El curso de la política

Mañana se reincorpora el presidente Rajoy, y el viernes 30 se reúne el Consejo de Ministros. El curso político se inicia en un clima económico algo más esperanzador que el anterior, pero en una atmósfera política muy turbia, sobre todo por el efecto perturbador del caso Bárcenas. Evitar que la inestabilidad política dé al traste con los indicios de recuperación es un objetivo que seguramente comparte la mayoría de los españoles, incluidos muchos ciudadanos ajenos al partido del Gobierno. El martes 27 se reúne la Diputación Permanente del Congreso para decidir sobre varias propuestas pendientes, la más llamativa de las cuales es una del PSOE pidiendo un pleno extraordinario y urgente en el que el presidente del Gobierno se someta a una interpelación sobre las responsabilidades derivadas de las “falsedades vertidas en su comparecencia” del 1 de agosto; de esa interpelación derivaría una moción de reprobación que se sometería a votación.

Esta iniciativa, planteada tras la declaración ante el juez de la secretaria general, Dolores de Cospedal, forma parte de la batería de medidas orientadas a forzar la dimisión de Rajoy planteadas por los socialistas en las últimas semanas. Iniciativas entre las que figuró la posibilidad, luego abandonada, de una reforma constitucional para establecer un mecanismo similar al impeachment norteamericano que permite el procesamiento por las Cámaras de un presidente que haya mentido al Parlamento.

La comparecencia de Rajoy en el Congreso para hablar del caso Bárcenas solo convenció a los suyos. La oposición, además, afirma que mintió. Es cierto que en un proceso judicial la carga de la prueba recae sobre quien acusa. Pero si se trata de dilucidar responsabilidades políticas, lo mínimo exigible en el caso Bárcenas es una explicación lógica alternativa a la que de manera obvia se deduce de los datos conocidos: donaciones anónimas ilegales que en algunos casos tenían como contrapartida concesiones administrativas muy ventajosas; y el reparto de una parte de ese dinero entre dirigentes del PP. Rajoy no ha admitido nada, limitándose a reconocer que se equivocó al confiar en Bárcenas. Sobre la negociación de las fabulosas condiciones del finiquito pactado con el extesorero, tampoco ha dado una explicación que despeje la interpretación de que se trataba de evitar que hablara; que es también lo que transmitían sus mensajes animándole a “resistir”. Por tanto, sí hay indicios de que, como mínimo, trataba de ocultar la verdad.

La respuesta a este tipo de situaciones es la exigencia de responsabilidades políticas que se sustancia en la dimisión voluntaria o, si se trata del presidente del Gobierno, en la moción de censura. Pero Rajoy ya ha dicho que se siente legitimado por su mayoría absoluta y que no piensa dimitir. Esa mayoría impediría que prosperase la censura, que de todas formas sería difícilmente planteable porque requiere un candidato que la heterogénea oposición no está en condiciones de presentar. La situación recuerda a la vivida en el periodo 1993-1996, marcada por el “váyase, señor González”, que buscaba el cambio de Gobierno por derribo, no por las urnas. De entonces viene el abuso de la exigencia de responsabilidades en un clima de confusión que, por ejemplo, llevó a dimitir a un ministro de Sanidad, García Valverde, por una compraventa de terrenos cuando presidía Renfe.

Independientemente de lo que resuelvan los tribunales, Rajoy está obligado a rendir cuentas: ante el PP, en lo que es interno, y ante el país, en lo público. Hasta ahora no lo ha hecho. Tal vez la necesidad que tiene el presidente de compensar con medidas hacia el futuro su irresponsabilidad pasada permita un acuerdo de reforma de la financiación de partidos que acabe con esa fuente de corrupción que son las donaciones anónimas.