Hagan política, señores

Cataluña vive una situación política compleja que exige encontrar una salida si no se quiere entrar en una espiral negativa. El Gobierno español asfixia al catalán pero sin ahogarle por completo, con una sibilina administración de los recursos que le transfiere. El Gobierno catalán, financieramente exhausto, pierde capacidad política, hasta el punto de que a estas alturas todavía no tiene presupuesto para 2013. En estas circunstancias el Consejo Asesor para la Transición Nacional ha entregado el informe que le encargó el presidente Mas. Un documento de 200 folios titulado La consulta sobre el futuro político de Cataluña.

El informe explica los mecanismos existentes para realizar el referéndum del derecho a decidir dentro de la legalidad vigente. Y señala las vías legítimas democráticamente que Cataluña podría emprender, ya fuera de la legislación española, en el caso de que el Gobierno bloqueara las vías legales. Naturalmente, estamos hablando de la declaración unilateral de independencia. Los asesores apuestan por la vía negociadora y alertan de los riesgos de tensar las relaciones. España podría suspender la autonomía e incluso emprender acciones penales contra sus dirigentes. Al mismo tiempo, señalan el peligro de prolongar artificialmente el proceso y aconsejan que la consulta se haga en una fecha sin significado político (en alusión a evitar el 11 de septiembre), pero antes del referéndum de Escocia, por tanto, en 2014. También se pronuncian por una pregunta simple y clara, que solo admita las respuestas sí o no.

Desde septiembre pasado la independencia catalana es ya una cuestión política ineludible. Sin embargo, el Gobierno de España todavía no ha hecho una sola propuesta política concreta a los catalanes. Se ha limitado a decir que el referéndum es imposible, que lo prohíbe la ley, que está fuera de la Constitución y que corresponde a los tribunales sancionar cuanto ocurra en este proceso. Cargar a los jueces con problemas que corresponden a los gobernantes es siempre un grave error que solo puede tener consecuencias negativas para la democracia y para la convivencia. Si la justicia no lo resuelve, ¿qué pasa entonces? ¿Los tanques? El proyecto independentista, con una base social amplia en Cataluña, es un problema político y es una insensatez tratarlo de otra manera.

Si la justicia no lo resuelve, ¿Qué pasa entonces? ¿Los tanques?

Encontrarle una salida razonada y negociada solo es posible si las dos partes renuncian a resolverlo unilateralmente. El Gobierno español ha de dejar de utilizar la legalidad como arma arrojadiza y de amenazar a Cataluña con las penas eternas del infierno. Y el Gobierno catalán ha de renunciar a la declaración unilateral de independencia. De hecho, Artur Mas ha dicho que no es su intención llegar a este extremo. Si unos aceptan no parapetarse detrás de la fuerza de la ley y los otros no romper unilateralmente, el punto de encuentro solo puede ser que la ciudadanía exprese su voluntad. Tarde o temprano hay que llegar a la consulta. Y, en función del resultado, negociar una forma de relación mejorada si la independencia no obtiene una mayoría suficiente; una salida pactada si el resultado es inequívoco a favor de la independencia en términos reconocibles internacionalmente. Esta es la vía del reconocimiento mutuo y del respeto. Lo demás es la cultura del “solar es nuestro”, de los que se sienten propietarios de toda España, y se sienten legitimados a mantener a una comunidad unida por la fuerza; o es la construcción del enfrenamiento para la ruptura, difícilmente viable en una sociedad como la catalana poco dada a arriesgarse.

Hablar, negociar, votar. Es la lección que Cameron le dio a Rajoy. Pero el presidente ni habla, ni negocia, ni tiene intención de dejar votar. Y, sin embargo, los efectos de instalarse permanentemente en el “no pasa nada”, a la espera de que el soberanismo se agote, pueden ser demoledores. Estamos ante un problema de reconocimiento. Y cada día que pasa hay más ciudadanos catalanes que se sienten ninguneados. Puede que en Madrid se confíe en la impotencia de Cataluña para forzar las cosas y se piense que cualquier golpe legal será mortal para el soberanismo como pasó con el proyecto Ibarretxe. Pero la estrategia de no darse por enterado solo hará aumentar el resentimiento. Es legítimo que muchos catalanes se pregunten: ¿si el Gobierno español es incapaz de hacernos una sola propuesta en positivo, porque se empeña en cortar nuestros propios caminos? En Cataluña hay el convencimiento de que España no aceptará nunca una ruta pactada, democrática y racional. De modo que solo quedarían dos escenarios posibles: la frustración o la confrontación. Dos fracasos que los gobernantes deberían evitar. Para ello, el Gobierno español ha de dar respuesta política a un problema político y dejar a los tribunales en paz.