Discutida querella

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite la querella de la fiscalía (entre otras) contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la convocatoria del informal referéndum independentista del 9-N. En ella se acusa a Mas de varios delitos, especialmente del de desobediencia a la resolución del Tribunal Constitucional que lo suspendió.

La primera andadura judicial de la querella ha sido tan discutida como su fragua fiscal: el tribunal tardó cuatro horas en decidir su admisión (cuando suele ser automática si su presentación cubre las formalidades básicas); lo hizo por mayoría; y ni siquiera evacuó citación al querellado para una fecha concreta.

Si su admisión ha sido discutida es porque la querella era discutible. Para que una desobediencia sea perseguible como delito debe registrar una serie de requisitos. Mientras el amplio acopio jurisprudencial del primer escrito de los fiscales catalanes sostenía que entre ellos debe figurar un requerimiento expreso y personal, otras resoluciones judiciales enarboladas en la acusación final abonan lo contrario. Se trata, pues, de un tema litigioso. Y no está de más recordar que el garantismo penal prescribe que en caso de duda, hay que favorecer al reo.

Pero si el planteamiento jurídico admite, por la complejidad del caso, distintas posiciones igualmente legítimas, el factor político de este asunto parece meridiano. La judicialización del 9-N es la peor respuesta a las —por otra parte, pésimamente planteadas por las instituciones autonómicas— reivindicaciones de una parte de la sociedad catalana.

Cuando no se sabe encauzar un problema político y se utiliza el entramado institucional para darle carpetazo en el área judicial, se duplica el problema político: al desafío original se le añade la evidencia de la incapacidad para encauzarlo sensatamente. Peor: se triplica, al dar alas al victimismo nacionalista. Lamentable.