Delimitar las culpas

El caso de las tarjetas negras de Bankia entró ayer en la vía judicial con la comparecencia, como imputados, de los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato y el ex director general de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj. El hecho de que el juez Andreu haya impuesto una fianza civil de 16 millones de euros a Blesa y tres millones a Rato —por encima de lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)— significa que considera a ambos responsables del sistema perverso de retribución, si bien en distinta cuantía. También puede interpretarse como la voluntad del tribunal, a petición de fiscalía y FROB, de recuperar un dinero expoliado —primero a Caja Madrid y después a Bankia— mediante un sistema de retribuciones al margen de los controles, usado además para someter a obediencia el voto de los consejeros.

La cuantía de la fianza permite interpretar con verosimilitud el distinto grado de responsabilidad que se atribuye a los imputados por el juez Andreu: está claro que no tienen el mismo grado quienes crearon y fortalecieron un sistema perverso de apropiación en la entidad que quienes transigieron con él o simplemente se beneficiaron de su existencia. La delimitación de responsabilidades es un criterio y una obligación jurídica, además del mejor modo para entender cómo llegó a gestarse un sistema corrupto que perduró durante años, ayudado por la inacción de los reguladores (Hacienda y Banco de España).

Así pues, la imputación de Blesa, Rato y Barcoj y los pasos legales posteriores deberían tener como objetivo determinar quién puso en funcionamiento el sistema de tarjetas negras: si se hizo bajo el mandato presidencial de Miguel Blesa o si debe remontarse a presidencias anteriores (como sostuvo ayer ante el juez el imputado Sánchez Barcoj). Por más que cause escándalo el desmesurado gasto en negro de consejeros y directivos, la responsabilidad principal es de quien concibió el artefacto de ocultación; algo que bien podría encuadrarse, si el juez así lo considera, entre los delitos de alzamiento de bienes y administración desleal. Si se admite la distinción entre culpables y responsables, quienes crearon las tarjetas negras caerían entre los primeros y quienes las prolongaron, entre los segundos.

Tampoco hay que olvidar que en este caso hay delitos conexos. Uno de ellos es el de la posible ocultación y tergiversación de retribuciones al Banco de España por parte de los gestores de la entidad, antes o después de una intervención pública que ha costado a los contribuyentes 22.400 millones. Estos delitos, si los hubiere, deben ser investigados con la misma seriedad que el expediente de la quiebra de Bankia (del que las tarjetas negras forman pieza separada) y ser sancionados con igual rigor. El sistema financiero depende de la credibilidad de sus gestores y reguladores; transmitir el mensaje de que algunas conductas pueden quedar impunes es un modo eficaz de arruinarlo.