Anhelada tarjeta

La política española, tan impregnada de grandiosidad en sus proyectos y anuncios, carece en ocasiones de la facultad de resolver las cosas más sencillas aunque estas supongan importantes ventajas para el ciudadano y la organización del Estado. La tarjeta sanitaria única para toda España es una de esas misiones que, a fuerza de anunciarla, se ha convertido en poco menos que una quimera. La primera promesa de poner en circulación una identificación sanitaria digitalizada y común se hizo en 2001, poco antes de que el Insalud culminara su proceso de transferencias a las autonomías. Doce años después, Ana Mato, actual ministra de Sanidad, anuncia que en cinco años será una realidad en todo el país.

No es una cuestión menor. La que hay actualmente en circulación garantiza la atención sanitaria —especialmente la urgente— al ciudadano, independientemente de dónde la necesite, pero la tarjeta única que se pretende será un documento digitalizado que integraría una información clínica del paciente y facilitaría enormemente el trabajo de los sanitarios que le atiendan. Esta permitiría la generalización de la receta electrónica, que descarga de papeleo y presión asistencial a los centros de salud y facilita al paciente la dispensación del medicamento que requiere en cualquier farmacia del país.

El problema de este eterno proyecto es la falta de interconexión; la imposibilidad de enlazar los datos de un andaluz desde Asturias, por poner un ejemplo. Es un simple escollo informático que hace décadas resolvieron los bancos y que permite a un cliente sacar dinero de su cuenta desde casi cualquier cajero del mundo. Que tal cosa no haya quedado resuelta todavía para un derecho tan fundamental como el de la asistencia sanitaria tiene escasa justificación.

La única contraindicación de la tarjeta única es que podría aumentar el gasto farmacéutico; la experiencia indica que una parte de las prescripciones en papel nunca son utilizadas. El resto son solo ventajas, incluido el ajuste contable entre servicios de salud. Ana Mato pretende lograr el uso generalizado de la tarjeta —aún poco desarrollada— en cinco años, en la medida en que se vayan renovando las actuales. Es un plazo demasiado largo, pero lo importante es que esta vez sea la vencida. Para ello es necesario que el ministerio y, sobre todo, las comunidades autónomas hagan bien su trabajo.