El imperio de la ley

Dice el filósofo Marcel Gauchet que en la política francesa lo que determina la hegemonía es el punto de confluencia de las reivindicaciones nacionales y de las reivindicaciones sociales. Marine Le Pen se ha hecho con el voto de los decepcionados por las políticas de la derecha y de los decepcionados por el fracaso en redistribución social de la izquierda. Por eso el Frente Nacional es hoy el partido con mayor base popular. Algo parecido ocurre en España, en este caso con Podemos como potencial beneficiario. Se anuncia alta tensión para el año electoral que se avecina. El PP busca rescatar a los frustrados por los síntomas de pérdida de control de la situación catalana y el PSOE recuperar imagen social. Pero ambos luchan contra un déficit insuperable de credibilidad.

El PP opta por el palo en Cataluña, lanzando como ariete a la Fiscalía General del Estado, en una operación que sólo puede acabar mal: o la querella muere en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, con un nuevo fracaso de Rajoy; o entramos en un proceso judicial que sólo agrandará la fractura. El PSOE radicaliza su discurso social, en algún momento tendrá que hacer algún guiño a Podemos, y necesita marcar distancias con el PP para minimizar su responsabilidad en el cierre bipartidista del sistema, pero siempre con miedo a aparecer como débil en la defensa de la patria.

No hay peor político que el que carece de autoridad, porque para demostrar que manda puede hacer cualquier disparate

La política es reconocimiento de la realidad, capacidad de iniciativa y autoridad (que no autoritarismo). El Gobierno del PP vive en la negación de la realidad, siempre llega tarde, y su presidente ya solo conserva alguna autoridad sobre su partido. Rajoy nunca ha querido mirar de cara a la cruda realidad social de España, la pobreza, la desigualdad, escudándose en indicadores macroeconómicos ajenos a la percepción ciudadana; nunca ha aceptado el grado de deterioro de las instituciones; nunca ha reconocido la dimensión de la corrupción; siempre ha minimizado el secesionismo en Cataluña.

Ciertamente no hay democracia sin legalidad, pero como instrumento nunca como fin. La filosofía espontánea de los juristas tiende a confundir la ley con la realidad, con la moral y con la política. Como si sólo fuera digno de existir lo que es legal y todo lo que la ley permite fuera moral. Dos millones de personas en una votación reivindicativa y pacífica en democracia no puede ser una cuestión penal. Es política. Y hay que tratarla como tal. El caso catalán se está convirtiendo en la prueba de la capacidad democrática del régimen. La democracia es reconocimiento del otro. No hay peor político que el que carece de autoridad, porque para demostrar que manda puede hacer cualquier disparate. Se empieza cargando a la justicia con tareas políticas que no le corresponden, se sigue con la suspensión de la autonomía y se acaba mandando a la autoridad competente, militar por supuesto. ¿Es esto lo que algunos llaman imperio de la ley?