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LA CUARTA PÁGINA

Frente al desafío, las razones y la ley

Se sabe que las pretensiones secesionistas catalanas son ilegales; hace falta probar ante los ciudadanos que son además ilegítimas. Y para eso convienen argumentos que priven a tales pretensiones de su apoyo legitimador

Por el momento, del combate que enfrenta al Gobierno de España con la Generalitat de Cataluña lo único seguro es quiénes serán sus perdedores. Serán los catalanes y el resto de los españoles. Resulta más difícil predecir sus ganadores, aunque uno aventura que ahora mismo es la Generalitat. No es que haya proclamado principios inapelables, porque ninguno se le escucha que avale sus pretensiones, pero tampoco a los políticos profesionales suele importarles el peso de los argumentos y les basta con sumar intereses o exaltar emociones. Si ese nacionalismo va ganando ese combate se debe más bien a que enfrente sólo le responde el silencio. Desde allí nos llega el espectáculo de las banderas, las continuas bravatas y el gentío, mientras nuestros gobernantes entonan la salmodia monocorde del imperio de la ley.

Aun con bastantes años de retraso, no pasa día sin que periódicos y tertulias hiervan de enconados debates sobre el asunto, pero nuestro Gobierno se ha empecinado en no participar en él. Tal vez sea una hábil táctica para desmoralizar al adversario, pero también una magnífica ocasión perdida para enseñar al ciudadano a ser ciudadano. Lo que debería haber sido un proceso de deliberación pública, se degrada a un mero ejercicio de repetición de anatemas por aquí en réplica a las soflamas de allá. Mientras los unos comienzan por despreciarla, los otros se postran reverencialmente ante la Constitución, no ya como la última palabra sino como la única. Al parecer, lo que no está en el código no está en el mundo ni se le espera. Es la misma cansina referencia de tantos que, por eludir durante decenios enfrentarse con ideas a nuestros separatismos, han propiciado su imparable crecida y hoy no saben cómo apagar el incendio.

Ciertamente le correspondía al presidente Mas haber mostrado los fundamentos que sustentaban su reto y, de no hacerlo, era responsabilidad del presidente Rajoy el exigírselo. A fin de cuentas, sólo ese debate sería el que permitiera calibrar la legitimidad y legitimación del desafío, más allá de subrayar una y otra vez su ilegalidad. Que las pretensiones secesionistas catalanas son ilegales, es cosa sabida; lo necesario es esforzarse en probar ante los ciudadanos algo más importante: que son además ilegítimas. Y para eso conviene entrar en la liza con argumentos que priven a tales pretensiones de su apoyo legitimador. Pero a un Gobierno de fieles creyentes en su pueblo escogido, le replica otro Gobierno de creyentes en la virtud taumatúrgica de la ley. A la petición más arrogante (porque así lo quiero) le sigue el rechazo leguleyo más tajante (porque la ley lo prohíbe).

El ciudadano medio piensa que las leyes siempre pueden cambiarse según requieran las circunstancias y los ciudadanos o sencillamente los intereses de un país. Las razones, en cambio, si están bien escogidas y formuladas, suelen ser más permanentes. De manera que, cuando un Gobierno evita mencionar esas razones, se infunde al ciudadano la sospecha de que sólo se cuenta con la pura fuerza de la ley; de que adopta una actitud arbitraria o meramente defensiva de acorralado. Ocurre que vivimos tiempos relativistas, en los que se supone que de estas materias no hay argumentos mejores o peores. O, lo que viene a ser igual, que no hay que esmerarse en convencer a nadie, porque nadie tiene el derecho de intentar persuadir a nadie y rige más bien la obligación de no dejarse convencer por nadie.

No ha habido bastante información y sí una abierta manipulación de la realidad y de las mentes

Y se diría además que para muchos, donde esté lo positivo, el Derecho, que se quite lo teórico, o sea, la Moral. Como nuestras diferentes concepciones de justicia pueden tender a enfrentarnos, vayamos a los cauces legales, que son los que al fin nos reúnen. Podemos prescindir entonces de ideas propias sobre la cosa pública, porque el código ya lo contiene todo: cómo ha de comportarse el ciudadano, quiénes son los guardianes de la ley y cuál la cuantía de las penas por infringirla. Una vez situados en el polo opuesto al idílico “poder comunicativo”, sobra decir que los que albergan menos razones llevan las de ganar. El Gobierno español actual (como los anteriores), por no jugar la baza de las razones, les está dando a los nacionalistas sus mejores bazas.

