Un país hipotecado

Durante los dos meses transcurridos desde que el Supremo confirmara inapelablemente su condena por fraude fiscal, Silvio Berlusconi ha multiplicado la presión sobre el Gobierno italiano para intentar evitar su ostracismo político después de 20 años de omnipresencia. Finalmente ha retirado a sus cinco ministros del Gabinete de coalición con el centroizquierda de Enrico Letta y pedido elecciones anticipadas, con el fútil pretexto de la subida de un punto en el IVA.

El presidente Giorgio Napolitano, que tiene las competencias constitucionales, ha dicho que solo disolverá el Parlamento si no encuentra una mayoría alternativa que pueda apoyar un segundo Gobierno encabezado por Letta u otra figura política, algo complicado pero quizá posible. Todo con tal de no sucumbir a la inestabilidad permanente y de evitar nuevas elecciones anticipadas, reguladas por la misma caduca y disfuncional ley electoral y que, con tres partidos de parecida fuerza, podrían desembocar en la repetición del punto muerto de febrero. Berlusconi, irreductible a los 77 años, ha entrado ya en campaña, recuperando el nombre de Forza Italia para su partido Pueblo de la Libertad.

Que Napolitano consiga prolongar in extremis la vida del Parlamento no garantiza la eficacia de la vida política italiana, sino tan solo respiración asistida para un sistema incapaz de hacer frente a sus retos. Ningún país de la Europa moderna —y menos la tercera economía de la eurozona, en graves dificultades y con el presupuesto para 2014 empantanado— puede vivir bajo el chantaje de un dirigente sin escrúpulos, atento sobre todo a la resolución de sus problemas personales; y a quien su condición de potentado le permite mantener permanentemente embarrados los engranajes democráticos, con la inestimable ayuda de una justicia tan laberíntica como lenta.

En los próximos días, el Senado decidirá la expulsión de Berlusconi de su escaño, y un tribunal de Milán, la duración de su inhabilitación política, en aplicación de las leyes anticorrupción y la condena del Supremo. Las reglas del juego deben ser escrupulosamente respetadas. Con o sin elecciones anticipadas, Berlusconi no puede seguir manteniendo secuestrado el Gobierno de un país fundacional de la UE. Por más que sea deseable evitar los efectos coyunturales de una nueva crisis en la maltrecha Italia, esta representaría al final un mal menor frente a la presencia continuada y decisoria de Berlusconi en su escenario político.