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LA CUARTA PÁGINA

Solé Tura y el derecho a decidir

La autodeterminación sólo está justificada para combatir sistemas antidemocráticos. Como explicó el fallecido ponente constitucional, la independencia sería una catástrofe económica y social para los independizados

Jordi Solé Tura fue ampliamente conocido por su condición de político durante los años de la Transición. Entonces tuvo un papel de primera fila como diputado comunista y, muy especialmente, como ponente constitucional, fue uno de los siete “padres de la Constitución”. Pero Solé tenía ya una larga historia detrás como activo luchador por la democracia, como universitario y como intelectual. Un bagaje nada común entre los políticos de hoy.

En uno de sus últimos libros (Nacionalidades y nacionalismo en España. Autonomías, federalismo y autodeterminación, Alianza, Madrid, 1985) dedica un capítulo a estudiar el contenido del llamado derecho de autodeterminación, hoy tan de moda bajo el nombre de derecho a decidir. En realidad, leído hoy, casi 30 años después de su publicación, todo el libro, y no sólo este capítulo, tiene un gran interés, no ha envejecido con el tiempo, quizás al contrario: la perspectiva actual nos permite valorar mejor muchos de sus enfoques y juicios, algunos premonitorios.

La reflexión de Solé sobre el derecho de autodeterminación está provocada por una anécdota parlamentaria. En la Comisión Constitucional del Congreso, durante el proceso de redacción de la Constitución, el diputado Letamendía, entonces de Euskadiko Ezquerra, propuso una enmienda para introducir el derecho de autodeterminación. La propuesta, como era de esperar, fue rechazada con el voto en contra de todos los diputados asistentes, a excepción de Marcos Vizcaya, representante del PNV, que se abstuvo. Pero lo que sorprendió a Solé —que por supuesto votó en contra— fue que Miquel Roca Junyent y Rudolf Guerra, representantes de Convergència y del PSC, respectivamente, se ausentaron de la sala unos minutos antes de la votación alegando repentinas y nada creíbles “urgencias fisiológicas”, llegando incluso a enviarle una nota mediante un ujier del Congreso, en la que le instaban a que también él experimentara tan repentinas “urgencias”.

¿Por qué los nacionalistas y los socialistas catalanes se sintieron tan incómodos ante la enmienda Letamendía y decidieron ausentarse en el momento de la votación? ¿Por qué este comportamiento tan ambiguo precisamente en esa cuestión? En el fondo, todo el capítulo es una indagación para intentar responder a estas preguntas.

Muchos partidos catalanes de izquierda están jugando peligrosamente con la consulta

Solé Tura parte de un concepto de derecho de autodeterminación semejante al de la ONU, en especial el contenido en la Resolución 2625 (1970) de su Asamblea General, cuando trata del derecho a la libre determinación de los pueblos. Solé considera este derecho como “un principio democrático indiscutible, pues significa que todo pueblo sometido contra su voluntad a una dominación exterior u obligado a aceptar por métodos no democráticos un sistema de Gobierno rechazado por la mayoría tiene derecho a su independencia y a la forma de Gobierno que libremente desee”. Desde esta perspectiva, afecta a la soberanía externa y a la interna, es decir, tanto a la independencia, a que un Estado no esté sometido a la voluntad de otro Estado (soberanía externa), como también a la democracia, a que ciudadanos libres e iguales puedan elegir a sus gobernantes (soberanía interna).

Debe subrayarse que esta concepción del derecho de autodeterminación se expresa exclusivamente en términos de democracia, de libertad y de igualdad, sin mezcla alguna con el principio de las nacionalidades, defendido desde las ideologías nacionalistas, según el cual toda nación, entendida en sentido cultural o identitario, tiene derecho a un Estado propio.

