Kamikaze sin indulto

El kamikaze más famoso de España volverá a la cárcel el mes que viene si una nueva pirueta de la justicia o la política no lo impiden. Su caso ha servido para que se reconsidere esa vieja costumbre de enmendar la plana a los jueces con indultos desde el Consejo de Ministros, a veces de manera arbitraria y otras en circunstancias que llevan a la sospecha. Este caso resultó escandaloso porque, en contra de las políticas de seguridad vial, perdonaba a un hombre que condujo en sentido contrario hasta matar a otro conductor.

La familia de la víctima ha logrado que el Tribunal Supremo revoque el indulto exigiendo al Gobierno una motivación que podría evitar la cárcel a Ramón Jorge Ríos —el kamikaze en cuestión—, pero el Ejecutivo no ha ejercido esa posibilidad. Justicia va a esperar a que se pronuncie el Constitucional, al que ha recurrido la defensa del conductor, argumentando que el Supremo no puede anular una medida de gracia gubernamental. El alto tribunal puede tardar varios años en fallar sobre el caso.

Según el abogado defensor, Ríos fue víctima de un episodio de epilepsia. Aunque esa argumentación fue desechada por completo por parte del tribunal condenatorio, la tesis sirvió para que se decretara el indulto. Insistir sobre el particular habría sido escandaloso y, sobre todo, complicado jurídicamente. Ríos no solo condujo en dirección contraria, sino que antes de hacerlo acosó a otro automovilista intentando echarle de la calzada. Así que todo parece indicar que en febrero Ríos volverá a la cárcel. Su condena fue de 13 años; no ha llegado a cumplir un año entero en prisión.

Pero gracias a su caso algo ha cambiado. No tanto como para que el ministro de Justicia cumpliera su compromiso de elaborar una nueva regulación sobre el particular, pero sí para que el Gobierno reduzca de manera significativa su uso de la indulgencia. El año pasado solo decretó unos 200 indultos, la mitad que el año precedente. Dicen las estadísticas que la mayoría de esos indultos se aplican a condenas de menos de cuatro años, lo que indica que el caso Ríos fue una excepción, además de un craso error.