Retroceso social

España se encuentra entre los países europeos que más retroceden en protección social desde que en 2007 estalló la crisis financiera que dio lugar a la más grave recesión desde el crash de 1929, según el último informe del Consejo de Europa. Entre los recortes más graves se sitúa la exclusión de los inmigrantes del sistema sanitario público. Con esta decisión, se contraviene el derecho europeo y, más concretamente, la Carta Social que en su momento España suscribió junto a otros 42 países.

Esa carta garantiza el derecho a la salud de todos los ciudadanos, al margen de su situación administrativa. Pese a ello, un real decreto aprobado en agosto de 2012 retiró la tarjeta sanitaria a los extranjeros en situación irregular. A partir de ese momento solo se garantiza asistencia a los niños, las embarazadas y, puntualmente, los casos urgentes. Además de la situación de los inmigrantes, el informe critica también otras carencias en el sistema de protección social español como la escasa cuantía de la renta mínima de inserción social —400 euros mensuales— o la inadecuada cobertura de la baja por enfermedad.

Han sido varios los países que han aplicado restricciones en la cobertura sanitaria de los inmigrantes. El Consejo advierte de que la situación económica no debe servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad. Y de hecho considera que, siendo grave, la crisis puede ser más la excusa que causa del retroceso social que se está produciendo en Europa. Lo demuestra el hecho de que, entre los países que han aplicado restricciones en la atención a los inmigrantes, figuran algunos que ciertamente atraviesan una situación difícil, como Grecia o España, pero también otros cuya economía no pasa por apuros, como Alemania, Finlandia o Reino Unido.

El informe del Consejo supone un varapalo a las políticas de regresión social y su contenido debería llevar a revisarlas, en particular la exclusión de los inmigrantes del derecho a la sanidad. La exclusión no solo ha dado lugar a un problema de desatención, sino de desigualdad: mientras unas comunidades han acatado la nueva normativa, otras la ignoran y siguen ofreciendo asistencia a los extranjeros, una decisión que ya ha obtenido el amparo del Constitucional. El decreto se encuentra recurrido ante el alto tribunal y este deberá tener en cuenta no solo lo que establecen nuestras leyes, sino los compromisos adoptados por España al firmar la Carta Social Europea.