Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra
LA CUARTA PÁGINA

Fracaso de Mas, ocasión para todos

Las elecciones de septiembre, convocadas por el presidente catalán, alargan demasiado el periodo de provisionalidad. Pero también son una oportunidad para acabar de una vez con la turbulencia política

 La insólita convocatoria de las elecciones autonómicas catalanas a ocho meses vista supone, ante todo, un fracaso de CiU y de Artur Mas y un triunfo de Junqueras y Esquerra Republicana. Sólo hay que ver la foto del momento en que fue anunciada.

Como es sabido, en los sistemas parlamentarios, la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones suelen ser competencia exclusiva de los presidentes del Ejecutivo. Así es en España, y también en Cataluña, aunque no en otras comunidades. Pues bien, Artur Mas anunció la convocatoria flanqueado por Oriol Junqueras y por las presidentas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Omnium Cultural, Carme Forcadell y Muriel Casals, respectivamente, así como por el presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia, Josep Maria Vila d’Abadal. El presidente catalán había estado reunido con todos ellos durante las cinco horas previas al anuncio. Tras dos meses de desencuentros e indecisiones, Artur Mas se había rendido. Renunciaba a prolongar su mandato y, también, a su prerrogativa estatutaria de disolver y convocar libremente: había pactado con los allí presentes la fecha electoral y las líneas generales de un plan sobre el camino a recorrer de ahora en adelante hasta alcanzar la hipotética independencia.

La derrota de Mas se refleja bien en las imágenes del acto: la efusividad perfectamente descriptible de la encajada de manos con Junqueras y, un paso atrás, entre ambos políticos, la cara de satisfacción de Carme Forcadell, la mediadora necesaria del acuerdo debido a su capacidad para organizar movilizaciones callejeras. Como decíamos la semana pasada, la fatal decisión de Mas, en septiembre de 2012, de confundir una manifestación con todo un pueblo, le ha convertido en prisionero de quienes organizaron aquella manifestación.

La parodia de consulta de noviembre demostró que el independentismo es minoritario

Cataluña es autónoma pero no independiente. Mas no es ni independiente ni autónomo, quiere la independencia pero él no lo es, sino que se encuentra estrechamente atado a las decisiones de quienes controlan la calle. Sabía que, si ahora accedía a sus peticiones, al día siguiente le hubieran convocado una enorme manifestación delante del Palau de la Generalitat en la que, además, participarían muchos miembros de su propio partido y buena parte de sus votantes.

Con su falta de autoridad, su impostada actitud de Mesías dispuesto a conducir a su pueblo hasta la independencia prometida, está cambiando el carácter mismo de CiU, un partido —o federación de partidos— en el que cabían radicales, moderados y hasta moderadísimos, una equilibrada combinación que Jordi Pujol consolidó a partir de las elecciones de 1984 al recoger buena parte del voto de UCD, recién disuelta.

Ahora, buena parte del voto radical se ha ido a ERC y mucho voto moderado está asustado ante las consecuencias de esta lenta marcha hacia la supuesta independencia. “El negoci és el negoci”, se dice en Cataluña. Y la independencia, excepto para aquellos que no votan con la cabeza sino con los sentimientos, “és un mal negoci”: tras echar cuentas, muchos han calculado que no les sale a cuenta. Y en Cataluña se cuenta mucho, hasta los pasos de la sardana. CiU va reduciendo su espacio electoral justo en la medida que aumenta el de ERC. A ello no sólo han contribuido los errores de Mas sino también los escándalos de corrupción política: el caso Palau, incomprensiblemente atascado en los juzgados y, muy especialmente, el caso de la familia Pujol, que dará mucho juego en los próximos ocho meses. Junqueras se frota las manos: la centralidad del nacionalismo se está trasladando —si no se ha trasladado ya— hacia su partido. La CiU de otros tiempos puede pasar a la historia.

