Pensiones y consensos

El Gobierno se dispone a aplicar durante el próximo año la reforma de las pensiones. Asumiendo esencialmente las líneas del estudio que encargó a un grupo de expertos, dos elementos parecen suavizar los efectos más adversos de aquella propuesta. Aunque se elimina la garantía de recuperación del poder adquisitivo de las pensiones (su automática actualización en función del IPC), se establece un suelo, de tal forma que en el peor de los casos esa revisión será del 0,25%. También se fija un techo máximo de revisión al alza, equivalente al IPC más el 0,25%. El segundo elemento es la actitud negociadora del Gobierno antes de enviar a las Cortes ese proyecto. Ambas iniciativas son bienvenidas, aunque ese mínimo garantizado de indexación es poco menos que testimonial, y expresa sobre todo la voluntad de no convertir esta iniciativa de reforma en uno de los centros conflictivos del nuevo curso.

Es un hecho que en ausencia de reformas el sistema público de pensiones es vulnerable. En primer lugar, por la propia evolución demográfica española. Pero, no menos importante, por los severos efectos de la crisis. No solo por la merma ya sufrida en los ingresos de la Seguridad Social, sino por las consecuencias que la muy débil recuperación implica. En ausencia de creación de empleo a un ritmo suficiente como para elevar la cobertura de las cotizaciones de los que trabajan, el sistema entraría en serias dificultades. Por eso ha hecho bien el Gobierno en atender la urgencia de la reforma sugerida por las instituciones europeas.

Una de las piezas esenciales de esa reforma, la introducción del factor de sostenibilidad, procura adaptar la cuantía de las prestaciones a los recursos del sistema. Es lo que justifica esa variabilidad en la revisión de la pensión, y que depende igualmente de la esperanza de vida de los pensionistas. Una muestra de la flexibilidad que ahora exhibe el Gobierno es su disposición a demorar la aplicación de ese factor, incluso hasta la próxima legislatura, en lugar de hacerlo el año próximo como recomendaban los expertos.

Abrir el diálogo es razonable, pero sin empeñar la viabilidad del sistema público de pensiones. La evolución de los ingresos y gastos es ahí la variable más sensible. Y es preferible garantizar su completa suficiencia, aun cuando eso pueda exigir no solo ampliar la edad de jubilación sino prescindir de la tradicional revisión inflacionista para las pensiones más elevadas.