Contra las fugas fiscales

El G-20, como otros organismos multilaterales, suele enfrentarse a los problemas económicos cuando ya han adquirido una dimensión que los hace difícilmente ocultables y manejables. El grupo se ha dado cuenta de que existe un grave estrangulamiento fiscal en todo el mundo, provocado por la capacidad que tienen las multinacionales para desplazar sus beneficios a los países con menor carga fiscal para pagar allí sus impuestos. Las grandes compañías disponen de una compleja red de asesores fiscales que diseñan estrategias tributarias a la carta para jibarizar su carga tributaria. Pues bien, el grupo, inspirado por la OCDE, quiere combatir este escamoteo planetario de bases imponibles con un plan de 15 puntos, vigente durante los próximos dos años, que se está analizando en la reunión de Moscú.

La equidad fiscal exige que sociedades con beneficios no paguen entre el 0% y el 5% de impuestos cuando los asalariados, en función de sus ingresos, están obligados a pagar como media en todo el mundo entre el 30% y el 60%. Y no es que la ingeniería fiscal de las multinacionales o empresas estratégicas de cabecera sea ilegal —es estrictamente legal—, sino que deben taparse los resquicios entre las legislaciones nacionales y las internacionales a través de los cuales se evade el pago de tributos. La ingeniería fiscal no es condenable per se, pero los coladeros tributarios, que equivalen a fabricarse paraísos fiscales a voluntad, mediante el traslado de beneficios, son una práctica abusiva.

La vía lógica para evitar la huida de tributos es la unificación o aproximación de las normas nacionales, de forma que desaparezcan los puntos de fuga, y la sustitución del entramado jurídico actual que evita la doble imposición de las multinacionales en todo el mundo —más de 4.000 convenios vigentes— por otro más racional en el que, por supuesto, se evite la doble imposición pero, al mismo tiempo, se garantice que las sociedades transnacionales pagan al fisco lo que les corresponde. Esta es una tarea titánica, más fácil de enunciar que de realizar, en la que deben implicarse los Estados con más ahínco que el que han mostrado hasta el momento. No hay más que comprobar la complacencia de España al aceptar la desgravación del Fondo de Comercio de las compañías en contra de la doctrina europea.

La iniciativa del G-20 es saludable y mejorará la equidad fiscal en todo el mundo. Como poco evitará casos sangrantes y, si cristaliza debidamente, puede convertirse en un fermento homogeneizador de la fiscalidad global. Conviene recordar que hay otra semilla de desigualdad impositiva, esta vez de orden nacional: la persistencia de cuantiosos beneficios fiscales concedidos a las empresas a través de numerosas exenciones en el impuesto de sociedades. Exenciones que en su día se concedieron por causa de política económica (crear empleo, por ejemplo) pero que ya han perdido su eficacia y su razón de ser. Hacienda también debería revisar a fondo la onerosa factura de los gastos fiscales.