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LA CUARTA PÁGINA

Aquí no dimite nadie. ¿Por qué?

La política debe estar ordenada para que los políticos se controlen entre ellos. No ocurre así en España, donde nadie denuncia la corrupción o las decisiones equivocadas por temor a perder sitio en las listas

El contraste entre lo que pasa en otras democracias y lo que sucede aquí produce perplejidad. Admira la inmediatez con que un político dimite en Alemania por indicios de supuesta comisión de un delito o por falta de ética, como plagiar una tesis. ¿Habrá alguna maldición que impida a nuestros políticos comportarse igual? Sí, la hay: las reglas con que funciona la política española. Aquí no dimite nadie porque los mecanismos para exigir responsabilidades están atrancados, no porque no haya “cultura de la dimisión”. Me ceñiré a la política, pero análisis parecidos pueden extenderse a sindicatos, patronales y otras organizaciones.

El problema es que las reglas de la política impiden exigir responsabilidades a las cúpulas partidarias. Estas reglas se definieron en la Transición bajo el síndrome de la inestabilidad. Se decidió estabilizar la política con listas electorales cerradas y bloqueadas, la moción de censura constructiva, un procedimiento de reforma que impide tocar partes esenciales de la Constitución, órganos constitucionales cuya composición depende de la negociación entre las direcciones de los partidos, una Ley de Partidos que no regula su actividad interna ni establece controles sobre sus directivas ni su financiación. Resultado: las cúpulas partidarias dominan la política al controlar las carreras de los políticos de sus partidos decidiendo la composición de las listas electorales y de sus órganos internos. Y han bloqueado los mecanismos de control y exigencia de responsabilidades.

Pasa desapercibido que los estatutos de los partidos han evolucionado mucho en estos 35 años, todos en igual dirección, anulando los controles internos. Los congresos anuales (AP) o bienales (PSOE, CDC) en los años setenta han pasado a ser cada cuatro años (se hacen convenciones de vez en cuando para entretener a los escasos afiliados y fijar mensajes). Los órganos de control de las direcciones, los parlamentos internos (Juntas Directivas del PP, Comités del PSOE, Consells o consellos de CDC, BNG, etc), han pasado de reunirse cada cuatro meses a hacerlo cuando quiere la dirección; se han hecho multitudinarios con centenares de miembros que han pasado de ser elegidos en listas abiertas, votadas por los delegados a los congresos o los afiliados, a listas bloqueadas y sistemas más confusos. Sus escasas reuniones se han convertido en auditorios de los dirigentes en vez de debatir y votar su gestión.

Las direcciones partidarias amarraron su poder sobre la composición de las listas de congreso en congreso. Así, algunos diputados hablan de que se sorprendieron cuando les llamó su “jefe” y les dijo que irían en la lista, o se lee que “el partido nombrará” a un responsable autonómico “sin presiones”; o sea, se hará lo que convenga cuando quiera quien manda. En Les voy a contar, José Bono describe como los ministros revoloteaban sobre las listas de varias provincias buscando acomodo. Esta política hace irresponsables a los dirigentes. Mas no ha explicado en el Consell Nacional de CDC sus resultados en las autonómicas, en el Comité Federal del PSOE nunca se discutió el Estatuto de Cataluña, etc.

Todos los estatutos de los partidos evolucionan en la misma dirección: suprimir controles

Si el PP hubiera tenido un congreso en julio, a los dos años del anterior, el tema Bárcenas estaría ventilado. Si el PSOE tuviera un congreso en febrero, su liderazgo estaría casi aclarado y podría dedicar sus energías a pensar una política alternativa. Uno de los problema de esta política es que los problemas se cronifican hasta el hartazgo, sin encontrar las necesarias vías de desagüe.

