Conviene que renuncie

La imputación de la infanta Cristina como cooperadora en dos delitos fiscales no es una inculpación ni una condena, pero sí un hecho que debe someterse “al escrutinio del juicio oral”. Los tres jueces que han tomado la decisión reducen el peso de la carga que pesa sobre doña Cristina, puesto que la exculpan del supuesto delito de blanqueo, pero la mantienen en el proceso por el presunto fraude tributario. Ahora será el juez instructor, José Castro, el competente para tomar la decisión sobre qué personas deben ser juzgadas, la infanta entre ellas.

La resolución no prejuzga culpabilidades, pero entiende que, si bien los presuntos delitos fiscales habrían sido cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, doña Cristina ha podido contribuir a la defraudación. La infanta se verá abocada a un juicio, a no ser que previamente se declare conforme con lo que se le imputa; o que el juez Castro le ahorre el banquillo por aplicación de la llamada doctrina Botín, si la fiscalía y la abogacía del Estado mantienen el criterio de que no hay materia para acusarla. La posibilidad de escapar al juicio por ese portillo es dudosa, dado que la propia Audiencia señala “un matiz” que diferencia este sumario del caso de las cesiones de crédito que da nombre a esa doctrina jurisprudencial, y que consiste en que la fiscalía sí piensa acusar por delito fiscal a otros implicados en el caso Nóos.

Doña Cristina tiene tanto derecho como los demás a la presunción de inocencia. Una circunstancia particular le diferencia, sin embargo, del resto de los implicados: ella figura entre las personas sobre las que hipotéticamente podría recaer la Corona de España. Solo una impensable sucesión de tragedias lo haría realidad, dado que es la sexta en el orden sucesorio. Aun así, la propia infanta debería reflexionar sobre la conveniencia de renunciar a toda expectativa respecto a sus hipotéticos derechos sucesorios.

Doña Cristina no forma parte de la familia real, no recibe asignaciones del presupuesto público y carece de una agenda oficial que le permita representar a la Corona en acto alguno. Tiene plena capacidad de defenderse con las armas legales al alcance de las personas sometidas al Estado de derecho, pero esas peripecias deben vivirse desde la condición de ciudadana, desvinculada de cualquier relación con la sucesión a la Corona, por remota que sea la posibilidad de que esto llegara a afectarle.

El momento de plantearse la renuncia es pertinente. Durante la declaración prestada ante el juez Castro, el 8 de febrero pasado, la infanta sostuvo que nunca había tenido control alguno sobre las cuentas de Aizoon, la sociedad que poseía al 50% con su marido, y que desconocía lo que este hacía con la empresa. Tales afirmaciones no han bastado para desvirtuar la imputación contra ella, como tampoco el criterio del fiscal, basado en la Agencia Tributaria, sobre la imposibilidad de cometer defraudación por parte de un simple socio que no gestionaba la empresa. Eso sí, en la resolución de ayer los jueces adelantan el criterio de que el supuesto delito de la infanta contra Hacienda se reduce a “su modalidad básica y no el agravado de uso de sociedades instrumentales”, y además podría favorecerla una circunstancia atenuante. Pero el hecho central es que sigue imputada.

El rey Felipe VI ha dejado muy claro su deseo de una Monarquía honesta y su respeto a la independencia judicial. La Casa del Rey reiteró ayer ese pleno respeto, una vez conocida la decisión de la Audiencia de Palma, y precisó que la renuncia de doña Cristina a sus derechos sucesorios “es una cuestión que le corresponde considerar a la Infanta”. Don Felipe no va a pedírselo ni a presionarla. Ella debería hacerlo de forma voluntaria.