Chantaje al Estado

El Gobierno, que ha usado varias veces su mayoría absoluta para bloquear las explicaciones debidas por el caso Bárcenas, se encuentra cada vez más enmarañado en los escándalos sobre la financiación del partido en el poder y conminado a explicarse tras el giro estratégico de su antiguo gerente y tesorero. Ese cambio certifica el fracaso de la táctica seguida por el PP, tratando de negar toda responsabilidad o residenciarla exclusivamente en Bárcenas, y evidencia el chantaje planteado por una persona que parece buscar el disfrute de la libertad y del dinero que ha situado fuera del alcance del fisco, a costa del Estado de derecho.

La impotencia de los poderes estatales es consecuencia de las extrañas actuaciones seguidas. El multimillonario Bárcenas ha gozado de libertad no solo desde su primera imputación, cuatro años atrás, sino hasta cinco meses después de descubiertas las primeras certezas sobre su fortuna en Suiza y publicados sus apuntes de la contabilidad B del PP. Este partido despreció la importancia de los papeles de Bárcenas reproducidos por EL PAÍS a partir del 31 de enero, alegando que se trataba de “fotocopias de fotocopias”. La teoría de la manipulación queda desmontada definitivamente con la entrega a El Mundo de un par de páginas originales, inocuas a efectos judiciales —la fiscalía y la justicia conocen de sobra la veracidad de esas dos páginas y todas las demás del cuaderno de Bárcenas—, pero en clara advertencia de que 28 años de trabajo para el PP le permiten llevar el desafío mucho más lejos.

La fiscalía y el juez del caso han actuado lo justo para mantener viva la instrucción, pero han tardado demasiado en tomar medidas contundentes. Es cierto que se han enviado comisiones rogatorias a numerosos países y que esos trámites son lentos. Pero resulta sorprendente que no se hayan producido registros en el domicilio del presunto delincuente ni en los locales del partido, y que tampoco se haya investigado qué fue de las cajas de documentos que el propio Bárcenas presumió de haber sacado de la sede central del PP antes de marcharse.

Hasta que entró en prisión, el 27 de junio, el extesorero no sufrió más medidas cautelares que condicionar sus salidas de España a la obtención de permiso judicial (para acallar el escándalo provocado por sus continuos viajes) y la obligación de presentarse periódicamente a las autoridades. Bárcenas probablemente esperaba que el Gobierno le sacara del atolladero judicial y por eso se prestó inicialmente a negar la realidad de la contabilidad B publicada por este periódico, dando cobertura así a la dirección de su antiguo partido para negarlo todo y hacerse la ofendida. Pero su encarcelamiento y la exigencia de 42 millones de euros como fianza civil le han hecho cambiar de actitud.

Más allá de lo que llegue a probarse judicialmente, ahora queda la palabra de Bárcenas contra la del presidente del Gobierno, quien negó personalmente, el 2 de febrero, haber recibido ni repartido dinero negro. Está cuestionada la legalidad de la financiación del PP y planteada la posible violación de la ley de incompatibilidades por parte de miembros del Gobierno de Aznar, si efectivamente cobraron sobresueldos al tiempo que ejercían de ministros. Puede quedar en ridículo el discurso del PP a favor del recorte general de retribuciones a los políticos y hay todo un capítulo de posibles sobornos pendiente de aclaración.

El partido gobernante se ha negado a dar explicaciones de las pruebas e indicios de ilegalidades. Pero la oposición política quiere saber si Rajoy y sus colaboradores cobraron sobresueldos y si el presidente mintió al negarlo. Y la sociedad, harta de la corrupción política, necesita y exige saber la verdad de una vez.