El mejor camino

La decisión del juez Fernando Andreu de admitir a trámite, como pieza separada de la causa sobre Bankia, la querella de UPyD para investigar a fondo el diseño, implantación, emisión, comercialización y gestión de las preferentes constituye un paso jurídico decisivo en el intento de dar respuesta justa a un escándalo financiero de gran envergadura en el que están implicadas varias entidades financieras, en especial Caja Madrid, su prolongación Bankia y Bancaja. Era conveniente poner en marcha un arbitraje para recuperar todo o parte de los capitales invertidos por más de 300.000 inversores en función del grado de engaño sufrido que pueda demostrar y esto ya se hizo. Pero era imprescindible asegurar que se investigarían posibles delitos en la venta de estos productos financieros endemoniados, vendidos a pequeños accionistas como si fueran simples depósitos, para garantizar que tales delitos no quedarían impunes. Y esta es la garantía que acaba de ofrecer el juez Andreu.

Es probable, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, que el trámite judicial más rápido sea la acción civil; pero advierte el juez con buen criterio que además hay que evitar la impunidad. No bastan acuerdos judiciales, pagos y arbitrajes para compensar la angustia de miles de familias que han visto mermados o casi perdidos sus ahorros debido a la acción punible de entidades financieras que mintieron sobre la naturaleza de los productos que ofrecían. Cerrar correctamente el caso de las preferentes obliga a sustanciar las responsabilidades penales en las que hayan podido incurrir los gestores de las cajas. No había otro camino, ni judicial ni político.

Así pues, el auto es una buena oportunidad para aplicar justicia en este escándalo. El cuadro de los presuntos delitos que investigará el juez da cuenta cumplida de la gravedad del caso: estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar los precios: los indicios que aparecen en el auto de forma suficientemente clara como para respaldar la querella y la investigación.

Ahora bien, un proceso penal como el que ahora se abre es costoso en términos de tiempo y paciencia. La justicia puede alegar garantismo pero no celeridad. Se adivina una investigación larga y conflictiva. El juez ha descartado llamar al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura. Pero es evidente que, además de determinar si la conducta de las cajas implicadas estuvo orientada a engañar a los inversores, el proceso tiene que decidir si la conducta de ambas instituciones fue la correcta, en función de sus atribuciones, o si no se publicitaron bastante las advertencias sobre el carácter complejo de las preferentes y su inadecuación para pequeñas inversiones muy conservadoras. No basta con aplicar la ley; a veces, y este puede ser el caso, es necesario intervenir con el fin de que no se produzcan daños irreparables.