Las elecciones en septiembre no son una buena noticia porque alargan demasiado el período de provisionalidad en que vive Cataluña: no sólo no se gobierna, ya que toda la actividad política está abocada al proceso soberanista, sino que la incertidumbre ya está provocando serios perjuicios económicos.

Según datos oficiales del Registro de Inversiones, desde fines de 2010 —en que Mas gana sus primeras elecciones y se empieza a mencionar el término independencia— hasta septiembre de este año, la inversión extranjera en Cataluña es sólo una cuarta parte de lo invertido en la Comunidad de Madrid, con un peso económico y un PIB similar. Exactamente, 42.569 millones en Madrid y 11.464 en Cataluña. Pero ello va a más. En los meses de enero a septiembre de 2014, la inversión extranjera ha caído en Cataluña un 45% respecto al mismo período del año anterior, y las desinversiones han aumentado un 42%. En este mismo período, en el resto de España las desinversiones han disminuido un 56% y en la Comunidad de Madrid la inversión extranjera ha quintuplicado la de Cataluña. Si las elecciones se hubieran celebrado en marzo hubiéramos podido acortar esta triste agonía.

Pero no ha sido así, y las elecciones de septiembre son una gran oportunidad para terminar con este período de turbulencias e inestabilidad política. La parodia de referéndum del pasado 9 de noviembre mostró a las claras que los partidarios de la independencia eran minoría. Si esto sucede cuando todos los independentistas fueron a votar y, dado que el voto salía gratis, también acudieron a la cita muchos otros que aseguraban que si fuera de verdad pasarían del sí al no, no parece nada probable que triunfe una mayoría independentista.

La incertidumbre soberanista está causando graves perjuicios económicos

Ahora bien, para que esto suceda el planteamiento de las elecciones debe ser claro, es decir, los partidos independentistas deben fijar en su programa, de forma patente e indudable, que su plan de acción es, en caso de ganar, conseguir inmediatamente la independencia detallando el plan que debe conducir a la misma. Asimismo, los no independentistas deben expresarlo también con la misma claridad y, en su caso, definir los cambios que proponen, por las vías legales, respecto a la organización territorial del Estado. De esta manera, con programas que no ofrezcan dudas, el elector sabrá a qué atenerse al depositar su papeleta. Esta claridad debe trasladarse a la lectura de los resultados: ¿cuál debe ser el porcentaje de unos y otros para que se consideren ganadores y perdedores?

Estas elecciones deberán ser también una ocasión para el debate, para entender qué significa para los catalanes y para los españoles que Cataluña se separe de España y no forme parte de la UE. Este debate apenas se ha esbozado y en Cataluña está seriamente distorsionado por unos medios de comunicación oficiales, tanto radio como televisión, que incumplen cada día de forma escandalosa todos los requisitos de objetividad, neutralidad y pluralismo que prescriben las leyes, con el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) mirando hacia otro lado.

Pero, además, este debate debe dar un salto cualitativo importante, no puede dejarse en manos de unos tertulianos profesionales que en muchas ocasiones no saben ni de lo que hablan o de unos periodistas que disparan desde su trinchera respectiva llevando a cabo más una tarea de propaganda que de opinión razonada. Ahora estamos en el momento de la verdad y es preciso que esta se averigüe a través de informes y dictámenes cuya autoría se encargue a especialistas neutrales, a poder ser extranjeros, de reconocido prestigio. El impacto de sus fundadas y argumentadas opiniones puede ser decisivo en la actitud de muchos ciudadanos catalanes que hace tiempo están esperando que alguien con autoridad en su ámbito de conocimiento —económico, financiero, jurídico, histórico o político— les diga la verdad de los hechos y les oriente cara al futuro.

Por tanto, para concluir, estamos ante una gran ocasión: ya no contaremos manifestantes sino votos que serán emitidos en elecciones legales, ante perspectivas que deben ser claras, por ciudadanos que deben contar con la información necesaria para saber las consecuencias de los mismos.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.

Más información