Una reforma que penaliza el ahorro energético

El pasado 3 de agosto de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden IET/1491/2013 por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para su aplicación a partir de agosto de 2013 que forma parte de la reforma eléctrica abordada en el Real Decreto-Ley 9/2013, del 12 de julio de 2013. 

Para entender en qué consiste la revisión de los peajes de acceso de energía eléctrica, cabe destacar que las facturas del mercado libre se componen principalmente de dos términos: el fijo (término de potencia) que depende de la potencia que tenemos contratada y el variable (término de energía) que depende del consumo energético. El Gobierno determina el término fijo y parte del variable (la otra parte depende de los precios del mercado). En esta orden se ha aumentado considerablemente el término de potencia y reducido la parte regulada del de energía. Para el caso, por ejemplo, de un pequeño comercio o un hotel que tenga una tarifa contratada 3.0 A, el término fijo de su factura sube un 151% con respecto a la situación actual (RD 221/2013) mientras la parte variable se reduce en un 73%.

Para valorar el impacto en el coste final de la factura eléctrica anual, hemos planteado un ejemplo muy sencillo de viviendas con una misma tarifa 2.0 A y potencia contratada (5kW) pero cuyos hábitos de consumo son distintos. El coste eléctrico anual de una vivienda que consume la mitad que la media española (es decir unos 2.000 kWh) se incrementará en un 11%. Para aquellas segundas viviendas que consuman una décima parte que la media, este aumento de coste es del 53%. No obstante, para aquella familia que consuma el doble que la media su factura eléctrica anual se reducirá casi en un 30%.

En vez de premiar a aquellos que han adoptado medidas de ahorro y eficiencia para reducir el consumo, se les está penalizando

Estos datos parecen indicar que las revisiones perjudican a aquellos consumidores cuyos consumos energéticos son reducidos. Por tanto, en vez de premiar a aquellos que “han hecho los deberes” y han adoptado medidas de ahorro y eficiencia energética para reducir el consumo energético, se les está penalizando. Si el Gobierno necesita disminuir el déficit y aumentar los peajes, en vez de subir tanto el término fijo, debería si acaso, castigar a los grandes consumidores o “derrochadores” de energía que están contaminando más y evitando que España cumpla con sus objetivos medioambientales.

Además, hemos calculado el impacto que tienen en la rentabilidad económica de distintas propuestas de ahorro energético antes y después de la nueva orden. En el caso de cambio de tubos fluorescentes (T8) a otros más eficiente (T5) con balasto electrónico para una pequeña oficina, cuyo coste estimado de inversión es de 29.600 euros y ahorro energético anual estimado de 78.400 kWh, el ahorro económico anual pasa de 9.800 euros a 7.300. Esto supone un incremento en el tiempo de amortización de un 35%.

Para aquella gran industria que fuese a instalar un variador de frecuencia en una de las bombas, por ejemplo, el potencial de ahorro económico se reduce en un 18%, provocando un aumento en el periodo de retorno de 6,7 a 8,2 años.

Tal y como reflejan estos cálculos, la variación de los peajes, no fomenta el ahorro de energía, sino todo lo contrario.

A la hora de legislar en materia energética no debería valorarse únicamente la repercusión económica, sino también la medioambiental y social. España, como el resto de los socios europeos, acordó en la cumbre europea de marzo de 2007 cumplir tres objetivos medioambientales para el año 2020: reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, mejorar en un 20% la eficiencia energética y alcanzar el 20% de energía primaria de origen renovable.

Los daños económicos y sociales inmediatos al sector de las renovables y la eficiencia energética son evidentes

Los daños económicos y sociales inmediatos al sector de las renovables y la eficiencia energética son evidentes. Aquellas empresas que hayan desarrollado tecnologías innovadoras más eficientes, a partir de ahora con esta falta de incentivos para el consumidor energético, serán menos demandadas y se verán afectadas.

Desafortunadamente, las consecuencias que no se podrán reparar serán las medioambientales provocadas por cada unidad de energía que se decida seguir consumiendo y, cuyas correspondientes emisiones de CO2 perdurarán aunque dentro de un tiempo se reconozca que la revisión de peajes no era adecuada y se modifique.

Es muy importante seguir luchando para reducir la intensidad energética en España (misma producción, pero con menos consumo energético), país que hoy día importa casi el 80% de la energía primaria que consume. Para conseguirlo es indispensable que todos los involucrados se planteen el mismo objetivo.

Por último, cabe mencionar que el sector de las energías renovables también se ve afectado por esta orden y, sobre todo, por el borrador del decreto de regulación del autoconsumo del 18 de julio. En él se establecen los llamados “peajes de respaldo” que en vez de “respaldar” el uso de energías limpias les da totalmente la espalda, provocando, por ejemplo, que se duplique el periodo de amortización de las instalaciones solares fotovoltaicas (hasta ahora de unos siete años para ciertas tarifas contratadas).

Francisco Azara Ballester es ingeniero industrial, socio director de la empresa Azigrene Consultores, y Lydia Gómez González es ingeniera Industrial y responsable del departamento de eficiencia energética de la empresa Azigrene Consultores.