Muestra Solé como este derecho solo está justificado, en determinados contextos políticos, para combatir a sistemas absolutistas y antidemocráticos en los que no se respetan los derechos fundamentales. Por ejemplo, en el pasado, además de los precedentes de Estados Unidos y de las colonias españolas en América, se invocó el derecho de autodeterminación en las luchas contra los grandes imperios ruso, austrohúngaro y otomano, que desaparecieron tras la guerra europea. Más tarde, lo invocaron también los movimientos anticoloniales tercermundistas de mediados de siglo pasado. En todos estos supuestos se trataba de independizarse de la metrópolis no por cuestiones de identidad nacional sino porque las leyes eran discriminatorias e impedían a los colonizados estar en situación de igualdad de derechos respecto de los ciudadanos de la metrópolis.

El carácter instrumental del derecho de autodeterminación se ve claro en la disputa entre Lenin y Rosa Luxemburgo. El primero estaba a favor del derecho de autodeterminación porque la Rusia de los zares era un gran imperio absolutista y su desmembración podía ser aprovechada para llevar a cabo reformas democráticas. Por el contrario, Rosa Luxemburgo, que era polaca, estaba en contra del derecho de autodeterminación porque ello supondría en su país el triunfo de la aristocracia nacionalista más reaccionaria. “No se trataba de una discusión genérica, abstracta y dogmática —dice Solé Tura— sino de una discusión política en función de unos problemas muy concretos (…) El derecho de autodeterminación no puede verse nunca al margen del contexto político en que se proclama y se ejerce”.

Es precisamente en las páginas finales donde Jordi Solé hace unas consideraciones sobre el contexto político español del momento en que se publica el libro. “En un país como el nuestro a estas alturas del siglo XX —dice— creo que no se puede seguir hablando del derecho de autodeterminación como mero principio ideológico, es decir, sin explicar claramente sus implicaciones políticas y, por tanto, sin ponerlo en relación con nuestro proceso histórico, con el modelo de Estado que hemos heredado y con el que se define en la Constitución (…)”. Y añade que la izquierda no puede ser ambigua en este tema ya que tal ambigüedad solo puede beneficiar a los partidos nacionalistas “en la medida que estos tienen en la ambigüedad su razón de ser”, pero “la izquierda no puede ser ambigua so pena de dejar de ser izquierda”.

La corrupción hace daño a la democracia, pero también la ignorancia y el relativismo moral

Llegados a este punto, Solé analiza las consecuencias de la independencia de una parte de España y la creación de un nuevo Estado. Sostiene que un proceso que condujera a este objetivo significaría una grave conmoción para el conjunto y, en especial para el nuevo territorio formalmente independiente, supondría una “auténtica catástrofe económica y social”.

Y agrega: “Aun suponiendo que el derecho de autodeterminación se entendiese como una consulta electoral en el territorio que aspirase a la independencia, es indudable que a esta consulta electoral sólo se podría llegar, o bien a través de un proceso insurreccional, o bien a través de una gran batalla política, con elementos insurreccionales por medio (…) Un conflicto de estas características no sería un choque entre la izquierda y la derecha, ni entre el progresismo y la reacción, sino un conflicto que atravesaría todas las clases sociales de España y que escindiría profundamente la sociedad (…)”. Siguiendo con la lógica de estos razonamientos, Solé Tura se pregunta si todo ello no “significaría también la ruptura de todos los partidos, sindicatos y grupos de la propia izquierda”, para concluir diciendo que “la izquierda no puede jugar con el derecho de autodeterminación”.

En los últimos años, muchos partidos de izquierda catalanes, en concreto el PSC e IC, están jugando con el derecho de autodeterminación, al que ahora denominan derecho a decidir. En este mes se cumplen cinco años de la muerte de Jordi Solé Tura. Uno siente nostalgia de ciertos viejos políticos, de su forma analítica y racional de enfocar los problemas, de sus vastos conocimientos, de su coherencia con unos principios, de emitir opiniones sin estar obsesionados por la repercusión de las mismas en las encuestas en los sondeos y en las próximas elecciones.

La corrupción económica hace mucho daño al sistema democrático. Pero también hace daño, quizás más, la ignorancia y el relativismo moral: juguemos al derecho a decidir, parece que una mayoría lo quiere, no vaya a ser que perdamos votos. Solé Tura era de una madera distinta.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional.

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