Que el Estado no controle mi cuerpo

Cada año se realizan en torno a 22 millones de abortos de forma insegura, 47.000 mujeres mueren por complicaciones durante estas intervenciones, la mayoría en países donde la interrupción voluntaria del embarazo está muy restringida o es inaccesible, según la Organización Mundial de la Salud. El uso de anticonceptivos podría evitar los embarazos no deseados, pero 215 millones de mujeres no los utilizan pese a que esa sería su voluntad, bien sea porque no tienen acceso a programas de planificación familiar, a formación sobre sexualidad o porque sus maridos no se lo permiten. Basta un dato de una encuesta realizada en 2012 por la Organización de las Naciones Unidas: el 60% de las adolescentes de países subsaharianos no sabían cómo impedir un embarazo y más de un tercio no sabía dónde conseguir anticonceptivos. Y deberían saberlo, porque más de 14 millones de chicas púberes dan a luz cada año por relaciones sexuales forzadas –violaciones o porque han sido obligadas a casarse muy jóvenes–, según denuncia el Centro Internacional de Investigaciones de la Mujer.

Para Amnistía Internacional, los datos son un espejo de una realidad: el Estado tiene en cierta manera el control sobre los cuerpos de las personas en muchos países, mediante leyes nacionales que restringen o penalizan el aborto, permiten el matrimonio infantil o castigan las relaciones extramatrimoniales. Y muchos no tienen programas de formación sexual y planificación familiar que faciliten el acceso a los anticonceptivos. Más aún, en casi un centenar de países, tener una pareja o relaciones con personas del mismo sexo es un delito castigado con la cárcel e incluso con la pena de muerte, como indica un informe de 2013 de la Asociación Internacional de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (ILGA). Lo que también supone una clara injerencia pública sobre el cuerpo de las personas.

“Es increíble que en el siglo XXI haya países que consienten el matrimonio prematuro, la violación conyugal, o que criminalizan el aborto, el sexo fuera del matrimonio y las relaciones homosexuales, llegando incluso a castigarlos con la muerte”, señala Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

Frente a este panorama, la ONG ha iniciado la campaña Mi cuerpo, mis derechos para “recordar a los líderes mundiales su obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos” cuando se negocie la nueva agenda global que sustituirá a los Objetivos del Milenio (ODM) fijados para 2015. Para la organización es decisivo un compromiso internacional a tenor de las medidas restrictivas y regresivas adoptadas por algunos Estados en este sentido. Así, dentro de lo que califica como una “ofensiva global contra los derechos sexuales y reproductivos”, el estudio de Amnistía Internacional subraya algunos cambios legislativos que limitan el control individual sobre aquellos, como es el caso de España, “si se aprueba en el Parlamento el anteproyecto de ley sobre el aborto se restringirá gravemente el acceso de las mujeres y las niñas a esta intervención”.

También el Centro Internacional de la Investigación sobre la Mujer (ICRW, en sus siglas en inglés) promueve una campaña, que lanza con motivo del Día Internacional de la Mujer, para que la agenda post-2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio incluya metas para evitar el matrimonio infantil a edades muy tempranas e incrementar el acceso a información de calidad sobre contracepción y planificación familiar para las jóvenes. “Sin esto, el progreso hacia la consecución de objetivos como la reducción de la mortalidad materna y erradicación de la pobreza se ralentizará”, aseguran en un comunicado.

En muchos países, las niñas no reciben educación sobre su cuerpo, la sexualidad, el sistema reproductivo y la contracepción. “Es muy importante. Porque la formación no solo da información sobre contracepción y sexo seguro, sino que da herramientas y capacidad a los jóvenes para que sean capaces de tomar decisiones, que tengan confianza para decir sí o no, para negociar en su entorno la resolución de sus problemas. La educación en derechos y sexualidad hace además que entiendan y valoren las relaciones en situación de igualdad. Es especialmente importante para las niñas que contraen matrimonio a temprana edad”, incide Priya Nanda, directora de desarrollo económico y social del ICRW.

Sahar Gul, una joven afagana de 16 años, sabe bien la importancia del conocimiento sobre las relaciones sexuales. Cuando tenía 11 sus padres la vendieron a un hombre de 30 años que quería casarse con ella. “Era muy pequeña y no sabía cómo es la vida de casada ni lo que pasada después de la boda”, relata. Ella se negó a mantener relaciones sexuales, lo que provocó que la familia política la encerrara durante seis meses en un sótano a oscuras. La maltrataban físicamente golpeándola con la plancha, quemando su piel con cigarrillos e incluso arrancándole las uñas. El calvario duró hasta que su familia biológica denunció su desaparición. La policía la encontró casi inconsciente e incapaz de tenerse en pie. Pese a que sus maltratadores fueron condenados, la pena fue anulada y están en libertad.

