Una grave denuncia

El aldabonazo del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sobre el estado de la lucha contra la corrupción debería hacer reaccionar a los líderes políticos. Es intolerable que no hayan convertido ese combate en una de sus grandes prioridades de verdad, dedicándole medios importantes y abordando reformas legales serias para agilizar los procedimientos y hacerlos desembocar en juicios y sentencias. Prueba de que no es una prioridad es la modificación propuesta por el Gobierno de Rajoy sobre financiación de los partidos, que se encuentra en el Parlamento simplemente en fase de “consulta” a expertos.

Pero el fiscal del Estado no se queda en la mera constatación de problemas legales y procedimentales. Además afirma que “las causas más complejas no las instruyen ni el juez ni el fiscal, sino que llegan precocinadas por la policía y la Agencia Tributaria”. Es decir, que la instrucción depende de dos de los más poderosos instrumentos del poder ejecutivo (Interior y Hacienda), frente a los cuales el fiscal y el juez tienen una “capacidad de filtraje crítico muy limitada”.

Si a ello se suman una legislación “insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía”, las “prescripciones incomprensibles” y los “indultos a corruptos”, hay que convenir en que Torres-Dulce ha articulado una versión contemporánea del yo acuso. No están claras las razones de haberse callado durante dos años y medio, y esa es la parte de responsabilidad que le toca en el estado de alarma nacional que transmite a la ciudadanía, avisando ahora de que la sociedad está harta de la sensación de impunidad y de que puede deducir de ella una patente de corso para defraudar masivamente.

Es verdad que la Fiscalía Anticorrupción tiene limitado su campo de acción si carece de acceso a los bancos de datos de registros de la propiedad y mercantiles, de Seguridad Social y de Hacienda. Y de poco vale que el ministro de Justicia anunciara hace un año la voluntad de configurar una fiscalía con fuertes poderes de investigación, para decir ahora que le parece más conveniente confiar la instrucción a secciones de tres jueces. Titubeos y bandazos es lo que menos se necesita.

No faltan ideas contra la corrupción, sino voluntad demostrada de combatirla. Ni se reconocen responsabilidades por los casos Gürtel, Bárcenas, EREs de Andalucía y otros muchos, ni los instrumentos legales existentes producen apenas juicios y sentencias. En ese clima deletéreo, el goteo de datos sobre investigaciones de casos de corrupción que se alargan en el tiempo contribuye a alimentar un ambiente populista de rechazo de las instituciones, en vez de promover la disuasión de nuevas tentaciones corruptas.

En España no hay garantía de impunidad, pero todo lo referido a la corrupción afecta con saña al prestigio y a la legitimidad de la democracia. Y el que no quiera verlo está ciego.