Tomar la palabra

Desde fuera nos llegan los datos de la crisis social española que el Gobierno esconde. Cinco autonomías encabezan la lista de las regiones con más paro de Europa. Y Save the Children sitúa a España como el segundo país europeo con más riesgo de pobreza infantil (tres millones de niños en peligro), solo superado por Rumanía, y como el segundo país que menos ayudas dedica a la desigualdad, después de Grecia. Conclusión: la gestión de la crisis ha sido brutalmente injusta y este Gobierno, en nombre de la austeridad, ha practicado una destrucción sistemática del Estado de bienestar, empezando por abajo. No se puede gobernar solo para una tercera parte de la sociedad.

Este círculo de la corrupción estructural solo se rompe con algún sacrificio político de máximo nivel

Dentro del país, después del caso de los cursos de formación fraudulentos de la patronal madrileña, surgen ahora indicios de fraude en cursos subvencionados por la Junta de Andalucía. Lluvia sobre mojado en una Administración marcada por el escándalo de los ERE. Las irregularidades en este tipo de cursos son un tema recurrente en la política española. Es especialmente irritante por la obscenidad de lucrarse con el dinero que debería servir para mejorar la situación de los que no tienen empleo. Y porque implica a Gobiernos, patronales, sindicatos y empresas, en un pasteleo nada edificante que da la medida del grado de deterioro de unas instituciones muy burocratizadas.

Si a ello añadimos que el juez Ruz está completando estos días la instrucción del caso Bárcenas y el PP sigue haciendo como si los desmanes de quien fue su tesorero durante veinte años no fueran con él, los partidarios de la teoría de la casta extractiva se sienten cargados de razones. Y la desconfianza en las instituciones sigue creciendo, con el riesgo de que entremos en la charca del fatalismo y de la resignación.

En Andalucía se repiten los mismos rituales de cada vez que aparece un nuevo caso de corrupción: el Gobierno acusa al Ministerio del Interior de abrir una causa general contra la Junta, y la oposición, el PP en este caso, pide comparecencias y explicaciones. Casi nada es inocente en política. Pero lo importante no es la intencionalidad de las filtraciones, es si el fraude existe o no. El PP ciertamente no tiene autoridad para dar lecciones a nadie en materia de corrupción: Bárcenas y Gürtel están ahí. Pero este círculo terrible de la corrupción estructural solo se rompe, y no me cansaré de repetirlo, con algún sacrificio político de máximo nivel que envíe a la sociedad el mensaje de que hay voluntad de acabar estas prácticas.

La técnica de negarlo todo y aguantar es letal: siempre acaba apareciendo algo y queda la sospecha de que había mucho más. Quizá habrá que asumir que es la estrategia de una casta que tiene la democracia en el puño y no quiere soltarla. Y si es así, la ciudadanía tendrá que decidir si calla y otorga o toma la palabra.