en casa como peluquera, pero asegura que, en ocasiones, el dinero no le alcanza. Además de este empleo, ha retomado los estudios de primaria. Quiere finalizarlos para acceder al bachillerato y cursar Derecho. Cuando era niña no pudo obtener el graduado escolar porque la señora que la cuidaba —con quien la dejaron sus padres por no poder mantenerla— murió cuando ella tenía 14 años. Fue entonces cuando bajó a la calle. "Una amiga y yo comenzamos a acostarnos con turistas para sacar dinero. De todas las nacionalidades. Cada día hacíamos tres o cuatro servicios", narra. Les cobraban entre 1.500 y 3.000 pesos (entre 30 y 60 euros), con lo que en un mes podía cobrar alrededor de 100.000 pesos (unos 2.000 euros), lo que multiplica por 10 el salario mínimo del país. Pero no ahorraban, vivían al día: "Comprábamos ropa, tonterías... No nos preocupábamos por el futuro", reconoce.

Ahora sí lo hace. Por el suyo y el de sus hijos. El mayor, de seis años, fue el detonante para proponerse dejar la prostitución y acudir a Caminante. Hoy no sabe si les dirá algún día a qué se dedicó (y a qué se dedica todavía en ocasiones) su madre. "Quizás es mejor que se enteren por mí que por otra persona", reflexiona.

Su historia es un patrón que se cumple en muchos casos de menores prostituidos. Familias desestructuradas, dinero que parece fácil y falta de alternativas. Según cuenta Baró, una de las mayores dificultades que se encuentran cuando liberan a los menores de la explotación es que no vuelvan a ella. "Es frecuente que pasen por casas de acogida temporal, no se les ubique de forma definitiva y al poco vuelvan a caer en las redes de este negocio", reconoce.

La falta de medios del Estado para combatir esta situación es clave para que no mejore. Algunas empresas asentadas en la isla centran buena parte de su responsabilidad social corporativa en intentar acabar con esta lacra. La compañía española Meliá Hotels International, que cuenta con varios complejos turísticos en la República Dominicana, fomenta todo tipo de actividades para recoger y donar fondos que tienen como destino final la lucha contra la prostitución: desde galas en los resorts en las que han actuado artistas como David Bisbal, lo que denominan "ckeck- in solidario", a través del cual se carga un dólar adicional de la primera estancia en el hotel y donaciones directas de empleados. “Además, aquí les hablamos mucho de la labor que hacemos y suelen poner más plata”, explica un empleado del hotel.

Más allá de la sensibilización y la recaudación de fondos, la compañía está trabajando en un proyecto para dar empleo a los menores que salgan de la prostitución. Rafael Torres, gerente de los resorts Paradisus de Punta Cana, explica que van a comenzar formando a unos pocos para incorporarlos a su plantilla para que esto se convierta con el tiempo en un trabajo sistemático. "Además de ayudar a estos chavales en concreto, queremos servir como ejemplo para que las empresas vean que es posible contribuir a la lucha contra la explotación sexual de forma muy activa", explica.

Los hoteles de su compañía comenzaron hace años con lo más básico que estaba en su mano para atajar estos comportamientos, formando sus empleados en protocolos de seguridad e identificación de comportamientos sospechosos para ponerlos en conocimientos de la Fiscalía. En sus instalaciones está completamente prohibido que un adulto acceda acompañado de un menor si no son parientes y para evitarlo solicitan escrupulosamente la identificación a todos los que entran. Cada vez es menos frecuente, pero todavía ocurre.

Un menor en prostitución puede sacar unos 2.000 euros al mes, diez veces el salario mínimo del país. Aunque lo normal es que los beneficios se los lleven los explotadores

La zona en la que está este hotel, en una de las más lujosas de Punta Cana, poco tiene que ver con Boca Chica. Ni el tipo de turista ni el ambiente de las calles y playas hacen pensar que allí el turismo sexual infantil sea frecuente, muy al contrario que en el otro escenario. La prostitución en los alrededores sí es muy habitual, tanto en locales habilitados para ello como en lugares tan variopintos como un lavadero de coches que funciona como un bar al aire libre en el que el camarero ofrece a los clientes chicas con las que acostarse. También es muy normal que en un local de copas corriente se acerquen a los turistas mujeres ofreciendo sexo a cambio de "un regalo". Tanto estas como las de los prostíbulos o los lavados de coches son jóvenes, pero de ninguna podría asegurarse con certeza que tiene menos de 18 años. Y todas lo niegan. Así que, por precaución o por falta de demanda, no parece que el sexo infantil sea un atractivo turístico en la zona. "Pero también se dan casos. En ciertas calles se pueden ver chicas o chicos menores, que son más frecuentes de lo que la gente piensa, prostituyéndose", matiza Torres.

Lejos de lo que se puede pensar, el cliente de esta actividad no suele ser un pedófilo. “Simplemente se encuentran con disponibilidad de estos niños y se aprovechan de ello”, asegura Selma Fernández, responsable del Programa de Prevención de la Explotación sexual Comercial Infantil de la red Ecpat International.

La concienciación entre los turistas también es, por lo tanto, crucial. Más de 1.000 actores del sector en el todo mundo (aerolíneas, agentes de viaje, hoteles…) han suscrito un Código de Conducta para tratar de erradicar estas prácticas. Pero es más sencillo concienciar a la comunidad local que a todos los foráneos que acuden a estos destinos. Raúl Valette, presidente de la asociación de comerciantes de Boca Chica, trabaja desde hace un par de años en ello. Según cuentan en Unicef, al principio era muy reacio y ni siquiera quería mencionar el tema por la mala imagen que puede dar a la zona. Hoy le quita importancia —"no es tan generalizado como la gente piensa, son excepciones"—, pero también reconoce la necesidad de poner medios para suprimirlo. "Es una labor de toda la sociedad: los restauradores, los sindicatos, los motoconchos". Coincide con la fiscal de menores: "Es el empoderamiento de la comunidad lo que realmente puede terminar con la explotación sexual infantil".

Es muy extraño que sean las víctimas quienes denuncien. Tampoco las familias suelen acudir a la policía, bien porque no existen o bien porque se lucran de este negocio. Los turistas que pagan por sexo con menores, obviamente también lo silencian. Y quien va a disfrutar de una semana de relax a la sombra de una palmera, raramente se implica si ve alguna conducta sospechosa. Así que está en manos de los propios dominicanos y de sus autoridades acabar con esta práctica. Tras mucho tiempo de indiferencia, al menos parece que ya se han puesto a trabajar.