Democracia de calidad

Cualquier intento de deslegitimar el resultado de las elecciones es incompatible con la democracia representativa. Pero la democracia no puede vivir reducida a la aplicación aritmética de una mayoría. Esta semana toda la oposición ha vuelto a denunciar el bloqueo del PP a iniciativas que no le gustan sobre el caso Bárcenas, penoso corolario de un Parlamento convertido en un espectáculo de vetos y del consiguiente ejercicio del derecho al pataleo. Mal clima para intentar el pacto de “regeneración democrática” sugerido desde el Gobierno o para buscar soluciones de consenso al problema planteado por el independentismo en Cataluña, convertido en el desafío político de mayor envergadura.

La crispación de la vida pública contrasta con la corrección observada por los líderes de los partidos alemanes en su comparecencia conjunta ante las cámaras de televisión, un par de horas después de cerrados los colegios electorales en su país, hace una semana. Por no recordar la inmediatez con que un responsable político dimite en otras democracias, no solo por indicios de la supuesta comisión de un delito, sino por faltas de ética, como el plagio de un trabajo académico.

No hay ninguna maldición que impida a España comportarse de modo similar a sus vecinos europeos. Lo que lo hace muy difícil es el estado de bronca política continua. Si no puede lograrse de la noche a la mañana la madurez del sistema parlamentario, al menos hay que impedir su reducción a la inutilidad. Eso requiere una flexibilidad mayor en la gestión de la mayoría absoluta, neutralidad por parte de la presidencia del Congreso y que la oposición mejore los esfuerzos para explicarse. En el debate y en los argumentos es donde ha de juzgarse la calidad de las propuestas y la seriedad de los actores políticos. Tampoco es admisible la exigencia de una disciplina de hierro a los parlamentarios, que no son soldados de un ejército, sino representantes de los ciudadanos. Hay que ir a los fundamentos de la democracia, a la transparencia y la responsabilidad, con mecanismos inscritos en normas que no precisen de reformas grandilocuentes, sino de hacer de la rendición de cuentas el principio rector de la tarea representativa.

Muchos expertos diagnostican la necesidad de abordar una reforma constitucional de amplio calado, que abarque desde el modelo territorial del Estado a las vigas maestras del sistema electoral. Pero abordar esa tarea resulta inimaginable sin contener los estériles partidismos que caracterizan el día a día de la política. Tampoco ayuda en nada que una institución tan sensible como el Tribunal Constitucional avale casi sin pestañear la falta de neutralidad política de su presidente.

El deterioro de la confianza de los ciudadanos en el sistema político es grave, como ponen de relieve múltiples encuestas, y puede ser irreversible si el Parlamento —del que emanan la mayoría de las instituciones del Estado— persiste en no saber ganarse el respeto.