Una renuncia obligada

La infanta Cristina debe renunciar a sus derechos a la Corona de España, cualquiera que sea el resultado del procedimiento conocido con el nombre de caso Nóos en el que se encuentra incluida junto a su marido, Iñaki Urdangarin, y otras personas. Cabe esperar que la Infanta tome la determinación por sí misma; de lo contrario, las Cortes tendrían que ocuparse de ello.

La cuestión jurídica que se debate es si participó o no en los delitos tributarios presuntamente cometidos por su marido a través de la empresa que poseía a medias con ella, Aizoon. El fiscal, que acusa a 14 personas en total, no encuentra pruebas para que el procedimiento penal continúe contra la Infanta, pero entiende que pudo haberse beneficiado de los presuntos delitos fiscales de Urdangarin. Por eso reclama a doña Cristina la suma de 587.413 euros, como partícipe en aquellos a título lucrativo.

Según el criterio del ministerio público, el pago de esa cantidad dejaría extinguida la responsabilidad civil de la Infanta simultáneamente a la penal. Pues bien, los abogados de doña Cristina han anunciado la consignación inmediata de esa suma. Ahora corresponde al juez José Castro —y en su caso, a la Audiencia de Palma— decidir si esto es suficiente para archivar el procedimiento en lo referido a la Infanta, o si debe continuar adelante también en lo que a ella se refiere.

Discusiones jurídicas al margen, la cuestión afecta a un familiar del Rey que se encuentra en la línea sucesoria. Es verdad que doña Cristina no forma parte de la familia real, no recibe asignaciones del presupuesto público y carece de una agenda oficial que le permita representar a la Corona en acto alguno. Sin embargo, las graves acusaciones que pesan sobre su marido —para quien el propio fiscal pide penas que podrían sumar hasta 19 años de cárcel— responden a presuntos delitos que no habrían sido cometidos si él no hubiera sido yerno del anterior monarca y marido de una de sus hijas.

Si el propio fiscal constata que doña Cristina se ha lucrado de esos hechos, es imposible mantenerla en la línea sucesoria. Aun en el supuesto de que la Infanta no supiera de las maniobras en la trama empresarial manejada por su marido, es evidente que se jugó al equívoco cuando Urdangarin y su socio se presentaban a altos cargos de diferentes instituciones (Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid) para obtener fondos públicos de los que, presuntamente, terminaron apoderándose.

Es prudente asegurarse de que una persona en estas condiciones no pueda ser reina de España. Quien ocupa el sexto lugar en el orden sucesorio tiene posibilidades muy pequeñas de acceder a la Jefatura del Estado, pero conviene cerrar definitivamente esa puerta.

El rey Felipe VI ha dejado muy claro su deseo de una Monarquía intachable. Ha prohibido a la familia real aceptar favores o regalos que les comprometan, quiere evitar remuneraciones privadas y ha encargado que sus cuentas sean revisadas por una auditoría externa. Las cosas están cambiando, y eso incrementa la confianza de los ciudadanos en el compromiso de renovación lanzado por Felipe VI en su discurso de proclamación. Todos los pasos que ha dado desde entonces se han visto respaldados por un grado elevado de aprobación popular (67%, según Metroscopia).

Sería absurdo comprometer esa posición de integridad, que aplaudimos, manteniendo una zona de sospechas respecto a la línea sucesoria, por remota que sea la posibilidad de que llegara a materializarse. Más allá de las responsabilidades legales, la confianza en las instituciones exige despejar cualquier duda al respecto.