En medio de tanto ruido se dejan oír dos dogmas principales. Democracia es votar, proclama simplonamente el uno; democracia es el gobierno de la ley, recuerda con parecida simplicidad el otro. ¿Costaría mucho desmontar tan peligrosas simplezas? La democracia no se reduce a votar, porque ese ejercicio ciudadano requiere múltiples aclaraciones y justificaciones previas. Primero, ¿votar qué? No es lo mismo poner a votación una medida pública cualquiera que la secesión de un territorio con vistas a formar un nuevo Estado. Los requisitos de lo uno no coinciden con los requisitos para lo otro. Votar eso, ¿por qué? Pues el caso es que no estamos ante un proceso de descolonización de Cataluña ni cabe argüir que el Estado esté violando los derechos de los catalanes... ¿Votar quiénes? Todos los afectados, debe responderse, y no que una parte —¡incluídos escolares de la ESO!— pueda imponer su voluntad sobre el todo de esos afectados.

Oiga, ¿y votar cómo? Ni la pregunta sometida a la eventual consulta resulta clara, sino retorcidamente tramposa; ni ha habido bastante información y sí una abierta manipulación de la realidad y de las mentes. ¿Votar con arreglo a qué mayoría? El sentido democrático demanda aquí una mayoría muy reforzada, a poco que se considere lo irreversible de una secesión o la profunda fractura que causaría en el seno de esa sociedad. ¿Y votar esa propuesta de independencia cada cuánto tiempo? Porque no cabe repetir ese trance consultivo cada vez que el nacionalismo oteara expectativas de victoria... En definitiva, depositar su voto (y en especial en esta clase de consulta) es seguramente lo último que le compete a un ciudadano. Antes tienen que asegurarse las condiciones para que su votación merezca llamarse democrática..., salvo que lo democrático se confunda sin más con lo mayoritario. El derecho democrático al voto tiene como límite el someterse a otros derechos y deberes democráticos.

Si no se requiere más que asentimiento a la norma, se nos estaría pidiendo prestar obediencia ciega

Mirada desde la otra acera, la democracia tampoco equivale al mero imperio de la ley, aunque sea infinitamente preferible al imperio de la tradición o del líder carismático. Pero no recitemos que hay que obedecer la ley porque así lo ordena la ley. Digamos mejor que hay que acatarla, en primer lugar, porque la mayoría considera eso que ordena —aquí, la integridad del Estado— como algo justo, conveniente o mejor que otra alternativa. Y puede apoyarlo en buenas razones. No se trata de justificar ese imperio en general, cuya necesidad ningún demócrata cuestiona, pero sí esa ley en particular.

Entre nosotros, muchos creemos disponer de argumentos poderosos para defender la unidad de España contra esos nacionalismos que por su propia naturaleza buscan romperla. Desde esta confianza atribuimos a nuestra posición una superioridad moral frente a la posición contraria. Pero si no se requiere más que el asentimiento a la norma tan sólo porque es democrática, según pide el Gobierno, aquellos argumentos y su ventaja moral estarían de más. Se estaría animando a dejar de ser ciudadanos y comportarnos como autómatas; es decir, a prestar una obediencia ciega. Como esa norma fuera insuficiente o perversa, nunca llegaría la ocasión de derogarla. Y, si acaso la tuviéramos por justa, este no sería el motivo básico ni de elogiarla ni de obedecerla, porque bastaría atenerse a su pura coerción legal.

Por eso me parece que nuestro Gobierno debería haber expuesto y debatido primero sus razones contra la secesión y recordado después la norma constitucional que la prohíbe. Para añadir enseguida que la prohíbe precisamente porque tal norma se funda en aquellas razones, en último término morales, y las condensa a todas ellas. Tal vez así no llegue a persuadir a la Generalitat, pero sí a bastantes ciudadanos de aquí y de allá. Lo resumía a la perfección el exministro canadiense Stéphane Dion hace unos días en este periódico (el pasado 14 de septiembre): “Creo que no es muy útil esconderse detrás de una Constitución. Decir: ‘mi país es indivisible porque lo dice la Constitución’ se queda corto. Detrás de esta cláusula constitucional, ¿hay un principio moral? Si lo hay, hay que formularlo”. Pues eso.

Aurelio Arteta es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Un. del País Vasco.

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