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Después de 2015: ¿cooperación o barbarie?

El informe anual de la Plataforma 2015 y más critica la "vertiginosa carrera hacia el desmantelamiento" de la política española de cooperación al desarrollo con la crisis como pretexto

La Plataforma 2015 y más publica un año más, y van once, su informe anual sobre las políticas de desarrollo internacional. En el mismo se hace un repaso del estado del mundo, un análisis de las principales tendencias políticas y un repaso de cómo las personas se están organizando para dar respuestas a sus demandas.

El mundo no ha alcanzado las metas en materia de desarrollo que se propuso superar cuando inició el siglo XXI. El informe proyecta los datos disponibles sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio que presentan un panorama desalentador cuando en el 2015 se termina el plazo, puesto que tan sólo puede hablarse de progreso generalizado en la región Asia Meridional a la que pertenece China, país que en los últimos treinta años ha modificado radicalmente sus cifras de pobreza. África sigue muy lejos de las metas acordadas, que de por sí no eran especialmente ambiciosas, y apenas cumple en cifras de prevención de algunas enfermedades. Todas las regiones del mundo se alejan de las metas en materia de recursos naturales (ODM7) proporcionando un panorama de insostenibilidad ambiental que supone una amenaza creciente para todo el planeta. Desde una perspectiva global, el mundo está muy lejos de parecerse al que todos los jefes de gobierno acordaron que tendríamos para estas fechas. El informe selecciona 12 indicadores representativos de los que sólo cuatro han sido alcanzados (reducción de pobreza de ingresos, equiparación matrículas escolares por sexos, reducción nuevos infectados por SIDA y población con acceso a agua potable) y sólo en algunas regiones, aunque las medias ponderadas mundiales lleguen al aprobado raspado. Los otros ocho indicadores (hambre y desnutrición, escolarización primaria, empleos remunerados y representación política de las mujeres, tasas de mortalidad infantil y materna, reducción de emisiones de CO2 y población con acceso a saneamiento básico) no pueden siquiera “esconderse” en las medias, mostrando que los progresos –cuando los hay– son lentos, insuficientes y se limitan a regiones o países que han aplicado políticas específicas para resolver problemas.

El octavo Objetivo que recogía los compromisos de los países ricos ha quedado prácticamente en el olvido debido a su inconcebible racanería y a cierta involución que se observa en la concepción del propio desarrollo humano. Demasiadas voces en distintos espacios tratan de hacer valer una visión del desarrollo limitada al crecimiento económico medido en términos de renta disponible. Y es que, como se subraya en el título del informe, este periodo que nos encamina a la fecha mítica se caracteriza por un profundo desacuerdo sobre la concepción del desarrollo (Hacia 2015: visiones del desarrollo en disputa).

Especialmente en nuestro entorno europeo, plagado de países antaño ricos y cuyos gobiernos apenas reaccionan a la crisis financiera mediante planes de ajuste fiscal y programas de reducción de gasto público, la crisis parece haberse convertido en el perfecto pretexto para abandonar los compromisos y para tratar de alejar las transformaciones estructurales profundas del sistema económico y político internacional que subyacían en los Objetivos del Milenio y que deberán ser abordadas, más pronto que tarde, por los gobernantes en todo el mundo. Nos referimos a la transformación del modelo de producción, comercialización y consumo de bienes, que además de contribuir a ampliar una brecha entre quienes acceden y quienes no acceden a los bienes y servicios, está basado en una explotación suicida de los recursos naturales planetarios. Nos referimos a la transformación de la dictadura del crecimiento económico como forma de medir el progreso de las sociedades, que ha de ser superada por nuevos indicadores que incentiven las inversiones y las políticas coherentes con los principios de sostenibilidad, de igualdad y de cumplimiento de derechos humanos.

En la escena internacional asistimos a numerosos procesos y consultas destinados a construir la nueva Agenda Internacional de Desarrollo, la denominada Agenda Post2015 que deberá sustituir a los fracasados ODM. La nueva Agenda Post2015 no puede seguir apostando por la barbarie que supone dar a entender que el progreso es hacer crecer las cuentas de resultados de grandes corporaciones para que las cifras de crecimiento sean positivas. El actual sistema de medición del desarrollo basado en el PIB penaliza las inversiones en derechos sociales, en desarrollo humano, en circuitos cortos de comercialización o en políticas de sostenibilidad ambiental. Son precisamente estas políticas desincentivadas por el sistema actual, las políticas más coherentes con la concepción del desarrollo humano es decir, con las grandes transformaciones que la nueva Agenda Post2015 debe incorporar en su centro.

El informe se centra en analizar en profundidad algunas de estas políticas que deben ser revisadas para vincularlas de manera efectiva al cumplimiento de los derechos humanos según la visión de desarrollo humano y sostenible. El análisis sobre la relación entre fiscalidad y DDHH, relación difícil puesto que históricamente la fiscalidad ha evolucionado hacia una especie de técnica especializada donde se premia a quien mejor evada y eluda las responsabilidades fiscales, en lugar de profundizar en el desarrollo de aparatos fiscales más progresivos, más colectivos y más transparentes. El informe sugiere cuáles son los principios y los mecanismos con los que podrían diseñarse políticas fiscales que respondieran a los intereses generales, entre los que caben subrayar la necesidad de la cooperación entre estados para acabar con secretismos bancarios y paraísos fiscales, algunos de los principios rectores de Naciones Unidas así como la suficiente dotación de recursos y capacidades para perseguir de forma efectiva la elusión y la evasión fiscal. De igual forma se presenta un análisis del papel de la UE en la promoción de políticas coherentes con el desarrollo, subrayando algunas de las principales contradicciones e inconsistencias como las mal denominadas políticas de austeridad en el ámbito doméstico y la desequilibrada influencia de los lobbies del sector privado en el diseño de las políticas europeas, que terminan por diluir algunas iniciativas tomadas por la UE que sí convergen claramente con el desarrollo humano, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el acuerdo sobre limitación de exportación de armas.