Las direcciones de los partidos extienden su poder a todo lo que rodea a la política: a la carrera de los funcionarios, con el nombramiento discrecional de los puestos administrativos más relevantes, interferencia soportada por los altos funcionarios a cambio de un sistema retributivo inflacionario que incluye conceptos salariales vitalicios por estancia en cargos políticos (mochilas) y por su libre circulación entre la política y puestos administrativos; a los Tribunales Superiores de Justicia regionales, a las cajas de ahorro, en fin, a la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Periódicamente se reparten por lotes de magistrados el Tribunal Constitucional y el CGPJ; el Defensor del Pueblo ha sido demediado con un Adjunto. La opacidad sobre los mecanismos de acceso a tales cargos es total.

Aquí no dimite nadie porque en este entramado no hay mecanismos para exigir responsabilidades. Esto es grave porque dirigentes irresponsables impulsan políticas irresponsables. Desde 1997, cuando se hizo perceptible esta deriva (véase mi artículo Partidos sin ley en este periódico, 08/05/1997), ha caído sobre el país una cascada de políticas que lo están llevando al borde del abismo: entre 2000 y 2010 no hubo reformas económicas, lo que lo dejó inerme frente a la crisis; se oxidó el sistema fiscal, prosiguió la desindustrialización, se priorizaron las infraestructuras materiales sobre el capital social, se aprobaron decenas de miles de leyes autonómicas sobre todos los temas, enloqueciendo a empresas y ciudadanos; se han aprobado y revocado varias leyes educativas, ha arruinado su posición internacional, se abrió un “debate territorial” que puede acabar con su unidad, etc.

Es conveniente la referencia a Alemania. Allí la Ley de Partidos los obliga a celebrar congresos bienales, fija los criterios de composición y elección de los parlamentos internos y sus plazos de reunión, los sistemas de auditoría de sus cuentas, etc. La ley electoral prevé que los afiliados elijan a los candidatos con elecciones primarias o asambleas. ¿Para qué sirve esto? Para que haya mecanismos; para que unos políticos controlen a otros políticos.

En Alemania o Reino Unido nadie defiende al que mete la mano en la caja o copia una tesis

Esa es la clave. ¿Por qué la política española tiene unos niveles de corrupción intolerables o impulsa políticas irresponsables? Porque las listas las hacen las direcciones de los partidos compuestas por alcaldes, presidentes autonómicos, etc. ¿Cómo un concejal o cargo interno que desea seguir siéndolo o un afiliado que aspira serlo van a denunciar las políticas equivocadas o los indicios de corrupción de quién va a hacer la lista? No puede, saldría de ella. Es increíble que nadie en sus partidos barruntara lo que pasaba con Bárcenas, los EREs, el Palau o las ITV, o que en el PP, PSOE o CDC no haya quienes están en desacuerdo con las políticas impulsadas por sus dirigentes. Los hubo y los hay, pero tienen que callar, porque decirlo supone saltar de la lista o el cargo o no entrar.

Ahora bien, si ir o seguir en las listas o en los cargos internos dependiera del voto de los ciudadanos o de los afiliados, sería posible plantear políticas alternativas o denunciar corruptelas. En Alemania o en Gran Bretaña la política está ordenada para que los políticos se controlen entre ellos. Por eso, si alguien ha copiado una tesis o mete la mano en la caja nadie le defiende y está perdido en las elecciones internas. Nadie dimite allí por arrebatos morales, sino porque los mecanismos de su política abocan al escarnio público y a perder. Y estas reglas, además, dan oportunidades a opciones políticas diferentes a la dirección.

Esto no se soluciona de un plumazo (listas abiertas; primarias para elegir a los principales candidatos, lo que incrementaría las tendencias oligárquicas), sino con una compleja Ley de Partidos que imponga pesos y contrapesos entre los políticos dentro de los partidos y puntuales reformas, algunas constitucionales y otras no, que eviten que órganos clave sean satelizados por ellos. Copiemos lo que hacen otros países y tendremos una política como la suya. No perfecta, solo saneada y responsable.

José Antonio Gómez Yáñez es profesor de Sociología de la Universidad Carlos III. Participa en foromasdemocracia.com