Juventud condenada

El paro juvenil es el problema más grave que tiene España. Amenaza con convertirse en un obstáculo insalvable para el crecimiento económico y condena a una generación de licenciados y profesionales a un presente y un futuro sin empleo. Las estadísticas suponen una declaración de emergencia. La tasa de desempleo juvenil alcanza en España el 57%; hay más de tres millones de jóvenes (hasta 34 años) que quieren trabajar y no pueden. El desempleo juvenil es un fenómeno nuevo, que afecta sobre todo al sur de Europa. Francia y Alemania, con la colaboración de España, han puesto en marcha un plan contra el paro juvenil, apoyado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), para el que se espera movilizar 60.000 millones de euros en créditos blandos hasta 2020. La iniciativa se hará pública el próximo 28 de mayo en una jornada titulada Europa: próximos pasos.

Las causas del paro juvenil son, en principio, similares a las del paro global. La recesión destruye el empleo bien porque las empresas no esperan suficiente demanda, bien porque no disponen de capital suficiente para ampliar sus instalaciones en caso de que encuentren demanda en el exterior. Pero a las causas keynesianas y clásicas del paro se une en el caso de España otro problema de más difícil solución. Se trata de la dualidad del mercado de trabajo, dividido en trabajadores instalados que disponen de derechos en contrato y trabajadores que no disponen de tales derechos. La recesión continuada ha expulsado del mercado en primer lugar a los trabajadores con contratos temporales, casi todos jóvenes; y la persistencia de esa recesión bloquea la integración de toda una generación en el circuito de la Seguridad Social. Se trata, pues, de profesionales desplazados, que recurren a la emigración como solución desesperada.

Los tratamientos contra el desempleo, en especial el paro juvenil, deben ser drásticos y persistentes. Las políticas de estímulo a la contratación deben existir si es posible financiarlas, como es el caso de la iniciativa respaldada por el BEI. Pero además es imprescindible acabar con la dualidad del mercado de trabajo. Resulta decepcionante el rechazo político, empresarial y sindical a la propuesta del comisario europeo de Empleo, Lázsló Andor, de crear un contrato único.

El contrato único para las nuevas incorporaciones acabaría con la estrambótica maraña de tipos de contratación y eliminaría la discriminación que sufren los jóvenes. Es una fórmula respetable y resulta pueril rechazarla de un plumazo porque no entra “en la doctrina constitucional”. Si esa fuera la verdadera razón del rechazo (la Constitución establece que el despido debe ser causal) bastaría con imponer dos escalas de indemnización, una para despidos improcedentes y otra para los procedentes. Mantener la dualidad laboral es un grave error; y otro más grave es descartar uno de los pocos remedios que existen, sin un examen exhaustivo de sus ventajas e inconvenientes.