Callada por respuesta

Cuatro meses después de que estallara el escándalo del espionaje masivo de las comunicaciones por parte de la Agencia Nacional de Seguridad de EE UU, el Gobierno de Barack Obama no puede seguir utilizando la estrategia del silencio y la de obstrucción frente a lo que se va revelando como una escandalosa vulneración masiva de derechos individuales. Anoche se lo recordó personalmente la propia canciller Merkel en convertsación telefónica, subrayando que estas prácticas son inaceptables. Ahora sabemos que los programas que utiliza la agencia no solo han permitido controlar ordenadores e interceptar comunicaciones, sino que se han aplicado también a líneas telefónicas. La propia Merkel sospecha que ha sido rastreado su propio móvil.

Por mucho que se alegue que las escuchas se han hecho con autorización judicial, bajo la polémica Ley Patriótica, resulta difícil de aceptar que la lucha antiterrorista justifique la necesidad de controlar millones de comunicaciones de ciudadanos de otros países. Un elemental sentido de la proporcionalidad hace inverosímil que, en una hipotética búsqueda de células terroristas, los servicios de espionaje hayan intervenido ordenadores de personalidades como los presidentes de México y Brasil, o las delegaciones diplomáticas francesas en Washington y Naciones Unidas.

En la escalada de revelaciones, sabemos que también que los servicios secretos española dan por hecho que nuestro país ha sido objeto de incursiones ilícitas en comunicaciones privadas. La exigencia de explicaciones ha tenido hasta la fecha la misma evasiva respuesta que el resto de países afectados. No es aceptable entre aliados.

La incomodidad que genera este asunto en los Gobiernos y la propia Comisión Europea explica que la reacción haya oscilado hasta ahora entre la tibieza y la hipocresía, en parte porque la mayoría de países tiene mucho que esconder sobre sus propios servicios de espionaje. Pero la dimensión del caso hace insoportable el menosprecio que Washington imprime a las relaciones con esos aliados al eludir cualquier respuesta a la exigencia de explicaciones.

El Parlamento Europeo, la institución hasta ahora más activa en la defensa de los derechos de los ciudadanos pero también la que menos competencias posee, ha pedido que no se envíen datos bancarios a EE UU si no se garantiza un marco jurídico coherente con los principios del Estado de derecho. Es solo un gesto, pero Obama no debería ignorarlo.