Sí era un cortijo

Las quejas de un hijo de José María Aznar y de una exconcejal del PP (ya fallecida) a Miguel Blesa por no hacerle el favor al exjefe del Gobierno de comprar una colección de obras de arte, cuando Blesa presidía Cajamadrid, dan una idea muy clara del respeto que el entorno de Aznar sentía hacia la persona que encabezaba la cuarta entidad financiera de España; y del servilismo que esperaban de su parte, tras haber obtenido el cargo gracias al impulso de José María Aznar. “Caja Madrid no es mi cortijo”, le contestó Blesa al hijo de Aznar para excusarse por no acceder a los deseos de su padre. Lo que se está conociendo evidencia precisamente lo contrario: que Caja Madrid sí era un cortijo. De los amigos y de los políticos, sobre todo los del PP, que convirtieron a la entidad financiera en campo de batalla de las facciones del partido y golosa fuente de dinero para sus operaciones o caprichos.

El asunto por el que se había interesado el expresidente Aznar —adquirir por 56 millones de euros la colección del pintor y escultor Gerardo Rueda, más la cesión de un edificio municipal para exhibirla— era absurdo desde el punto de vista de los intereses de la entidad financiera, y de ello logró convencer a Blesa quien entonces estaba al cargo de la Fundación Caja Madrid, Rafael Spottorno (hoy jefe de la Casa del Rey). Pero que esto sucediera en 2009, con la crisis financiera encima, confirma las peores sospechas sobre el descontrol de las cajas de ahorros, convertidas en el puerto de arrebatacapas de ciertos políticos.

Por lo demás, esta solo es una de las revelaciones que nos tienen reservados los más de 8.700 mensajes de correo electrónico incautados a Blesa por el juez que le envió dos veces a prisión, Elpidio José Silva, en mayo y junio pasado, en el marco de una investigación por un presunto crédito irregular al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y la compra supuestamente temeraria de un banco en Florida. Los millares de correos acreditan gestiones de Blesa relacionadas con favores a políticos y amigos.

Por si el escándalo no fuera bastante, el juez que abrió ese sumario —contra quien pesa una querella de la fiscalía y que acaba de cumplir una sanción impuesta por el Consejo del Poder Judicial— se considera víctima de una conjura destinada a defenestrarlo del juzgado, al que se ha reincorporado; y sugiere que preparen contra él “el daño físico” porque, dice, no lo amedrentarán de otro modo. De paso comunica que, si tira de la manta, “el sistema no lo soportaría”: es un juez en activo el que dice tales cosas.

Caben pocas dudas de la razón que asiste a la ciudadanía para sentirse harta. No solo han sufrido daños los depositantes y el erario, sino el prestigio de las instituciones. Recuperar la confianza en la suficiencia profesional de los que conducen las entidades financieras de este país incluye garantizar que la política no vuelve a meter las manos en ellas.