Otra de las consecuencias de la falta de formación y el desconocimiento sobre el propio cuerpo y sobre método anticonceptivos es que las jóvenes se queden embarazas siendo aún adolescentes. “Tenemos que sensibilizar a la gente y asegurarnos de que quienes ya tienen la información sobre derechos sexuales la difundan entre otras personas”. Lo dice Kando Seraphine, una joven activista de Burkina Faso, en una conversación recogida por la ONG. Ese país es uno de los muchos en los que los jóvenes, sobre todo ellas, tienen dificultades para acceder a métodos anticonceptivos. “Las normas culturales y religiosas, la discriminación por motivos de género y prácticas como el matrimonio a edad temprana se suman a la pobreza para menoscabar la capacidad de las mujeres y las niñas para tomar decisiones sobre ellas mismas”, revela el informe de Amnistía. Hablar abiertamente de sexo es, además, un tabú, con lo que muchas tienen miedo a pedir información fidedigna y confidencial. Incluso se enfrentan a actitudes discriminatorias de los profesionales médicos, advierte la organización. Y cuando éstos les ofrecen asesoramiento en aquel país, los maridos se quejan ante los profesionales.

Para Nanda, los gobiernos que no promueven e incluso dificultan el acceso de las chicas a educación en derechos y salud reproductivos son solo el reflejo de las actitudes dominantes en determinadas sociedades. Recuerda que en EE UU la política de abstinencia que propugnaba el ex presidente George Bush estaba basada “en la idea errónea de que la formación en estas cuestiones haría a las chicas más promiscuas”. “Los estudios demuestran lo contrario”, asegura rotunda la directora de desarrollo social y económico del Centro Internacional de Investigaciones de la Mujer. “El conocimiento y las herramientas relacionadas con la sexualidad y los derechos reproductivos hace que los jóvenes tomen mejores decisiones y tengas relaciones seguras”, añade.

Otra cuestión es la negación o desconocimiento para acceder a métodos anticonceptivos, que impide avanzar en la reducción de embarazos no deseados, mortalidad materna e incluso la pobreza, según el UNFPA. Este organismo calcula que la extensión de su uso podría evitar 187 millones de embarazos no deseados, 105 millones de abortos inducidos y 215.000 muertes maternas al año. En países como Indonesia, sin embargo, solo pueden acceder a anticonceptivos y servicios de salud sexual las parejas casadas.

Tampoco la ley ampara a las mujeres víctimas de violación en distintas partes del mundo. A veces, la justicia incluso las condena por ello, al considerar que han mantenido una relación sexual fuera del matrimonio. Ocurre en el norte de Nigeria y algunos países del Golfo. Allí, Amnistía Internacional ha constatado casos en los que las agredidas no pueden denunciar porque corren el riesgo de ser acusadas y procesadas por “actos inmorales”. Eso añadido al estigma social que comporta reconocer que han tenido relaciones extramatrimoniales, aunque fuera en contra de su voluntad.

Abortar, en caso de violación u otros supuestos, o simplemente por la voluntad de no tener hijos no es una opción para estas y muchas mujeres del mundo que, en ocasiones, optan por hacerlo de manera ilegal, clandestina e insegura. El 13% de las muertes maternas se producen por este motivo, según la Organización Mundial de la Salud. África, Asia y América Latina concentran la mayoría de los países donde el aborto es ilegal en la mayoría de los casos o está muy restringido. Pero también en Europa ocurre: Irlanda, Polonia y puede que España, en caso de que se apruebe la ley propuesta sobre la materia por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, son exponentes. Indonesia es el extremo (y no es el único): incluso en situaciones en las que la vida de la madre corre peligro, se niega a la mujer la capacidad de decidir si continuar con el embarazo o no si no tienen esposo; si lo tienen, decide él.

La campaña de Amnistía Internacional no solo reclama libertad y empoderamiento de las mujeres para decidir sobre su salud, maternidad y la formación de una familia. También consideran que la despenalización de las relaciones homosexuales debe ser una meta en la agenda de objetivos de las Naciones Unidas que se está debatiendo para sustituir a los Objetivos del Milenio. Castigar la homosexualidad es, en opinión de la organización, una injerencia de los Estados que condenan (incluso a la muerte) a gais y lesbianas, sobre la vida privada y el control sobre el propio cuerpo y sexualidad.

“Con Mi cuerpo, mis derechos, queremos contribuir a que la próxima generación tome conciencia de sus derechos sexuales y reproductivos. Y los reclame. Unidos, queremos transmitir a los gobiernos el mensaje claro e inequívoco de que este enorme control viola los derechos humanos y es del todo inadmisible”, zanja el director de la ONG, Salil Shetty.