A pesar de que haya voces que tratan de enterrar la importancia de las políticas de cooperación al desarrollo, el anuario recoge un análisis de uno de los principales cambios que se están produciendo en el sistema internacional de ayuda. Ni más ni menos que estamos ante la revisión de la forma de contabilizar la Ayuda Oficial al Desarrollo. Hay países ricos que están haciendo negocios financieros con las necesidades de financiación de los países del Sur, escapando de las regulaciones en materia de competencia porque esos fondos pueden computar como Ayuda Oficial al Desarrollo. Varios países donantes tratan de maximizar sus beneficios, como es evidente en el caso de España, donde el gobierno ha reformado legalmente de forma unilateral el Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE), con el propósito de facilitar los negocios financieros y la internacionalización de la empresa española, aun y cuando para ello sea preciso relajar los estándares ambientales o de impacto en derechos humanos de este tipo de operaciones. Todo al servicio de la rentabilidad financiera.

Precisamente sobre la política española de cooperación al desarrollo el informe se detiene en profundidad, repasando lo que ha sido una vertiginosa carrera hacia el desmantelamiento de una política pública con la crisis como pretexto. Desmantelamiento que aunque se expresa dramáticamente en un descenso del presupuesto hasta niveles anteriores a los años 90, en los que España empezó su trayectoria como país donante, muestra otros rasgos tanto o más preocupantes. En apenas un cuarto de siglo de historia, la política de cooperación española ha evolucionado sostenida en un amplio consenso social y político construido con esfuerzo desde las movilizaciones sociales hasta la incorporación de las demandas globales en el ámbito discursivo de las instituciones legislativas y políticas. Este consenso expresado en un amplio desarrollo doctrinal y en decenas de documentos y programas de política pública sirvió como hoja de ruta para los decisores políticos: incremento de la AOD, desvinculación de otros intereses de matriz nacional, incorporación a las normativas y procesos del sistema internacional de Ayuda al Desarrollo, o el fortalecimiento institucional del sistema español y sus capacidades.

El anuario de la Plataforma analiza una a una, cómo en los últimos años y especialmente a partir del inicio de la presente legislatura, el gobierno ha ido alejándose de la hoja de ruta consensuada con los actores sociales y el resto de fuerzas políticas: reduciendo hasta el mínimo el presupuesto, modificando el discurso de la promoción del desarrollo humano hasta convertirlo en un instrumento al servicio de intereses empresariales exportadores, y debilitando políticamente a los departamentos que en la Administración gestionan la Ayuda al Desarrollo. En el informe se evidencia también cómo, paradójicamente, esta ruptura radical del consenso se ha puesto de manifiesto antes en el Parlamento que en las organizaciones de la sociedad civil. Entre las organizaciones se está reproduciendo la disputa que existe entre las diferentes visiones de desarrollo, y en consecuencia, entre diferentes percepciones de las características y el alcance que las políticas públicas de desarrollo deberían tener. En estas condiciones, el consenso no sólo parece difícil de reconstruir, más aún, cabría cuestionar la oportunidad y la utilidad de reconstruir un consenso si éste no incorpora una crítica radical de la visión de desarrollo economicista aún determinada por el crecimiento económico, así como una hoja de ruta que incorpore las transformaciones económicas y sociales mediante políticas coherentes con una concepción del desarrollo multidimensional y sostenible. Probablemente, sugiere el informe, sea preciso no sólo dar por roto el antiguo consenso, sino cambiar de estrategia y centrarse en la búsqueda de convergencias en torno a esta visión del desarrollo, y empezar a evitar de una vez la paradójica parálisis de la política por la vía del consenso que se vislumbra.

En relación a esta búsqueda de convergencias sociales y políticas, el tercer apartado del informe recoge con entusiasmo algunas de las voces más dinámicas con que las organizaciones sociales en España han irrumpido en la esfera pública, es decir, las de los colectivos sociales que han hecho de la ciudadanía y de la política su principal misión. Colectivos y plataformas ciudadanas que han construido un marco reivindicativo en la defensa de derechos humanos basado en preocupaciones concretas y locales (hipotecas, energía limpia, sanidad, escuela y banca pública, entre otras) que sin embargo basan su apuesta en el carácter universal de los derechos, proporcionándonos con ello no sólo ejemplos notables de ciudadanía, sino una lección impagable de articulación de los desafíos locales con los desafíos globales. La defensa de los derechos globales como un espacio de encuentro donde la gente está construyendo esos otros mundos posibles. También en la arena internacional de los movimientos sociales el informe explora las posibilidades de relación que tienen las ONG con sus propuestas transformadoras y emancipadoras.

Esta es la forma de dar respuesta al Ministro Margallo y a quienes piensen como él, cuando justificó la práctica eliminación del presupuesto de cooperación internacional tratando de enfrentar la lucha contra la pobreza internacional con la necesidad de financiar servicios sociales en nuestro país.

Pablo Martínez Osés es coordinador de la Plataforma 2015 y más.