Dentro y fuera

Varias decenas de expresos de ETA recientemente excarcelados, en su mayoría como consecuencia de la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, comparecieron ayer en un acto celebrado en Durango para mostrar su adhesión al escrito del colectivo de presos de ETA (EPPK) difundido la semana pasada con las conclusiones del debate mantenido últimamente por los reclusos. La más relevante es su apoyo a la decisión de cese de la actividad armada tomada por la cúpula de la banda en octubre de 2011.

Esa adhesión tiene el interés de que algunos de los excarcelados recientes mantenían posiciones opuestas al abandono de las armas. Ahora muestran su conformidad con las decisiones adoptadas por el colectivo y su compromiso con el nuevo “escenario político” una vez “finalizado el ciclo armado”. También es significativo que este doble pronunciamiento de los que están presos y de excarcelados recientes sustituya, de hecho, al debate anunciado en su día por la dirección para ratificar la decisión de cese de la violencia, del que no se ha vuelto a saber. Pero no deja de ser un reflejo fiel de una organización que se encuentra básicamente en las cárceles.

El escrito leído en Durango insiste, como el del día 28, en reclamar reformas en la política penitenciaria, empezando por el fin de la dispersión, que parece ser su prioridad actual. El Gobierno ha reiterado que no habrá cambio alguno mientras no se produzca la disolución de la banda. Lo que equivale a decir que los habrá si se disuelve. Pero esto es justamente lo que más se echa en falta en los dos comunicados. En ningún momento exigen a su dirección dar ese paso; y tampoco hay una expresión clara de arrepentimiento. Ambas cosas serían necesarias para que la opinión pública aceptara una modificación de la legislación, endurecida en 2003, para acceder a medidas de reinserción.

El tono autojustificativo y el respeto a algunos límites marcados el verano pasado por un grupo de 20 exdirigentes presos encabezado por Mikel Antza, a través de una circular (renuncia a la vía armada sin renegar de ella), no impide reconocer un deslizamiento hacia un mayor realismo. Solo a medias se admite la prohibición de “salidas personales” y, sobre todo, desaparece la idea de una negociación de ETA con España y Francia sobre las “consecuencias del conflicto” (amnistía y retirada de las fuerzas de seguridad a cambio de entrega de las armas), a la que seguiría otra sobre sus “causas”. Seguramente los políticos de Sortu han influido en ese giro, pero antes han tenido que girar ellos a la vista de las nulas posibilidades de tal negociación.

La petición planteada por un sector de las víctimas de prohibir el acto fue desestimada por el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, argumentando que no hay en la convocatoria indicios de delito de enaltecimiento del terrorismo. A posteriori, el contenido del acto merece críticas, pero es absurdo considerar delictivo adherirse a una declaración que avala la renuncia a la violencia por parte de ETA.