Así no se reforma

El PP parece interesado en que se sepa que Rajoy está dispuesto a cambiar la ley electoral en lo que afecta a la elección de los alcaldes aunque no haya acuerdo con los socialistas. Es decir, que prefiere correr el riesgo de una ruptura del consenso sobre las reglas de juego antes que el de perder algunas alcaldías importantes. Posibilidad que podría darse ante la dificultad de ese partido para repetir las mayorías absolutas que le mantuvieron protegido frente a alianzas más o menos heterogéneas que intentaran desplazarle.

Rajoy adelantó a comienzos del verano su intención de proponer una reforma en favor de la elección directa de los alcaldes: que lo fuera el cabeza de lista del partido más votado. Es una idea que ha aflorado varias veces desde hace años, casi siempre ante situaciones en las que fuerzas minoritarias y frecuentemente muy alejadas entre sí se concertaban para impedir gobernar al partido ganador si no alcanzaba la mayoría absoluta. Con derivaciones como el reparto de cuotas de poder a la italiana y efectos como los conchabeos para tapar manejos irregulares.

La reforma favorecería la gobernabilidad de los municipios y una relación más directa entre representantes y representados, según se ha venido argumentando desde que el PSOE propuso en 1998 una medida de ese tipo, como ahora le recuerda el PP. Sin embargo, aplicada en crudo plantea problemas obvios: con la creciente fragmentación del voto, podría darse el caso de un alcalde elegido con menos del 30% de los votos (y con más de un 70% en la oposición) lo que en absoluto favorecería la gobernabilidad, ni tampoco la representatividad de la autoridad municipal. Por eso los socialistas, contrarios a la propuesta, responden que la suya incluía un sistema de doble vuelta, de forma que si ningún partido tenía mayoría absoluta los dos más votados se enfrentasen en una nueva votación decisiva que garantizaría un alcalde legitimado por una mayoría de electores.

Los populares estarían dispuestos a considerar esa fórmula, aunque preferirían otra ya probada en algunos países: la llamada prima de mayoría que en ausencia de mayoría absoluta garantizaría la asignación de la mitad más uno de los concejales a la lista que alcanzase un mínimo establecido en la ley; por ejemplo, el 40%, siempre que la diferencia con la fuerza siguiente en votos superase un tope dado (por ejemplo, cinco puntos porcentuales).

El debate real está por tanto en la letra pequeña: como hacer compatible la elección directa del alcalde con la de un colegio de concejales que refleje la pluralidad política y permita controlar a esa autoridad. Por ejemplo, convendría aclarar si ese alcalde sobrelegitimado por el voto personalizado puede ser removido de su cargo por una moción de censura. Y mientras estas cuestiones no sean aclaradas, debatidas y acordadas, la reforma parecerá lo que seguramente es: una operación política para que un partido conserve ciertas alcaldías.