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TRIBUNA

Cataluña ¿un nuevo Estado en Europa?

Se confunde a la opinión pública con alternativas que se saben imposibles

Hay muchas maneras de manipular la opinión pública a favor de intereses políticos. Una de las más comunes es emitir mensajes simples, que sean fácilmente aceptados por los ciudadanos, aunque oculten o eludan aspectos esenciales de la cuestión planteada que podrían modificar radicalmente su sustancia o sus efectos.

Esto es lo que puede estar pasando con el lema más usado en sus manifestaciones por los independentistas catalanes: “Cataluña, un nuevo Estado en Europa”. Como nadie puede negarle a Cataluña su ubicación en el continente europeo, sea independiente o no, es evidente que el lema no se refiere a la geografía, sino que con el término “Europa” se quiere aludir a su estructura política: la Unión Europea (UE).

No explican los soberanistas cómo se produciría la transición entre la integración en España y la creación de un Estado propio en el seno de la UE. Siempre que se ha planteado que la independencia supondría la salida de Cataluña de la Unión, han eludido el debate arguyendo que hay diferentes interpretaciones, que no hay una postura oficial comunitaria, y que el sentido común indica que Cataluña no podría en ningún caso ser excluida de la familia comunitaria.

Es ese mismo sentido común, sin embargo, el que debería llevar a los nacionalistas a reconocer que la UE se rige por unos instrumentos jurídicos, encabezados por los tratados, que son los que regulan su estructura y su funcionamiento, y que nada puede ser hecho —ni va a ser hecho— en contradicción con su contenido.

Bruselas no aceptaría una declaración unilateral de independencia

Los tratados indican que una declaración unilateral de independencia nunca sería aceptada por la UE. El artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) dice: “La Unión respetará… las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial…”. Esta formulación excluye que una región separada de uno de los Estados miembros, sin respetar sus procedimientos constitucionales, pudiera ser reconocida por la Unión.

Pero incluso en el caso en que la separación se hiciera de acuerdo con las disposiciones constitucionales y la aquiescencia del estado matriz, el nuevo Estado surgido de la escisión no podría permanecer automáticamente en la Unión, ya que la inclusión de un nuevo miembro, provenga de donde provenga, requiere modificaciones en los tratados que solo pueden sustanciarse mediante los mecanismos establecidos. El artículo 52.1 del TUE, por ejemplo, contiene una relación nominal de los Estados a los que se aplican los tratados, que son los que forman la Unión. Solamente para incluir a Cataluña en la relación, sería evidentemente necesario modificar este artículo, lo que requiere la aprobación por unanimidad en el Consejo Europeo, y la correspondiente ratificación por cada uno de los Estados miembros, procedimiento por el cual se ha incluido a Croacia, y que deberá seguir cualquier otro Estado —nuevo o viejo— que quiera sumarse a los 28 actuales.

Se ha pretendido argüir que los catalanes ya son ciudadanos europeos y no se les podría privar de esa ciudadanía, pero esa interpretación es difícilmente sostenible. El artículo 9 del TUE dice: “…Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla”. Es decir, se es ciudadano de la UE porque se es ciudadano de un Estado miembro —en este caso España— y, en sentido contrario, la pérdida de esa condición implica simultáneamente la pérdida de la ciudadanía europea, que es consecuencia de aquella.

La Comisión Europea, ante una pregunta de la europarlamentaria laborista británica Eluned Morgan, dictaminó en marzo de 2004, que “cuando una parte del territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado, por ejemplo porque se convierte en un Estado independiente, los tratados dejarán de aplicarse a este Estado. En otras palabras, una nueva región independiente, por el hecho de su independencia, se convertirá en un tercer Estado en relación a la Unión y, desde el día de su independencia, los tratados ya no serán de aplicación en su territorio”. Este dictamen fue reiterado por el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, en noviembre de 2012, y por la portavoz Pia Ahrenkilde y el comisario Joaquín Almunia el pasado día 16.

Se es ciudadano de la UE porque se es ciudadano de un Estado miembro

En cuanto a un posible reingreso, no existe otro camino que el descrito en el artículo 49 para cualquier ampliación, es decir, mediante un tratado de adhesión específico, y si hubiera otra vía en el futuro tendría que ser previamente aprobada también por unanimidad de los miembros actuales. En el Consejo Europeo, donde debería ser aceptado el hipotético reingreso de Cataluña, todos los Estados miembros tendrían derecho de veto. Por tanto, ese reingreso solo sería posible con el acuerdo de Madrid, aunque ni siquiera ese acuerdo garantizaría que no fuera vetado —o pospuesto— por cualquier otro Estado miembro

Nada sólido se ha construido nunca sobre bases falsas. Las posibilidades de que una Cataluña independiente se convirtiera en un Estado miembro de la UE, de forma automática, son nulas. No es un asunto en el que quepan diversas interpretaciones, o para el que no haya una posición clara de la UE. Los tratados establecen de manera inequívoca las condiciones de acceso de cualquier nuevo miembro, incluyendo la unanimidad en el Consejo Europeo. Ocultar a los ciudadanos catalanes esta realidad —y sus consecuencias económicas— es engañarlos y puede llevar a falsear una consulta democrática, mientras se invoca la democracia para demandar su celebración.

El asunto es demasiado grave como para no ser honrados. Quizá algunos nacionalistas —los más radicales— prefieran una Cataluña independiente, aunque quede fuera de la UE y su reingreso sea imposible sin el consentimiento de España. Es posible que otros —más moderados— no busquen la independencia completa, sino un reconocimiento de soberanía que les facilite negociar con Madrid un estatuto muy ventajoso sin llegar a una ruptura formal, lo que les permitiría seguir en la UE como parte de España. Ambas posiciones políticas son respetables si se asumen abiertamente, aunque requieren una modificación de la Constitución.

Lo que no es respetable es confundir a la opinión pública presentando alternativas que se saben imposibles. Hay que decir a los catalanes lo que verdaderamente se quiere y cuáles serán las consecuencias de la decisión que se tome. Lo contrario es una manipulación que ni los catalanes —que la han de sufrir— ni el resto de los españoles merecemos.

José Enrique de Ayala es miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas.

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